Polémica en Funes: Vialidad intimó por una bajada "clandestina" a un empresario hotelero, que asegura que solo "tapó pozos"
El conflicto se originó en el kilómetro 307 de la Autopista Rosario - Córdoba, donde el dueño del complejo realizó reparaciones en la colectora y construyó un acceso directo al hotel. Mientras el organismo advierte por riesgos en la seguridad vial, el empresario asegura que solo intentó tapar baches ante el abandono del camino.
La ciudad de Funes es el escenario de una creciente disputa legal y administrativa entre Vialidad Nacional y el empresario hotelero Néstor Rozín. El conflicto estalló luego de que el organismo detectara intervenciones no autorizadas en la zona de camino, específicamente una bajada que conecta la autopista Rosario - Córdoba directamente con el ingreso al complejo hotelero.
Te podría interesar
En este contexto, Rozín explicó en diálogo con AIRE, en el programa Una Tarde A La Vez, que la decisión de intervenir en la zona surgió por el estado de transitabilidad de la colectora sur.
“Estábamos padeciendo el problema de la calle, del camino de tierra. El año pasado, antes de un par de eventos que teníamos de cantidad de gente y además por la importancia y relevamiento de la gente que venía, la situación no aguantaba más”, señaló el empresario, justificando el uso de maquinaria y materiales propios para realizar los arreglos.
"Lo reparamos y nos quisieron clausurar"
Según el relato del empresario, el reclamo por el estado de las vías se venía realizando ante Vialidad Nacional, la empresa contratista del peaje y la propia municipalidad, sin obtener respuestas satisfactorias. Ante esta situación, Rozín recurrió a personal que trabajaba en las cercanías y utilizó piedras traídas desde Córdoba para estabilizar el suelo.
“Lo que hicimos es incorporar las piedras para tapar los pozos, lo reparamos y nos quisieron clausurar”, detalló Rozín y afirmó: “Después nos dieron el consentimiento para continuar con la obra”, cuestionando que se lo intime por mejorar un sector que consideraba intransitable.
En la entrevista, el empresario agregó que había iniciado previamente los trámites correspondientes ante Vialidad Nacional para intervenir en la zona, aunque aseguró que el expediente se demoró por cuestiones administrativas. “Contraté un profesional para hacer las gestiones como corresponde con Vialidad Nacional, pero fue denegado”, explicó.
Rozín sostuvo además que la obra consistió únicamente en trabajos de estabilización y mejoramiento del suelo. “Son piedras compactadas como para poder deslizar el agua, que no haga erosión y que sí pueda evitar cualquier accidente porque ya era inaccesible”, afirmó.
El empresario remarcó que la situación era especialmente delicada por la circulación diaria en el lugar. “Teníamos un evento de cinco mil personas, 27 familias que viven ahí mismo, 50 empleados y proveedores que tenían que salir todos los días”, indicó.
También relató que la clausura inicial de la obra duró apenas algunas horas. “Mientras estábamos haciendo la obra viene Vialidad Nacional, nos clausura tres horas, se junta con el intendente y continuamos la obra que duró tres días”, explicó. Y cuestionó que la intimación formal haya llegado recién varios meses después: “Nueve meses después me mandan una carta documento donde me dicen que tengo que retrotraer la obra al estado en que se encontraba”.
Sin embargo, desde Vialidad Nacional la perspectiva es drásticamente opuesta. El organismo sostiene que las conexiones ejecutadas son "clandestinas" y representan un "grave riesgo para la seguridad vial".
De acuerdo con un comunicado oficial de Vialidad, estas subidas o bajadas irregulares carecen de señalización preventiva, carriles de aceleración o iluminación, lo que obliga a los conductores a maniobras imprevistas que podrían provocar siniestros viales. Además, remarcaron que existe una bajada oficial a solo mil metros del lugar, en el cruce con la Ruta Provincial 34.
Rozín, por su parte, insistió en que la responsabilidad por el mantenimiento del sector no puede recaer exclusivamente sobre él y apuntó también contra la concesionaria de la autopista. “Hay una empresa que cobra el peaje. Debería ser quien supervisa la autopista, tapa los agujeros y repara”, sostuvo.
El empresario además descartó dar marcha atrás con las mejoras realizadas y vinculó su postura a una experiencia personal atravesada por una tragedia vial. “No voy a volver atrás”, afirmó.
LEER MÁS ► Carteles y capacitación: cómo es la nueva ley santafesina para prevenir muertes por atragantamiento
El marco técnico y legal del conflicto
La polémica se apoya en una serie de documentos que establecen las obligaciones y límites del emprendimiento. Por un lado, la Ordenanza 1225/19 de la Municipalidad de Funes otorgó la prefactibilidad comercial al hotel, pero dejó en claro que el "impacto vial" y las mejoras necesarias para ordenar el tránsito quedarían a cargo del emprendedor.
Incluso, el artículo 13 de dicha norma especifica que el mantenimiento de la colectora y la estabilización de los accesos hasta la arteria pavimentada más próxima son responsabilidad del privado.
Por su parte, una nota de Vialidad Nacional enviada a Rozín indicó que, si bien no existían objeciones técnicas para la nivelación y colocación de material granular en la colectora, cualquier intervención con "paquete estructural" requería de un permiso fehaciente que aún se encuentra en trámite.
Actualmente, el organismo nacional reclama que el empresario informe detalladamente sobre los arreglos realizados y lo intimó a deshacer la bajada directa al hotel. La disputa también suma un capítulo por la colocación de un portón eléctrico cerca de un poste de luz de media tensión, otro punto que Vialidad exige regularizar.