Cuando la salud mental sigue entrando por la puerta de la comisaría: qué debería cambiar tras la muerte de Julián Castillo
A más de tres años de su muerte, durante una intervención policial, familiares de Julián Castillo y organizaciones sociales plantean una discusión de fondo: por qué las crisis subjetivas siguen abordándose desde la lógica policial y no desde el sistema de salud.
Cuando una persona atraviesa una crisis de salud mental en la vía pública, ¿la respuesta del Estado debe llegar en un patrullero o en una ambulancia? Imagen ilustrativa
Cuando una persona atraviesa una crisis de salud mental en la vía pública, ¿la respuesta del Estado debe llegar en un patrullero o en una ambulancia?
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La pregunta volvió a instalarse en Santa Fe a partir de la muerte de Julián Castillo, ocurrida el 8 de marzo de 2023 durante una intervención policial mientras atravesaba una crisis subjetiva vinculada a un consumo problemático. Sin embargo, para su familia y las organizaciones que acompañan el reclamo de justicia, el problema excede el expediente judicial: entienden que el caso puso en evidencia una forma de intervenir que todavía persiste, donde la primera respuesta frente a una persona descompensada suele provenir de las fuerzas de seguridad y no del sistema de salud.
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Ese fue uno de los ejes que esta semana llevaron representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos a una reunión con el fiscal que investiga la causa. El objetivo no fue únicamente analizar el accionar policial en el caso de Julián, sino abrir una discusión más amplia sobre cómo responde el Estado ante personas que atraviesan crisis subjetivas.
Un antecedente que anticipó la tragedia
Para Cecilia Santamaría, mamá de Julián, la historia no comenzó el día de su muerte. Cinco meses antes, el 18 de octubre de 2022, Julián atravesó otra crisis en la vía pública. Según reconstruye la familia, la Policía lo trasladó al Hospital Cullen, donde fue evaluado y recibió el alta médica. Incluso el fiscal de turno autorizó su liberación.
Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, los efectivos decidieron llevarlo igualmente a la Seccional Primera. "Lo llevan a la Primera, lo esposan a un poste en el patio, lo tienen sin darle agua, sin dejarlo ir al baño, lo golpean y recién cerca de las once de la noche nos avisan para que lo vayamos a buscar. Esa detención fue ilegal", relató Santamaría.
Para la madre de Julián, ese episodio anticipaba un modo de intervención que volvería a repetirse meses después. "Ahí el protocolo prácticamente ni aparece. Salvo haberlo llevado al hospital, todo lo demás fue una intervención completamente alejada de lo que establecen las normas para una crisis subjetiva", sostuvo.
"La diferencia entre la vida y la muerte"
El 8 de marzo de 2023, la historia terminó de la peor manera. Según plantea la familia, los policías que intervinieron identificaron que Julián atravesaba una situación de salud mental, al punto de solicitar una ambulancia. Pero, asegura Santamaría, inmediatamente después incumplieron los pasos previstos en el protocolo de actuación. "El cumplimiento de los protocolos hace la diferencia entre la vida y la muerte", afirmó.
La mujer sostiene que su hijo fue perseguido durante varias cuadras, reducido por la fuerza, esposado y trasladado a una dependencia policial cuando, según la guía elaborada conjuntamente por los ministerios de Salud, Seguridad, Justicia y Desarrollo Social, debía priorizarse su atención sanitaria. "Nada de eso hay que hacer con una persona que está atravesando una crisis subjetiva porque aumentás la perturbación. Lo primero era llevarlo a un hospital", explicó.
También cuestionó otras omisiones que, según sostiene, marcaron la intervención policial. "No averiguaron quién era, no dejaron subir al patrullero al amigo que lo estaba acompañando y que podía explicar lo que estaba pasando. Todas esas decisiones fueron en contra del protocolo".
¿Por qué la primera respuesta sigue siendo policial?
Más allá de la investigación judicial, tanto la familia como las organizaciones creen que la discusión debe ir un paso más allá. Para Santamaría, el problema comienza incluso antes de que intervenga la Policía. "Cuando una persona entra en un estado de confusión, la gente se asusta y llama a la Policía. No llama al sistema de salud. Entonces los policías intervienen como si estuvieran frente a un delincuente y no ante una persona que necesita atención".
En ese sentido, sostiene que la muerte de Julián era evitable. "Estas crisis forman parte muchas veces del proceso de recuperación de personas con consumos problemáticos. Julián estaba en tratamiento, tenía acompañamiento. Lo que faltó fue una intervención adecuada", aseguró.
"No hace falta otro protocolo"
Desde Red Puentes Santa Fe, una de las organizaciones que acompaña a la familia, coinciden en que el caso dejó al descubierto un problema estructural. Para Yamila Toller, coordinadora de la organización, el principal aporte del caso Julián fue mostrar que la discusión ya no pasa por escribir nuevas normas. "El principal error fue haber desconocido completamente un protocolo de actuación que ni siquiera es tan largo. Es una guía accesible y muy clara sobre qué hacer y, sobre todo, qué no hacer".
Por eso, sostiene que antes de hablar de modificaciones resulta imprescindible garantizar que las herramientas existentes sean conocidas y aplicadas. "Antes que proponer cambios, propondría que se pongan en práctica. Muy pocas veces se cumplen los protocolos".
A su entender, la capacitación de quienes intervienen resulta determinante. "No pueden desconocer un protocolo elaborado por el propio Ministerio de Seguridad junto con el Ministerio de Salud. Era una muerte evitable porque incumplieron un deber como funcionarios públicos."
Una discusión que excede el caso Julián
Las organizaciones insisten en que la violencia institucional sobre personas con consumos problemáticos o padecimientos subjetivos no constituye una excepción. "Hace nueve años que trabajamos en Santa Fe y no hubo un solo año en que no acompañáramos situaciones donde la Policía, y últimamente también la GSI, ejercieran violencia sobre personas con consumos problemáticos", aseguró Toller.
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Por eso, consideran que el Estado debería abrir una instancia permanente de diálogo con quienes trabajan diariamente en los barrios. "Las organizaciones sociales tenemos mucho para decir. Hay saberes construidos desde el territorio que muchas veces son desestimados. Queremos trabajar junto al Estado, no en contra del Estado."
Mientras la Justicia continúa investigando la muerte de Julián Castillo, la familia espera que se determinen las responsabilidades individuales. Pero el reclamo también apunta a una transformación más profunda: que una crisis de salud mental deje de ser tratada, en primer lugar, como un problema de seguridad. Porque, sostienen, mientras la primera puerta de entrada siga siendo una comisaría y no un dispositivo de salud, el riesgo de que historias como la de Julián vuelvan a repetirse seguirá vigente.