Hay dos problemas que la pandemia del coronavirus hizo invisibles en las principales ciudades, como Rosario y Santa Fe: las adicciones a las drogas y la violencia de género. Parecen puntos imperceptibles pero reales de una trama social que hoy está agobiada por la cuarentena, pero que en el extenso periodo de aislamiento que queda hasta después de Semana Santa actores políticos y sociales empiezan a advertir que esos problemas subterráneos de la pandemia van a emerger en algún momento.
La app COVID-19 Provincia de Santa Fe cuenta con un mecanismo de Código QR con toda la información que permite circular, ingresar o salir de la provincia.
Maiquel Torcatt/ Aire DigitalEl sacerdote Fabián Belay, de la Pastoral Social sobre Drogadependencia, camina los barrios de Rosario desde hace años, y durante la emergencia por la cuarentena los curas villeros son claves para medir el termómetro social. “Estamos tratando de asistir a jóvenes que sufren adicciones con un seguimiento mayor, porque la cuarentena deja al descubierto todas las limitaciones. Hay problemas serios, con familias enteras que padecen estos problemas y están en cuarentena todos juntos. Hay que darles contención”, apuntó el cura.
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Belay sostuvo a Aire de Santa Fe que “se nota que hay menos cantidad de droga circulando, y que ha notado que las sustancias como la cocaína y la marihuana escasean, por lo que muchas personas se han volcado al alcohol para compensar la adicción”. “Vemos que aparecen también sustancias que surgen en épocas de crisis severas, como fue el 2001, cuando se empezó a inhalar pegamento”, explicó.
Según el último informe elaborado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) en 2017, en Santa Fe “la prevalencia por mes de consumo de alcohol afecta a un 55 por ciento”, es uno de los más altos en el país, detrás de Córdoba.
La provincia ocupa el mismo segundo puesto en consumo de marihuana, con el 5,1 por ciento de la población a nivel mensual. “La prevalencia de cocaína en la provincia de Santa Fe se registra en un 0,4 por ciento”, advierte el informe que no está detallado por la prevalencia en las ciudades sino por provincia.
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Hay menos droga en la calle porque las fronteras están cerradas y las rutas custodiadas como nunca por Gendarmería en momentos en que el tráfico está reducido, por lo que no ingresa ni pasta base ni cocaína de Bolivia ni marihuana de Paraguay. “Se cortó la cadena de suministros”, señala una alta fuente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
“Todo está muy frágil y en este contexto tan complejo no hay que dejar que la desesperación de la gente sea aprovechada por las bandas narcocriminales, como Los Monos y el clan Alvarado", advirtió Del Frade.
Pero además de que escasean los estupefacientes, sobre todo la cocaína, la droga se vende a un precio un 50 por ciento más alto, señala un efectivo de la Agencia Criminal de Investigaciones. Ese precio no se puede pagar en los barrios más humildes, por lo que la cocaína volvió a ser como en los años 70 en los días de cuarentena como una droga de la elite. “El delivery es hoy la única forma de distribuir lo poco que queda de droga”, señaló la misma fuente.
El diputado Carlos Del Frade se mostró preocupado por este escenario nuevo y complejo en el que puede romperse esta paz endeble en los barrios cuando se acabe la droga. “Todo está muy frágil y en este contexto tan complejo no hay que dejar que la desesperación de la gente sea aprovechada por las bandas narcocriminales, como Los Monos y el clan Alvarado, que dominan gran parte de la ciudad”, afirmó el legislador, que considera que la violencia se descomprimió en las calles de Rosario y Santa Fe, pero estalló dentro de las cárceles.
Desde el lunes de la semana pasada se produjeron siete muertes en una sucesión de disturbios y enfrentamientos focalizados en los penales de Las Flores y Coronda, donde se encuentran los reclusos con menos recursos, con un perfil determinado: pobres y marginales.
La otra cuestión que se hizo invisible en la escena pública tras la cuarentena es la violencia de género, sobre todo en sectores populares donde los agresores conviven con sus parejas.
La prohibición de las visitas y del ingreso de los “bagayos” a las cárceles, decisión que se tomó en todas las unidades carcelarias del país, para evitar contagios de coronavirus, derivó en un problema que hizo estallar la crisis penitenciaria que madura por lo menos desde hace seis años. En ese lapso, según el criminólogo de la Universidad Nacional del Litoral, Máximo Sozzo se incrementó un 47 por ciento la población carcelaria tras la puesta en funcionamiento del nuevo sistema procesal penal.
La otra cuestión que se hizo invisible en la escena pública tras la cuarentena es la violencia de género, sobre todo en sectores populares donde los agresores conviven con sus parejas, que en muchos casos fueron las que realizaron esas denuncias, como señala Georgina Mansilla, de La Poderosa, que está al frente de la organización social en el barrio Los Pumitas.
“Nosotros establecimos con las compañeras de la organización un sistema de vigilancia de aquellas mujeres que sufren violencia de género y que en algunos casos han denunciado a su pareja, con el que hoy está encerrada en su casa en cuarentena”, afirmó la dirigente en diálogo con Aire de Santa Fe.
“Tratamos de ir a visitar a las mujeres que sufren este problema. Y estamos atenta a cualquier problema, con una red que fuimos armando en el barrio. Pero es muy delicada la situación”, reconoció Mansilla.
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