En noviembre de 2022, la Legislatura provincial se encaminaba a aprobar un proyecto que abría las puertas para que entes privados accedieran a todo tipo de información sobre compras, precios, administración y distribución de los medicamentos del sistema público de Salud de la Provincia; y que parecía hecho a medida del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe.
Aquel proyecto ya tenía media sanción de la Cámara de Senadores -donde había sido presentado el 25 de noviembre de 2021- y, en poco tiempo, había logrado el aval de dos comisiones de la Cámara de Diputados: Salud y Asistencia Social; y Presupuesto y Hacienda.
Sin embargo, el 15 de noviembre de ese año AIRE publicó un primer informe advirtiendo de esta situación y, llamativamente, el proyecto ingresó en un rápido proceso de agonía, hasta morir en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.
¿Por qué dejar morir un proyecto que había logrado el aval de todo el Senado y el apoyo expeditivo de dos comisiones de Diputados? O, en todo caso, ¿por qué motivo logró tanto respaldo aquel proyecto, si finalmente fue abandonado en el preciso momento en que se hizo público a través de un medio de comunicación como AIRE?
En estos momentos, el proyecto perdió estado parlamentario. En el sistema informático de la Cámara de Diputados aparece bajo el rótulo de "Caducado", lo que implica que no podrá ser tratado nuevamente y que, en todo caso, será necesario que se presente un nuevo texto de ley.
Compra de medicamentos en Santa Fe: un proyecto que parecía hecho a medida
El proyecto de ley aprobado en el Senado -y que hasta noviembre del año pasado avanzaba rápidamente en Diputados- proponía centralizar la compra de medicamentos para todo el sistema público de salud de la Provincia de Santa Fe. Hasta ahora, estas compras se efectúan mediante concursos de precios y llamados a licitación que cada hospital realiza en busca de los mejores oferentes entre los laboratorios que existen en el mercado.
Según el texto que salió desde el Senado, el Estado iba a seguir manejando a través de una "Unidad Ejecutora" los recursos para la compra de medicamentos del sistema público de Salud.
Sin embargo, el proyecto autorizaba a dicha Unidad Ejecutora a “convenir con entes públicos, Universidades Nacionales e Institutos, con el Instituto Autárquico de la Obra Social (Iapos) y con colegios farmacéuticos y/o médicos; el desarrollo, elaboración o ejecución de estudios, proyectos de gestión y/o tecnológicos para la implementación y cumplimiento de los fines del programa”.
Este párrafo dejaba planteados distintos interrogantes:
- Cómo podría el Iapos elaborar un proyecto tecnológico que permita articular los mecanismos de compra y distribución de medicamentos públicos, si la obra social de Santa Fe ya terceriza el diseño y funcionamiento de estos sistemas en el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe.
De hecho, a lo largo de 2021 e incluso durante 2022, AIRE publicó una serie de informes periodísticos en los que se plantearon las penurias que suelen atravesar los afiliados del Iapos para acceder a distintos medicamentos, ya que la obra social pone en manos del Colegio -una organización privada y supuestamente sin fines de lucro- la compra y distribución de remedios a lo largo y ancho de la provincia.
- El proyecto aprobado en el Senado decía, de manera puntual, que “para garantizar el pleno acceso a los medicamentos resulta indispensable contar con múltiples efectores, no solamente hospitales y Samcos, siendo las farmacias (nucleadas en el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe), en virtud de su régimen legal y prestación de servicio, los sujetos con las características y requisitos adecuados para constituirse como tales”.
- Un tercer antecedente despertó sospechas de que se tratara de un proyecto a medida del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe: en junio de 2021, AIRE reveló que el 28 de mayo de ese año el Ministerio de Salud de la Provincia, el Iapos, el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe y la Federación Farmacéutica de la República Argentina (Fefara); habían firmado un convenio para que el Colegio –el mismo que maneja los medicamentos del Iapos– coopere, asista técnicamente y capacite al Ministerio para "mejorar la calidad informativa sobre la cadena de producción, distribución y entrega de productos médicos, insumos y accesorios".
La posibilidad de intervenir en la compra y distribución de medicamentos públicos de una provincia permite acceder a información que puede resultar clave para el manejo de un negocio multimillonario en el que, Fefara a nivel nacional y el Colegio de Farmacéuticos a nivel local, son jugadores de enorme peso.
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