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Santa Fe Justicia federal |

Fortalecer la justicia federal y cortar el delito en las cárceles, los ejes para enfrentar la violencia narco

El gobernador Omar Perotti se reunió con altos funcionarios de la justicia federal en Rosario. Los fiscales tendrán la potestad de sumar personal. La clave es que se afiance la coordinación con el MPA. El problema del crimen organizado en los penales fue abordado por la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica.

El gobierno santafesino puso en la agenda institucional el problema de la violencia que supura del narcotráfico, con reuniones con legisladores nacionales y luego con las altas jerarquías de la justicia federal. La maquinaria gubernamental para abordar el tema tardó en moverse. La justicia federal está congelada desde hace tiempo, no sólo con falencias en la estructura de cargos, sino con escasa infraestructura y un déficit en tecnología aún más profundo. Se enfrenta el poder creciente del crimen organizado con dos escarbadientes.

Sin embargo, a pesar de las limitaciones desde los últimos meses la coordinación entre fiscales federales y provinciales empezó a funcionar de manera mucho más aceitada. A veces no es necesario crear nuevas estructuras estatales sino hacer más efectivas las que hay. Eso pasó, por ejemplo, con las investigaciones que llevaron adelante de manera conjunta la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, quien estuvo presente en la reunión, con los fiscales de la Unidad de Crimen Organizado del MPA Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.

“Esa es la clave de un trabajo que puede ser mucho más efectivo. Dividir los focos de las investigaciones, que tienen una base en delitos de venta de estupefacientes. Los fiscales del MPA centran sus energías en las acciones violentas de las organizaciones y los fiscales federales abordan el delito de narcotráfico. Se trabaja con fuerzas federales y provinciales. Se empezó a dar este año este tipo abordaje coordinado, que está dando buenos resultados”, afirmó a AIRE una alta fuente de la Justicia Federal.

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A principios de octubre se realizaron más de 80 allanamientos simultáneos para desarticular los negocios criminales que organiza

A principios de octubre se realizaron más de 80 allanamientos simultáneos para desarticular los negocios criminales que organiza "Guille" Cantero, referente de Los Monos, desde la cárcel.

El ejemplo de este nuevo paradigma fueron los 84 allanamientos simultáneos que se hicieron el 2 de octubre pasado en Rosario, donde el operativo tuvo como blanco la multiplicidad de negocios criminales de Máximo Ariel Cantero. Actuaron seis fiscales federales y de la Unidad de Crimen Organizado del MPA. “Esa línea de trabajo es la que tiene que aceitarse”, reconoció un fiscal federal que tiene sus oficinas en Buenos Aires.

En la reunión que se hizo el martes en Rosario, donde participó todo el arco de la justicia federal y provincial, a la que se sumaron el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, y el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, el gobernador planteó que la estructura de la justicia federal debe ser más robusta en Santa Fe. El gobernador dijo que está convencido de que “la justicia federal debe actuar y que la estructura debe crecer. Hay que crear cargos y generar la cobertura. Esto lleva un tiempo, una ley. ¿Qué puede ser mas rápido? Hacer lo que acordamos hoy con el procurador por que ya tenemos la confirmación de que se nombrará un auxiliar y un secretario para cada uno de los fiscales de Santa Fe y Rosario”.

“Queremos que la estructura federal tenga lo necesario para trabajar y hemos pedido al procurador reuniones periódicas para poder evaluar éstas acciones“, indicó el gobernador.

En la reunión se definió que a partir del miércoles 15 de diciembre los fiscales federales están facultados para tomar el personal. “Hay proyectos que deben coordinar y llevar adelante los legisladores santafesinos en el Congreso para apoyar aún más estas decisiones”, insistió Perotti.

“Un asunto conversado es la puesta en marcha del sistema acusatorio en la justicia federal y para eso implementaremos una comisión bicameral para la puesta en marcha del sistema acusatorio en al provincia de Santa Fe. Esto le va a dar acción al sistema federal. En la justicia provincial nos manejamos con el sistema acusatorio y sabemos como se acelera la Justicia. En el sistema acusatorio tienen una preponderancia los fiscales y los legisladores deben trabajar sobre eso”, afirmó el gobernador.

El problema de las cárceles

Una semana antes de la reunión de Perotti con los principales referentes de la justicia federal, se realizó otra reunión clave en Buenos Aires de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica. Fue entre funcionarios de distintos países de América latina que analizaron el problema de la criminalidad en las cárceles. En ese encuentro, que se realizó bajo la más absoluta reserva el martes de la semana pasada, el problema del gerenciamiento del crimen organizado dentro de los penales santafesinos y en las cárceles federales estuvo sobre la mesa.

No es sólo un problema que afecta a Santa Fe y a la Argentina, sino que la mayoría de los países de la región están enfrentando situaciones similares. Por eso se debatió tener una mirada más amplia, porque el problema que empezó hace más de una década en Brasil con el imperio del Primero Comando Capital en los penales se trasladó con distintas modalidades a Paraguay, Chile, Argentina, Perú y Ecuador.

El fiscal federal a cargo de la Procunar, Diego Iglesias, destacó “la preocupación que genera la operatividad que se está advirtiendo de distintas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas dentro de las unidades penitenciarias”.

Durante el panel, el fiscal chileno Luis Toledo se refirió a informes y análisis realizados por el Departamento Penitenciario de su país que evidencian “una serie de cambios en las circunstancias de la población penal”. Destacó que “uno de ellos, que se ha instalado, es una cultura de dominación hacia dentro de las cárceles”, e hizo alusión al control que realizan personas privadas de su libertad sobre otros integrantes de la población carcelaria para cometer ilícitos.

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En Chile, Brasil y otros países de la región están preocupados por el crecimiento de los delitos que se organizan desde las cárceles.

En Chile, Brasil y otros países de la región están preocupados por el crecimiento de los delitos que se organizan desde las cárceles.

Toledo consideró que “hay un problema estructural en nuestros países por regla general y es que la Gendarmería o la Policía Penitenciaria dependen generalmente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su departamento de inteligencia muchas veces está mal valorado y la información que tiene la policía penitenciaria es fundamental”.

Por otro lado, compartió la experiencia sobre la pesquisa respecto de una organización que se dedicaba a utilizar drones que volaban a 400 metros de altura para ingresar sustancias estupefacientes en un establecimiento penitenciario. El fiscal Toledo detalló que la banda utilizaba un edificio localizado a 800 metros de la cárcel para lanzar el dron, operado remotamente a través de un teléfono celular, y luego dejaba caer los paquetes de material estupefaciente.

Detalló que cada vuelo tenía un costo de 2 millones de pesos chilenos, lo que equivale a 2.500 dólares. El representante de Chile destacó que cada vuelo implicaba el traslado de 250 gramos de sustancias estupefacientes y que, durante la investigación de los hechos, se comprobó que la organización había realizado decenas de operaciones similares.

La titular de la fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, que tiene bajo su jurisdicción al penal federal de Marcos Paz, donde hay varios jefes narco santafesinos, advirtió que “el avance de esta modalidad cambió de forma dinámica en los últimos tiempos. Se multiplicaron amenazas a funcionarios judiciales, a fiscales, a la población en general. La violencia se extiende desde el interior de las cárceles hacia afuera, y desde afuera hacia dentro de las cárceles”.

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“Es terrorífico lo que está sucediendo dentro del Servicio Penitenciario”, dijo el fiscal Rívolo en relación con los datos que surgen del informe de la mesa de trabajo sobre narcocriminalidad en cárceles.

La fiscal federal de Lomas de Zamora se refirió al informe de la mesa sobre narcocriminalidad en cárceles y señaló que se registró un “incremento de estas maniobras que se encuentran planificadas y que tiene que ver con delitos que están vinculados al narcotráfico”.

Se ha detectado el uso de teléfonos instalados en diversos pabellones de las unidades carcelarias y habilitados para el uso general de las personas allí detenidas, para el desarrollo de las actividades delictivas.

El fiscal federal y presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), Carlos Rívolo sintetizó que “es terrorífico lo que está sucediendo dentro del Servicio Penitenciario”. Dijo que “las normativas de Servicio Penitenciario son duras y no se están cumpliendo”, y marcó como una demanda que “los propios jueces dejen de flexibilizar las condiciones de los detenidos”.

La narcocriminalidad desde los establecimientos penitenciarios es una preocupación del MPF. En octubre pasado, el procurador Casal dispuso poner en conocimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación las conclusiones, recomendaciones e informes producidos en el marco de la mesa de trabajo sobre maniobras narcocriminales desde establecimientos penitenciarios.

En el análisis hecho por la Procunar, se describieron las siguientes situaciones:

- Se advirtió la presencia de personas en el exterior de las cárceles, que fueron parte o contribuyeron las actividades ilícitas, al cumplir con las directivas impartidas por los eslabones superiores de la organización, que se encontraban privados de la libertad.

- Las estructuras superiores de las organizaciones ejercían la planificación, coordinación y control de las actividades delictivas tanto de manera individual a través de diferentes sistemas de comunicaciones, o también organizadas con otras personas, dentro o fuera de los establecimientos penitenciarios, exponiendo en muchos casos los entramados o redes de contactos en el exterior, que actúan para continuar llevando a cabo las operaciones de la organización.

- En la mayoría de los casos, la comunicación con las personas del exterior se llevó a cabo a través de dispositivos de telefonía celular, ya sea de uso individual como también compartido entre diversas personas detenidas. Por cierto, el uso compartido de teléfonos celulares dentro de una unidad penitenciaria representa un problema adicional en el proceso de recopilación de información y producción de prueba, por cuanto hace más difícil identificar al usuario real de las comunicaciones.

- Se ha detectado el uso de teléfonos instalados en diversos pabellones de las unidades carcelarias y habilitados para el uso general de las personas allí detenidas, para el desarrollo de las actividades delictivas.