Ley de Biocombustibles: fuertes críticas en Santa Fe al anteproyecto del Gobierno Nacional

A dos meses de que caiga la ley de promoción del sector –vence el 12 de mayo–, el gobierno provincial junto con la Federación de Industriales de Santa Fe, las cámaras que representan a las fábricas de combustibles renovables, la industria aceitera (Ciara) y el Consejo de Entidades Empresarias Santafesinas –bolsas de comercios de Santa Fe y Rosario, Federación de Centros Comerciales, entre otros– se pronunciaron advirtiendo al gobierno nacional y al Congreso que “si no se renueva la ley se ocasionará la destrucción de una agroindustria que tiene 10 años” y que es “fruto de acertadas políticas que se comenzaron a implementar en 2006”.

“Tucumán se expresó hace un tiempo cuando el presidente visitó esa provincia. Días atrás también lo hizo Córdoba y nosotros creíamos importante mostrar nuestra preocupación”, explicó Mossuz a Aire Digital.

Santa Fe es la provincia más importante en la producción de biocombustibles, tanto en volumen como en cantidad de fábricas, la gran mayoría dedicada a la producción de biodiésel a partir de la soja.

Tras recordar que Santa Fe es el primer exportador mundial de biodiesel de soja, el comunicado afirma que “la no renovación de la ley 26.093 no solo perjudica a Santa Fe sino al país”. Recuerda que “el biodiesel destinado al corte de combustibles fósiles en el mercado interno se paga en pesos sin acceso al mercado de cambios”, mientras la importación de combustibles (gasoil) “se paga en divisas”.

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"La renovación de la ley por cuatro años es el único camino para consolidar el marco estratégico iniciado en 2006”, para luego discutir otras alternativas que generen desarrollos regionales armónicos ”, dice.

En los últimos días de diciembre, el Senado nacional dio media sanción a la prórroga de la ley a instancias de una iniciativa de la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun. Define una extensión del actual régimen hasta mayo de 2024 y mientras tanto consensuar una nueva ley. En ese momento se pidió a la Cámara de Diputados que esperase para su tratamiento porque el gobierno nacional lo incluiría en sesiones extraordinarias, pero nunca ocurrió. El malestar crece y el 12 de mayo se viene encima.

En las últimas semanas apareció con más claridad el por qué del silencio del presidente sobre el tema. “El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación elaboró un anteproyecto de ley para reemplazar la 26093 que es nefasto. Hace una cuenta de almacenero y simplemente plantea que conviene más exportar el aceite de soja e importar gasoil porque la diferencia de precios de uno y otros deja balanza comercial positiva. Por lo tanto concluye que conviene dedicar el aceite de soja a la exportación y no al biodiésel, y en consecuencia plantea un esquema para reducir hacia adelante el porcentaje de biodiésel obligatorio en el gasoil”. Mossuz, que es un industrial con participación gremial de larga data, aclara que esa opinión es personal, pero es indudable que palabra más, palabra menos, es el sentir del gobierno provincial.

“El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación elaboró un anteproyecto de ley para reemplazar la 26093 que es nefasto", dijo el secretario de Industria Claudio Mossuz

Según su mirada, si se avanzara en ese esquema sólo podría llegar a salvarse Tucumán que produce bioetanol de caña de azúcar, pero en el resto de las provincias “malogra esfuerzos de años y destruye una industria madura y desarrollada, que sí, tiene un mercado cautivo (el corte de las naftas y gasoil) pero es lo que dice la ley, pero al mismo tiempo ayuda a cumplir compromisos medioambientales que el país asumió”.

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En diálogo con Aire Digital, el presidente de Fisfe, Víctor Sarmiento, afirmó que “habrá un impacto muy fuerte si la ley no se prorroga”. Y mandó un mensaje a nivel nacional: “Tanto que hablamos de sostener fuentes de trabajo, de industria nacional, y demoramos esta decisión. Lo que decimos con las palabras tenemos que demostrarlo con los hechos”.

Según le explicó Sarmiento, “el 70% de la industria del biodiésel de Santa Fe está paralizada porque los precios fijados por la nación no permiten una rentabilidad aceptable".

En Santa Fe, el tema biocombustibles alinea a todos los sectores industriales y empresarios. Pero en los ámbitos nacionales la disputa es otra. Este mismo viernes, uno de los principales referentes del sector biocombustibles, el empresario socio de El albardón –con planta industrial en Roldán– Federico Pucciarello, pondría el planteo en el seno de la Unión Industrial Argentina, donde hay otro santafesino que mueve sus fichas: el vicepresidente regional Guillermo Moretti.

Las petroleras son la principal oposición a la renovación del régimen de biocombustibles. Sostienen que el crecimiento de esta industria es gracias a que se le otorgó un mercado cautivo (el corte obligatorio de nafta y gasoil en porcentajes que en los últimos años variaron entre el 5 y 10%) y a costa de una porción del mercado de las petroleras. En etapas como la actual, que los precios de los commodities agrícolas están por las nubes, afirman que el corte obligatorio eleva el precio final de los combustibles.

Del otro lado, además de defender la condición de industria verde, sostienen que en 15 años se maduró un sector industrial que hoy es potencia a nivel mundial y que no se lo puede matar. También se lo defiende como sustituidor de importaciones, ya que si no se usara biodiésel debería reemplazarse con gasoil importado que cuesta mucho más caro y se paga en divisas extranjeras.

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Santa Fe es líder natural en materia de biocombustibles, por capacidad de producción y cantidad de plantas. El año pasado fue la primera en tener una ley con incentivos fiscales para el reemplazo de combustibles fósiles por biodiésel. Para llegar a esto, en los últimos años dio pasos muy importantes, como las pruebas masivas en el transporte urbano de Rosario que luego se extendió a otras ciudades.

En el mercado de biodiésel hay dos subsectores: las empresas integradas, que son las grandes agroexportadoras que procesan el aceite de soja que ellas mismas producen y lo colocan en el mercado externo; y las que tienen que comprar el aceite para producir el biodiésel. A la vez, en este último grupo el 70% son pymes y un 30% son empresas grandes.