Por eso es saludable y necesario que existan –sin importar sesgos nuevamente- cadenas noticiosas con la potencia y cobertura de Cadena 3 o Aire de Santa Fe, para geolocalizar agendas alternativas, para potenciar la visibilidad de territorios donde se generan los recursos que luego se pautan predominantemente allá donde Dios (que como todos sabemos es uno de los nombres con que se trasviste el Mercado) vive y dispone.
Sin embargo hay ciertas lógicas de invisibilización hacia el interior de los conglomerados periodísticos santafesinos –que calcan los corresponsales de medios porteños- o de representación absurda de ciertas noticias, que responden a los intereses de ciertos dispositivos de poder estable, llamémosles establishment o círculos rojos, esos que convierten ocupaciones coyunturales como gobernador, intendente o presidente comunal en –como Magnetto le dijese a Duhalde- “cargos menores”.
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En marzo, el gobernado Omar Perotti le aceptó la renuncia a Marcelo Sain como ministro de Seguridad de Santa Fe.
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
El derrotero de Marcelo Sain por la función pública santafesina, la novela de enredos y ocultamientos proyectada por los medios hegemónicos locales, la relevancia de los acusadores autoincriminados y las violaciones a los procedimientos administrativos y leyes por parte de los que impulsan –a éstas alturas- la eyección de Sain de la provincia de Santa Fe, es un ejemplo estruendoso, un escándalo que merece mejor prensa o al menos una perspectiva que corra el árbol y describa el bosque.
Guerra Jurídica en los dominios de la siesta
La RAE aún no se rinde pero está al caer, pero es la enciclopedia que -al igual que el periodismo es la primera y más falible versión del saber y la historia- la que nos dice que Lawfare se traduce como “guerra jurídica”. Es la instrumentalización de la justicia o la judicialización de la política con fines inconfesables y en nombre de otros que son precisamente los que pueblan los titulares desde marzo de éste año, cuando el gobernador Omar Perotti aceptó la renuncia de Marcelo Sain al cargo de Ministro de Seguridad. Y subrayamos un dato que no es opinión y pese al estruendo generado por sus declaraciones públicas y audios de WhatsApp filtrados a la prensa: el que renunció fue Sain y Omar Perotti le reprochó dejarlo “justo en este momento”.
La designación de su sucesor y conformación de equipos de trabajo y su permanencia como hombre de consulta permanente del gobernador, son indicadores de ésta realidad y la frase de Perotti sólo encubre que ningún momento es justo para tomar decisiones así. No por los índices delictivos o la presión descomunal de la pandemia sobre la gestión en general, sino porque en Santa Fe lo que molesta es el Estado, la “combinación perfecta” entre latifundios, empresas agroexportadoras, puertos y bolsa, no admite gobiernos con ínfulas de cambiar lo que funciona perfectamente y también financia a la política.
La promesa/juramento electoral de Omar Perotti de no transar con las mafias es el verdadero problema, sin contar con que las causas que motivan el juicio político a Sain y la suspensión como director del Organismo de Investigaciones del MPA son tan rídiculas como arbitrarias.
A menos que desafiar públicamente al archipiélago caótico de bandas narcos (desde la desarticulación de Los Monos no se repite el esquema centralizado que le estalló en la cara al socialismo) sea delito de lesa investidura; que retar desde esa misma investidura a los que vía cuevas financieras (el caso Oldani como el último y más expuesto de todos), constructoras e inmobiliarias y concesionarias de autos de lujo -lavan el dinero sucio de negocios ilegales (incluida la subfacturación y evasión fiscal de poderosos grupos empresarios locales offshorizados)-, constituya causal de despido automática o calificar de “negros pueblerinos” al cuerpo policial santafesino en un audio privado filtrado por un exjefe policial, sea motivo para un taller de respeto por la diversidad racial del Inadi o de reeducación emocional.
Las causales que –hasta el momento y mientras el shopping accusation no aporte mejores- justifican el juicio político de Sain son “actitudes agresivas hacia funcionarios y legisladores judiciales”, “ataques a la libertad de prensa” (con medios tradicionales atacan como parte de un dispositivo de poder y se defienden con la libertad de prensa), una licitación para comprar armas que el mismo gobernador dejó sin efecto y jamás se produjo y el inconcebible “por evidenciar su militancia partidaria”.
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Sain es el jefe del organismo de investigaciones del MPA.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Como si los 195 empleados y funcionarios que el Frente Progresista Cívico y Social mudó al MPA –la mayoría luego de la derrota electoral de 2019- para garantizar impunidad frente a cualquier investigación que los comprometa, no fuesen una expresión militante y partidaria en los hechos, aunque no lo voceen públicamente.
Que el Partido Justicialista Autónomo, que conforman Traferri, Gramajo, Kauffman, Baucero y Pirola, aliado al Frente Autista, Resiliente y Progresista que lideran Pablo Farías y Maximiliano Pullaro, expresados en las roscas de la Comisión Bicameral de Acuerdos, cierren filas para suspender a Sain no es más que la evidencia del modo en el que un sector de la política santafesina se convierte en CEO del círculo rojo provincial para garantizar el modelo de negocios de los que nos prestan la provincia para vivir como santafesinos.
La megacausa que debiera investigar a Traferri como “facilitador” y cómplice del juego clandestino del sur de la provincia, también salpica a dos ex fiscales (Serjal y Ponce Ashad) designados por Bonfatti y Lifschitz, al secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez (Chemes) y un ex coordinador de seguridad de los nodos Rafaela (Andereggen) que perteneció al gabinete de Pullaro en el Ministerio de Seguridad. Sumarle a ésta amenaza transversal el hecho de que la investigación contra Serjal abrió una deriva hacia una causa sobre juego clandestino en Rafaela que mantenía cajoneada el ex fiscal regional Carlos Arietti, que luego el Frente Progresista convirtió en fiscal regional de Santa Fe, siempre dentro del MPA.
La línea de investigación y sus potenciales derivaciones ponen en jaque transversalmente un conglomerado de intereses que no distingue entre peronistas, socialistas o radicales y es esa investigación que Sain prometió llevar hasta sus últimas consecuencias lo que desató una contraofensiva inédita y repleta de irregularidades.
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La Constitución, el libro que todos citan y nadie respeta
A veces los libros –si son muy voluminosos, como la Constitución de la Provincia de Santa Fe- ocupan lugar, agobian a una clase política que apenas tiene tiempo para títulos y bajadas y hasta muerden. Si los legisladores y fiscales que impulsan el juicio político a Marcelo Sain tuvieran más presente el Artículo 99 de la Constitución que alude a la Ley 10.916 (que reglamenta el procedimiento de juicio político), podrían tomar nota de que:
“La pretensión de Juicio Político se extinguirá por muerte o renuncia del imputado a su cargo, debiendo así declararse en cualquier estado y grado de enjuiciamiento, ordenándose el archivo de lo actuado, sin perjuicio de elevarse los antecedentes a la Justicia de Instrucción en los supuestos de presuntos ilícitos cometidos en ejercicio de la función o crímenes comunes”.
Esto convierte en un mamarracho político impresentable promover un juicio político contra un funcionario que ya ha sido desplazado y reemplazado. Tan ridículo como pedirle al MPA suspenderlo hasta que ese juicio político, que encubre la desesperación de un grupo de funcionarios por no ser investigados, procesados y condenados, resuelva la situación de Saín.
En una nota precedente, me permití aseverar que el establishment que nadie vota financia y utiliza a un sector de la política y de la justicia para ir por Perotti, para marcarle la cancha y que Sain es una modalidad coyuntural de esa ofensiva. En Santa Fe hay un gobernador que los desafió de entrada y un gobierno que no está atado a negocios y acuerdos celebrados con anterioridad, pero debe tener en claro que en estas encrucijadas –tanto como en las Paso- se juega el margen de maniobra y de poder para los dos años siguientes.
