Muerte de Julián Castillo: organizaciones exigen justicia y cambios en protocolos policiales
Organizaciones de derechos humanos se reunieron con el fiscal Hernández para reclamar avances en la causa y revisar protocolos en crisis de salud mental.
Representantes de organizaciones sociales, comunitarias y de derechos humanos mantuvieron una reunión en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) con el fiscal Ezequiel Hernández para conocer el estado de la investigación por la muerte de Julián Castillo.
Representantes de organizaciones sociales, comunitarias y de derechos humanos mantuvieron una reunión en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) con el fiscal Ezequiel Hernández para conocer el estado de la investigación por la muerte de Julián Castillo y reclamar modificaciones en los protocolos de intervención policial ante situaciones de salud mental y consumos problemáticos.
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El encuentro tuvo como eje la causa que investiga el fallecimiento de Castillo, ocurrido el 8 de marzo de 2023 mientras se encontraba bajo custodia de la Policía de Santa Fe, en medio de una crisis vinculada a problemas de salud mental derivados del consumo problemático de sustancias. Las organizaciones también plantearon la necesidad de reforzar la aplicación de los protocolos vigentes y garantizar que estos episodios sean abordados desde una perspectiva sanitaria y de derechos humanos.
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Durante la reunión, las entidades presentaron un documento en el que denunciaron las prácticas policiales aplicadas tanto el día de la muerte de Castillo como en un episodio previo ocurrido el 18 de octubre de 2022. Según sostuvieron, ambos hechos evidencian intervenciones incompatibles con lo establecido por la Ley Nacional de Salud Mental, que dispone que las crisis vinculadas a consumos problemáticos deben ser tratadas como situaciones de salud y no como hechos de seguridad.
Las organizaciones remarcaron que, en los últimos años, crecieron las situaciones de crisis relacionadas con consumos problemáticos en distintos barrios de la provincia, mientras que los dispositivos sanitarios y comunitarios resultan insuficientes para dar respuestas adecuadas. En ese contexto, cuestionaron que muchas de estas intervenciones continúen siendo protagonizadas por fuerzas de seguridad, sin la participación de equipos especializados en salud mental.
"Una muerte absolutamente evitable"
El abogado especializado en derechos humanos Guillermo Munné, quien participó del encuentro, sostuvo que las organizaciones expusieron ante el fiscal una problemática que observan de manera cotidiana en los territorios. "Las situaciones de salud mental vinculadas también a consumos problemáticos no son abordadas como temas de salud y son protagonizadas por la policía en tratos violentos y ataques que solo agravan y vulnerabilizan más a las personas", afirmó.
En ese sentido, consideró que la muerte de Julián Castillo fue "absolutamente evitable" y advirtió que una eventual falta de sanción judicial podría favorecer la continuidad de estas prácticas. "Si hay impunidad respecto a estos casos, dará un espaldarazo a la continuidad de prácticas que son ilegales y además son nocivas al punto de atentar contra la vida de las personas", señaló.
Reclamo por el avance de la investigación
Respecto del estado de la causa, Munné manifestó preocupación por la lentitud del expediente. Recordó que recién a principios de 2025 se produjo una imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público en relación con los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2023.
Sin embargo, indicó que aún no existen imputaciones por lo sucedido en octubre de 2022, episodio que las organizaciones consideran clave para comprender el desenlace posterior. "Tenemos un avance muy lento del legajo. Sobre los hechos de octubre de 2022 todavía no hay imputaciones ni avances significativos", señaló el abogado.
Además, insistió en que las fuerzas de seguridad tienen obligaciones específicas frente a personas con padecimientos de salud mental. "La policía no puede tratar estas situaciones como casos policiales. Su función es facilitar que la persona sea rápidamente atendida por agentes sanitarios", sostuvo.
El compromiso del MPA
Tras el encuentro, el fiscal Ezequiel Hernández valoró el aporte realizado por las organizaciones y destacó la importancia de visibilizar los delitos cometidos mediante violencia institucional, especialmente cuando las víctimas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
Según informó el propio MPA, durante la reunión se compartieron diagnósticos sobre la situación actual de la violencia institucional en Santa Fe y se analizó el estado de la investigación por la muerte de Castillo.
Hernández consideró "sumamente valioso" el trabajo de las organizaciones para denunciar este tipo de hechos y renovó su compromiso con la investigación y sanción de los delitos cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad.
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Mientras tanto, las entidades insistieron en que el caso debe marcar un precedente para garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa sobre salud mental y derechos humanos. "Las calles y los barrios necesitan más acompañamiento, más salud pública y erradicar por completo la violencia institucional", concluyeron en el documento entregado al fiscal.