El viernes de la semana pasada, un niño de apenas cuatro años ingresó al Hospital de Niños Orlando Alassia de Santa Fe con signos evidentes de violencia y descuido. Cinco días después, gracias a la atención médica y al trabajo del equipo de Niñez, recibió el alta. Está estable y a salvo. Pero lo más importante es que está fuera de peligro porque una docente se animó a ver más allá de lo aparente y decidió actuar.
Frente de la escuela Falucho, ubicada en avenida López e Iturraspe.
Aquel viernes, el pequeño llegó a la Escuela N°18 "Falucho" apático, callado, con señales físicas que hablaban por él. La docente no lo dejó pasar y realizó una denuncia que puso en marcha el mecanismo institucional para abordar este tipo de casos.
Cuando mirar no alcanza: hay que intervenir
En un contexto donde muchas veces las señales de maltrato se diluyen en el apuro diario, en el miedo o en la desconfianza hacia el sistema, esta docente dio aviso a las autoridades. Inició una cadena que terminó con el niño internado, atendido, contenido y hoy fuera de peligro.
No es un caso aislado. Pero tampoco es la regla. Desde equipos territoriales que trabajan con chicos en situación de vulnerabilidad advierten con preocupación que en muchas oportunidades se mira hacia otro lado.
No es un acto voluntario: es una obligación legal. La Ley Provincial N° 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 27, establece que todo agente del Estado tiene el deber de comunicar cualquier situación de vulneración de derechos.
El artículo reza: "Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público de cualquiera de los tres poderes que tuviere conocimiento de la amenaza o vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes en razón del desempeño de su cargo, debe comunicar dicha circunstancia a la autoridad administrativa o judicial de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.
El procedimiento de comunicación deberá ser tal que garantice la integridad física del denunciante y su grupo familiar. Toda persona que tenga conocimiento de la vulneración de derechos que afecten la vida o la integridad física y psíquica de una niña, niño o adolescente tiene el deber de comunicarlo a la autoridad administrativa o judicial de protección de derechos en el ámbito local o a otra autoridad competente".
En pocas palabras: denunciar no es opcional, es obligatorio. Sin embargo, muchas veces no ocurre.
La red que salva vidas… o se rompe
Desde los equipos territoriales advierten con preocupación que en muchos casos se opta por mirar a otro lado. El miedo a involucrarse es el principal factor, antecedentes como el caso de la docente Vanesa Castillo aún sigue latentes.
Esta docente, que trabajaba en una escuela de Alto Verde, había ayudado a una niña a denunciar una situación de abuso. Si bien el autor material del crimen ocurrido en 2018 ya fue condenado, la familia de Vanesa sostiene que se debe investigar si alguien instigó su asesinato. “Se condenó al sicario, pero no se está investigando quiénes encargaron el crimen de Vanesa. Justicia a medias no es justicia”, dijo la hermana de la docente durante una movilización realizada hace un mes.
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El protocolo es claro: cuando un docente detecta una posible situación de vulnerabilidad, debe informar a la directora, quien avisa al equipo socioeducativo, que articula con el sistema de protección. Pero esta red es frágil. Los equipos socioeducativos no están en el territorio, son pocos —una decena para toda la ciudad— y dependen del compromiso de cada eslabón para que la denuncia no se pierda.
El valor de una denuncia
En el caso del niño que fue internado, la Justicia investiga los hechos y la madre fue detenida. Pero más allá de las consecuencias penales, lo urgente fue actuar. Y esa actuación empezó con una mirada que no se desentendió.
Hacer una denuncia no es solo cumplir con una norma. Es reconocer que el silencio también puede herir.
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