La salida de Sabina Frederic del Ministerio de Seguridad de la Nación, en medio de la crisis de gabinete que afloró después de la derrota electoral del gobierno el domingo pasado, deja abiertos algunos interrogantes en Santa Fe, tras la llegada a esa cartera de Aníbal Fernández.
La relación entre la exministra Sabina Frederic y el gobernador Omar Perotti estaba desgastada.
El gobierno de Omar Perotti no tenía una buena relación con la cartera de Seguridad nacional, algo que quedó visible en la última semana de la campaña electoral, cuando tras el recrudecimiento de los crímenes en Rosario –seis asesinatos en apenas 20 horas- Frederic se negó a enviar un refuerzo de efectivos de fuerzas federales como había conversado unos días antes Perotti con el presidente Alberto Fernández. Frederic no tenía necesidad de salir a exponer su negativa cuando en las conversaciones previas se había arribado a un acuerdo en la Casa Rosada.
La falta de tacto político de la ministra de Seguridad generó bronca en el Gobierno de Santa Fe y en la Municipalidad de Rosario, luego de que el intendente Pablo Javkin se sumara al pedido de Perotti. Esta torpeza de Frederic colaboró para que pidieran su cabeza desde el sector más duro del kirchnerismo, tras la derrota en las elecciones nacionales.
El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, dejó más expuesta a Frederic cuando después de su rechazo a enviar gendarmes a Santa Fe desembarcó con un extraño operativo en Rosario que se encargó de filmar y difundir por los medios de Santa Fe.
Más allá de este incidente en medio de la campaña, la relación entre las autoridades del Gobierno de Santa Fe y la cartera de Seguridad nunca fue buena, desde el inicio de la gestión cuando Marcelo Sain dirigía el Ministerio. Sain, quien conocía desde hacía años a Frederic, ambos son docentes de la Universidad Nacional de Quilmes, nunca logró persuadir a la ministra de generar una instancia de coordinación que fuera efectiva. Las desconfianzas eran mutuas. Frederic creía que Saín quería su puesto, algo que negaba el actual director del Organismo de Investigaciones.
La coordinación entre las fuerzas federales y la Policía de Santa Fe nunca terminó de funcionar de manera aceitada. Lo que siempre reclamó Santa Fe es que no se veía actividad de los efectivos desplegados en Santa Fe, más allá de los controles en algunas rutas. “No sabemos dónde están”, le advertían a los funcionarios nacionales. En el móvil II de Gendarmería hay 2500 efectivos.
En octubre del año pasado, Frederic anunció la creación de una delegación estable del Ministerio de Seguridad en Rosario. El objetivo era que los funcionarios de esa cartera siguieran de cerca las causas federales en materia de narcotráfico y que generaran un puente con el Ministerio Público de la Acusación, para tener una visión más integral de la criminalidad en Rosario.
Lograron poner en práctica esa idea. Inventariaron más de 200 causas en el fuero federal y varias de ellas avanzaron, a pesar de las falencias que existen en la justicia federal de Rosario. Una de esas investigaciones fue la que terminó con la desarticulación de una banda que traía grandes cantidades de cocaína de Bolivia y Paraguay y proveía a algunas organizaciones de Rosario, pero sobre todo del conurbano bonaerense. El 20 de junio pasado se desplegaron en calle Francia 400 panes de cocaína secuestrados que tenían envoltorios azul y blanco, como la bandera argentina.
Como estaba desgastada la relación entre el Gobierno de Santa Fe y Frederic, el secretario de Seguridad de la Nación Eduardo Villalba hizo de enlace en estos últimos meses. El presidente Alberto Fernández había dado la orden de prestar mayor atención a Santa Fe, luego de los reiterados reclamos de Perotti y ante la indiferencia de la ministra.
Esa tensión empezó a aflojar cuando Villalba resolvió hace tres meses avalar el pedido de Perotti de que los efectivos de la Policía Federal se concentraran en operativos en el centro de Rosario, donde aparecía una demanda de mayor seguridad por robos y arrebatos permanentes. Pero tampoco conformaron al Gobierno de Santa Fe los despliegues de esa fuerza que hacía controles en puntos fijos y que generaba más que nada trastornos en el tránsito y ninguna efectividad en materia de prevención.
Desde la cartera de Frederic se quejaban de que el gobernador cambiaba permanentemente sus demandas. Primero pretendía que se agilizaran las investigaciones contra grupos narcos que generaban parte de la violencia extrema en Rosario, y después planteó que esos efectivos se dedicaran a prevenir delitos comunes. En el gobierno de Perotti manifestaban que ninguna de las dos opciones había dado buenos resultados.
Los reclamos de Santa Fe no eran los únicos. En la provincia de Buenos Aires, Berni se transformó en un enemigo de Frederic, a la que puso en el centro de sus críticas durante los últimos meses, tanto por la ineficacia de los despliegues de los gendarmes en puntos calientes de esa provincia como por sus afirmaciones, que en varias oportunidades generaron escándalos, como cuando afirmó hace dos semanas que Suiza era un país aburrido porque no había problemas de seguridad.
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La crisis política postelecciones le dio cabida otra vez en el gabinete a Aníbal Fernández, un dirigente de pura cepa kirchnerista que está inmunizado de los escándalos por tantos en los que fue protagonista. El problema político que asoma después de la derrota en las Paso condicionará al gobierno a poner toda su energía y su mirada en la provincia de Buenos Aires, donde el problema de la seguridad es algo endémico como en Santa Fe.
Habrá que esperar el correr de las horas para ver cómo Aníbal Fernández encara este nuevo desafío, con urgencias muy puntuales, con un tejido social atravesado por el 42% de la pobreza, y con zonas donde las mafias son las que gobiernan por sobre el Estado, como ocurre en Rosario.
No hay espacio para ensayos ni experimentos porque va en ascenso la tensión social en medio de la crisis que se cataliza en los barrios con actores vinculados al narco y a las mafias, lo que hace más peligroso el escenario si el país entra en una etapa de mayor convulsión social.
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