Una niña de 12 años, oriunda de la localidad de Garibaldi, solicitó un aborto tras ser abusada en reiteradas oportunidades por su padre. El procedimiento se iba a concretar este lunes, pero la menor y su madre no asistieron. El fin de semana fueron contactadas por la asociación civil Grávida y desde ese momento se desconoce su paradero. El agresor fue detenido este martes por la mañana.
Las alarmas se encendieron en Santa Fe tras la desaparición de una niña de 12 años que pidió abortar tras ser abusada por su padre.
En diálogo con el programa Ahora Vengo, la abogada Sofía Gandur, integrante de la asociación MxM, cuestionó el accionar del Estado en el caso. "La asistencia estatal tiene que ser permanente. Si estamos hablando de personas en situaciones de vulnerabilidad, el Estado no puede conformarse con dar un turno y desentenderse de su salud y de su propia vida, porque el agresor podría haber vuelto. A esa niña había que resguardarla. El estado la ha vuelto a abandonar", expresó.
Además, la abogada hizo hincapié en que se rompió el secreto profesional al que tenia derecho la víctima. "Yo me pregunto cómo es posible que se filtre la información de que una niña había asistido a un hospital público a requerir la atención sanitaria que le corresponde por ley. Cómo se filtró eso a una institución privada que no tiene nada que ver con la prestación del servicio sanitario", agregó.
Por otra parte, la profesional aclaró que las falencias en la asistencia no pueden justificarse con la reciente sanción de la ley de aborto voluntario en 2021. "El acceso por causales es legal desde 1921. Esta niña tenía derecho a acceder antes de la ley de 2021. Estos procedimientos por causales (violación o que existe peligro de vida) deberían estar aceitados hace mucho tiempo", explicó.
Finalmente, Gadur recordó los procedimientos establecido por la ley 27.610 para interrumpir voluntariamente un embarazo. “La persona asiste a cualquier centro de salud público o privado, solicita la interrupción que es voluntaria. No se necesita invocar causales y solamente tiene como límite el tiempo. Simplemente firma un consentimiento informado y accede a la práctica. Tiene derecho a un trato digno, a la confidencialidad y al secreto profesional. Nada de lo que ella diga en esa consulta médica hacerse puede ser requerido puede ser requerido por ninguna autoridad policial, judicial o fiscal de cualquier tipo.En caso de que hubiera causado alguna causal el procedimiento es muy parecido. También firma un consentimiento informado, se evalúa la edad gestacional y se accede a la práctica de la misma manera. En este caso, todo lo que diga también esta resguardado por el secreto profesional y nadie puede requerir sus datos ni su historia clínica. Nada puede salir de la consulta médica”, concluyó.
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