Dos jueces, un martillero y el empleado de un banco, una banda ilícita a juicio oral por estafas con fondos judiciales

Dos abogados y el secretario de un juzgado ya fueron condenados en juicios abreviados a tres años de prisión condicional. Realizaron 50 movimiento y se alzaron con 1 millón de pesos. En voz baja se corría el rumor que desde varios años atrás los acusados tenían ese “nicho”, una descarada mesa de dinero para saquear las cuentas de los bancos de Santa Fe y Municipal. La Corte Suprema de Justicia resolvió que el trámite se ventile en un juicio oral y público.

Con absoluta impunidad los profesionales triangulaban información para detectar expedientes que no experimentaron movimientos durante años.

Aunque cada uno con particularidades, los casos de corrupción o mal desempeño que rozan al Poder Judicial de Santa Fe sobran. Hace tres meses el juez penal de Vera, Nicolás Muse Chemes, fue destituido por sus escandalosas resoluciones en relación a casos de delitos sexuales. Esta semana en Rosario se conoció la condena al juez de Faltas Sergio Luis Bonetto, sentenciado a tres años de ejecución condicional porque en 2012, en un cuestionado doble rol de funcionario y abogado, se quedó con parte de la indemnización para los hijos de un hombre que había fallecido en un accidente.

El viernes la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Asamblea Legislativa hizo lugar a la apertura de una investigación por posible mal desempeño al fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, por el cierre de una causa en la que estaba acusado el dueño de una concesionaria en la que él después compró dos autos cero kilómetro.

Los más recientes tiene que ver con el asesinado Ema Pimpi Sandoval. La Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) abrió un sumario al fiscal Adrián Spelta, jefe de la unidad de Homicidios Dolosos de Rosario por sus cabildeos en la tramitación de la prisión preventiva domiciliaria de Sandoval. En ese caso, la Corte Suprema de Justicia decidió iniciar una pesquisa administrativa para conocer el desempeño de los jueces Hernán Postma, Paula Alvarez, Mariano Alliau y Gustavo Pérez de Urrechu, que intervinieron en distintas instancias del proceso.

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En el ámbito civil, el escándalo de los depósitos con fondos judiciales inmovilizados estremeció al Poder Judicial de Rosario en 2012. A partir de una denuncia de las autoridades del Banco Municipal quedaron al descubierto las maniobras que involucraron al juez Alejandro Martín, del juzgado Civil y Comercial Nº17, a su secretario, Ricardo Lavacca, al juez Norberto Scavone (ya jubilado), al martillero Oscar Kovalevski, al empleado bancario Tomás Martínez Etchenique, y a los abogados Jorge Heter y Luciano García Montaño.

Vaciaban las cuentas

Con absoluta impunidad los profesionales triangulaban información para detectar expedientes que no experimentaron movimientos durante años, y cuyos fondos estaban paralizados en el banco de Santa Fe primero y luego en el Banco Municipal, agentes oficiales de retención. Se trataba de dinero que por distintas razones las partes no reclamaban, y podrían corresponder a embargos, retenciones, o deducciones por impuestos impagos. Era remanentes que sumaban millones de pesos, y que por su trabajo cotidiano en los estrados judiciales, los integrantes del grupo conocían de antemano.

Desde los despachos de Scavone primero y luego de Martín se dictaban resoluciones para atraer los expedientes. Después se libraba una a orden de embargo falsa para que el dinero se depositara en una cuenta a nombre de su juzgado. Los abogados falseaban expedientes para generar la conexidad con los originales, y con la firma cómplice del juez obtenían órdenes de pago a su favor. El resto era simple: pasaban a retirar los cheques por la ventanilla del banco, donde el empleado involucrado estaba al tanto de todo. La descarada función de cobradores era de los abogados y del martillero.

Mesa de dinero

Tras la denuncia de las autoridades del banco Municipal en el juzgado de Instrucción Nº12, el fiscal Carlos Covani pudo determinar que en la sumatoria de extracciones parciales y movimientos bancarios el grupo obtuvo cerca de 1.050.000 pesos, según la documentación detectada en el juzgado de Martín, y otros 250 mil pesos del juzgado de Scavone. Las estafas se realizaron entre noviembre de 2010 y octubre de 2012.

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Eso es lo que se pudo probar, pero en los corrillos de Tribunales y en voz baja más de uno indicó a este cronista que mucha gente estaba al tanto del ardid, que lo hicieron durante muchos años, y que los montos superan ampliamente la cifra que consta en el legajo. “Era una joda, una mesa de dinero que manejan estos tipos” se despachó en ese momento muy suelto de cuerpo un viejo trabajador de edificio de Balcarce y Pellegrini.

El guante blanco

Con voluminosa documentación respaldatoria, entrecruzamiento de datos y pericias, el fiscal logró probar las estafas y en enero de 2016 finalmente formalizó la acusación. Al martillero Kovalevski le endilgó ser organizador de la banda, y le achacó 80 hechos de defraudación. Al juez Martín, destituido por mal desempeño en diciembre de 2013 a través de un jury, también le asignaron el rol de jefe u organizador por un total de 55 fraudes. También se lo acusa del delito de falsedad ideológica y material de instrumentos públicos en 120 hechos, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario Público.

El juicio en el horizonte, que resulta inédito por la relevancia de los imputados y el ámbito en el cual se concretaron los delitos, promete poner en el banquillo a dos jueces y un martillero como parte de una organización delictiva de guante blanco.

A su secretario Lavacca, como integrante del grupo, lo imputaron por más de 50 hechos de defraudación, falsedad ideológica y material de instrumentos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario. En relación a esta persona, reconoció su participación en los hechos y la semana pasada fue condenado en un juicio de trámite abreviado a tres años de prisión condicional, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de cuatro años, e inhabilitación especial de diez años para integrar el Poder Judicial de Santa Fe. “Era fedatario del juez, no tenía nada que ver con las maniobras”, sostuvo siempre la defensa de este funcionario.

Al ex juez Scavone, jubilado en diciembre de 2010, le imputan también integrar la asociación ilícita, 33 hechos de defraudación, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. “La posta que dejó Scavone cuando se jubiló la tomó después Martín”, graficó una fuente judicial. La pata estratégica en el banco, Martínez Etchenique, era quien detectaba las cuentas paralizadas y pasaba el dato a Kovalevski. Al empleado le endilgan integrar la asociación, defraudación y tentativa de defraudación.

Los que reconocieron su culpa fueron los abogados Heter y García Montaño. Los profesionales no quisieron prolongar el proceso en su contra y en 2016 fueron condenados, también en juicio abreviado, a exiguas penas de tres años de prisión en suspenso, y cinco y siete años de inhabilitación para ejercer la profesión respectivamente. En los dos casos, y aunque no resulta ejemplificador, devolvieron parte del dinero robado y sus declaraciones ante la Fiscalía también sirvieron para desentrañar las maniobras.

"Sumamente grave"

“Este fue un hecho de gravedad institucional. No es una simple estafa, más allá del monto. Es sumamente grave que un juez está apropiándose o entregando dinero a terceras personas, dinero confiado a su investidura. Es muy grave que un funcionario judicial cometa este tipo de hechos”, expresó Covani cuando en septiembre de 2017 la jueza de Instrucción Delia Paleari (a cargo de los expedientes del sistema residual), firmó el decreto de elevación a juicio.

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Con las procesamientos confirmados, el titular de la pesquisa formalizó la acusación y requirió que el juicio se ventile en un trámite oral (la causa corresponde al viejo sistema escrito y se tramitó en el de transición), pero encontró resistencia de los abogados defensores. Es que el delito de asociación ilícita no estaba dentro las excepciones contempladas en el código de transición para la modalidad de debate público.

El proceso se empantanó y desembocó en una serie de demoras. Pero una resolución reciente de la Corte Suprema de Justicia finalmente ordenó que el proceso se ventile públicamente, y ahora se aguarda que la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) fije fecha para la audiencia preliminar. En esa instancia Covani dará a conocer el pedido de penas y expondrá las pruebas. A todos los acusados les achaca el delito de asociación ilícita con funciones diferenciales, que contempla penas que van 3 a 10 años de prisión.

En diálogo con Aire Digital, Covani confirmó su postura acusatoria. “Ya estamos en una fase en la cual aguardamos la fecha de la audiencia preliminar para presentar la acusación y las pruebas por el delito de asociación ilícita. Al debate llegarán acusados Martín como jefe, el martillero Kovalevski como organizador, y el empleado como partícipe”, remarcó el funcionario, hoy integrante de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio del MPA.

El juicio en el horizonte, que resulta inédito por la relevancia de los imputados y el ámbito en el cual se concretaron los delitos, promete poner en el banquillo a dos jueces y un martillero como parte de una organización delictiva de guante blanco que utilizó descaradamente las herramientas del Poder Judicial para pergeñar las maniobras. La decisión de que se ventile públicamente es una señal concreta a la sociedad: la persecución penal debe llegar a todos, roce a quien roce, sin los blindajes ni la impunidad que otorgan las influencias, los sillones del poder, la función pública o los vínculos de un abogado.