El movimiento de tierra se hizo a pocos metros de la ruta nacional 168.
El juez federal N°1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, declaró la incompetencia material para investigar una denuncia radicada por una Asociación Civil local que apuntó a los daños ambientales ocasionados por el movimiento ilegal de tierras que se llevaron a cabo en febrero de este año en la zona del Riacho Santa Fe, a pocos metros de la ruta nacional 168.
El magistrado federal ordenó además que la demanda presentada, que denuncia daño ambiental y usurpación, sea remitida al Ministerio Público de la Acusación para que un fiscal del organismo provincial determine si abre una investigación o archiva la denuncia.
La declaración de incompetencia se ampara en que el Riacho Santa Fe no es un río navegable en los términos que establece la Subsecretaría de Puertos Vías Navegables y Marina Mercante, del Ministerio de Transporte de la Nación por lo que, consideró Rodríguez, “de modo alguno puede atribuirse la competencia federal”.
El juez también contempló lo que dictaminó el fiscal Gustavo Onel, que en su pedido de incompetencia, señaló que en la Justicia provincial ya existe otra investigación por el movimiento ilegal de suelo. Se trata de una pesquisa que está a cargo del fiscal Estanislao Giaveoni y que intervino de oficio días después de que la situación del terreno salga a la luz.
La denuncia en cuestión, fue presentada por los abogados Romina D´amico y Guillermo Munné en representación de la Asociación Civil “Caracol”. Ambos pidieron que se investigue el presunto daño ambiental ocurrido tras el removimiento de tierras en el terreno ubicado en inmediaciones del puente “Héroes de Malvinas”, del lado opuesto al Yacht Club.
En ese terreno, según consta en la denuncia, se llevó a cabo el enclave de una defensa en altura, en un área de 400 metros de largo, con más 30 metros de ancho y 4 metros de profundidad. Dichos trabajos, se habrían realizado en su mayoría en horarios diurnos como nocturnos, los cual evidenció la ilegalidad de las actuaciones.
Por el caso, debieron intervenir funcionarios del ámbito municipal y provincial -de áreas hídricas- que ordenaron concluir los trabajos ya que el movimiento de suelo incumplía la ordenanza 11.017 (que regula los estudios de impacto ambiental) y la 12.261 (modifica uno de los artículos del Reglamento de Ordenamiento Urbano para definir zonas de seguridad hídrica y reservorios).
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Además, como los trabajos nunca estuvieron autorizados, desde el Estado provincial consideraron que se infringieron la ley provincial 11.717 (la que establece las normas de ambiente y desarrollo sustentable), la que rige la gestión de las aguas superficiales y subterráneas (13.740) y la ley de impacto hídrico (11.730).
En cuanto a la investigación que conduce Giavedoni, fuentes judiciales indicaron a Aire Digital que quien figura como el titular del terreno fue identificado en la causa y existen elementos para formalizar una imputación en su contra en los próximos días.
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