La nueva Ley de Salud Mental divide opiniones: "El problema no es la norma, sino su implementación"
En diálogo con AIRE, el psicólogo y comunicador en salud mental Matías Cadaveira planteó que el principal problema no radica en el contenido de la normativa.
Entre las observaciones más fuertes al proyecto oficial aparece la posibilidad de habilitar nuevamente instituciones especializadas para casos graves.
La reforma de la Ley de Salud Mental impulsada por el Gobierno nacional abrió un nuevo debate en el Congreso y entre los especialistas. Mientras la administración de Javier Milei sostiene que busca adecuar la normativa a las necesidades actuales y brindar respuestas más ágiles ante situaciones críticas, distintos sectores advierten sobre posibles retrocesos en materia de derechos y ponen el foco en un problema de fondo: la falta de implementación efectiva de la legislación vigente.
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La iniciativa fue enviada al Congreso con la firma del presidente Javier Milei y de todo su gabinete, luego de una reunión de la mesa política encabezada por el vocero presidencial Manuel Adorni. El proyecto propone modificaciones en aspectos sensibles vinculados a las internaciones, la intervención de los profesionales de la salud y el funcionamiento de las instituciones destinadas a la atención de personas con padecimientos mentales.
La discusión sobre una ley que, según especialistas, nunca terminó de aplicarse
En diálogo con AIRE, el psicólogo y comunicador en salud mental Matías Cadaveira planteó que el principal problema no radica en el contenido de la normativa vigente, sino en la falta de recursos para ejecutarla plenamente.
“Todavía está sancionada desde el 2013 la ley actual de salud mental, que es la que se busca actualizar o modificar. Diría que actualizar tal vez no sería la palabra adecuada, ya que es una ley muy actual. El problema no tiene que ver con lo que la ley expone, sino que nunca se llevó a ejecutar la misma”, sostuvo.
Según explicó, la legislación actual se encuentra alineada con estándares internacionales vinculados a los derechos de las personas con discapacidad y de quienes atraviesan padecimientos de salud mental. Sin embargo, remarcó que para cumplir con sus objetivos se requiere una inversión significativamente superior a la existente.
El debate sobre internaciones y autonomía de las personas
Uno de los puntos que genera discusión está relacionado con las internaciones involuntarias y quién debe tomar decisiones en situaciones de riesgo. Cadaveira señaló que existen familias que reclaman mayores herramientas de intervención, especialmente en casos vinculados a consumos problemáticos o crisis severas. Sin embargo, advirtió que parte de la preocupación de organizaciones y especialistas radica en la posibilidad de regresar a modelos donde las personas pierdan capacidad de decisión sobre sus propios tratamientos.
“Estamos un poco en una zona media gris, donde por un lado hay cierto temor a volver a este modelo de sustitución de toma de decisiones”, explicó.
El profesional también destacó que la ley vigente estableció que el diagnóstico por sí solo no puede justificar restricciones de derechos y que las decisiones deben priorizar la voluntad de la persona, salvo situaciones excepcionales que requieran una intervención involuntaria.
“Yo, en todos los años que tengo de carrera y de profesión, no tuve una imposibilidad al respecto cuando evalué un riesgo inminente de algún paciente, ni tampoco a ninguno de los médicos con los que he trabajado le ha temblado el pulso para firmar una internación”, aseguró.
El regreso de los manicomios, uno de los puntos más cuestionados
Entre las observaciones más fuertes al proyecto oficial aparece la posibilidad de habilitar nuevamente instituciones especializadas para casos graves, una medida que distintos sectores consideran contraria al proceso de desmanicomialización impulsado a nivel internacional desde hace décadas.
“El proyecto de reforma habilita nuevamente a los manicomios como dispositivos comunitarios, instituciones especializadas para casos graves. Eso va en contra de la política de desmanicomialización desde 1960 que se viene manejando a lo largo del mundo”, dijo.
Para el especialista, el punto genera especial preocupación en organizaciones vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad, ya que entienden que la normativa vigente se encontraba respaldada por principios reconocidos en tratados internacionales.