viernes 20 de mayo de 2022
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La Justicia Federal ordena desalojar los terrenos usurpados, pero la política no acata la orden

La orden del juez se emitió el viernes. El domingo las fuerzas de seguridad debían liberar los terrenos, pero no lo hicieron.

El viernes 14 de este mes, el juez federal Francisco Miño emitió una orden para que los terrenos usurpados en el norte de la ciudad de Santa Fe fueran desalojados durante las primeras horas del domingo. Sin embargo, las fuerzas de seguridad no acataron la decisión del magistrado.

Gendarmería Nacional por un lado y la Policía de la Provincia por otro, evitaron intervenir en esta situación. Fuentes confiables revelaron a Aire Digital que el argumento de Gendarmería apuntó a que no cuenta con los elementos y personal necesarios para llevar adelante esta tarea.

La decisión del juez no implica aplicar la fuerza, sino desalojar los terrenos de manera pacífica. De hecho, si bien en un primero momento hubo en la zona aproximadamente 160 usurpadores, el número logró ser reducido a 35 familias gracias a la intervención de funcionarios municipales que convencieron a la mayoría de que depusieran su actitud.

Funcionarios provinciales no están de acuerdo con la decisión de desalojar los terrenos usurpados, aunque se trate de una orden judicial.

Pero sin el apoyo de las fuerzas de seguridad, ya no queda mucho por hacer. Además, existen miradas diferentes entre el Municipio y el gobierno de la provincia de Santa Fe. Funcionarios provinciales no están de acuerdo con la decisión de desalojar los terrenos usurpados, aunque se trate de una orden judicial.

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Desde las primeras horas de esta mañana, efectivos de Gendarmería Nacional llegaron al lugar e iniciaron contactos con los usurpadores para informarles sobre la orden de desalojo emitida por el juez federal. Pero el proceso no avanzaba a medida que se acercaba este mediodía. Sobre el final de la mañana, apenas un puñado de efectivos permanecían en la zona como simples observadores.

Delito flagrante

La semana pasada, el fiscal federal Walter Rodríguez emitió un escrito en el que explicaba que ante la comisión de un delito flagrante, como es usurpar terrenos, cualquier fuerza de seguridad puede actuar. Ya sean fuerzas federales o provinciales. Pero ninguna actuó para desactivar un delito en curso.

Desde hace más de una semana, desde la política se reclamaba al juez una decisión. Sin embargo, una vez que esta decisión se produjo, la política no la llevó adelante.

Desde hace más de una semana, desde la política se reclamaba al juez una decisión. Sin embargo, una vez que esta decisión se produjo, la política no la llevó adelante.

El martes de la semana pasada, la situación parecía camino a una solución pacífica del conflicto. Gran parte de las familias que habían ocupado terrenos en esta zona se retiraron del lugar. Pero alrededor de 35 de ellas se negaron a hacerlo, ante la pasiva mirada de la Gendarmería -que no contaba con una orden precisa del juez- y de la Policía de la Provincia.

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Entre el viernes 7 y el martes 11, la Municipalidad de Santa Fe radicó denuncias sobre lo que estaba ocurriendo. Lo hizo ante la Policía de la Provincia, la Policía informó al Ministerio Público de la Acusación. Luego fueron a la Policía Federal para dejar asentado lo que sucedía. Pero las respuestas nunca llegaron.

La fiscal provincial María Laura Martí, al recibir la denuncia, consideró que no existía delito en el accionar de estos vecinos.

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