La detección de las irregularidades derivó en la apertura de sumarios administrativos y, en al menos un caso, en una denuncia penal ya judicializada. La maniobra quedó al descubierto cuando los médicos cuyos nombres y sellos figuraban en los certificados negaron rotundamente haber emitido esos documentos.
“Todos los profesionales consultados manifestaron que esas firmas no les pertenecen. En muchos casos se trata de sellos y nombres utilizados sin autorización”, confirmó Malena Azario, secretaria de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía, en una entrevista en el programa Ahora Vengo, por AIRE.
Un hallazgo que encendió las alertas
Los casos salieron a la luz tras una serie de auditorías internas realizadas por el área de Salud Laboral. Cuando se presenta un certificado médico, los profesionales del área revisan que el firmante esté habilitado por el Colegio de Médicos, y que el documento no tenga signos de adulteración.
Cuando surgen dudas, el caso se deriva al área jurídica del Estado. Allí se cita al médico firmante para corroborar si reconoce el documento. En los once casos detectados, todos los profesionales negaron la autoría.
“Incluso tuvimos un caso en el que el médico ya estaba jubilado. Cuando se enteró, hizo una denuncia judicial porque usaron su nombre sin permiso”, reveló Azario.
De la auditoría al sumario administrativo
Una vez que se confirma la falsedad o adulteración del certificado, se inicia un sumario administrativo que busca determinar la responsabilidad del trabajador. En paralelo, se evalúan pericias caligráficas y otras pruebas para deslindar o confirmar responsabilidades.
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“No se trata de una caza de brujas. Cada caso se analiza de manera particular. Lo que queremos dejar claro es que en un Estado eficiente no hay lugar para atajos”, enfatizó la funcionaria.
Las sanciones posibles, de acuerdo a la Ley de Empleo Público, van desde suspensiones sin goce de sueldo hasta la cesantía.
Judicialización y controles cruzados
Hasta el momento, uno de los once casos ya fue judicializado. En los restantes, los procesos se mantienen en etapa de investigación administrativa. Los trabajadores involucrados pertenecen a distintos ministerios, entre ellos Salud, Educación, Obras Públicas, Igualdad y Desarrollo Humano, así como también al IAPOS.
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Uno de los 11 casos corresponde a una empleada de Iapos, que renunció tras descubrirse la irregularidad.
En cuanto a posibles complicidades médicas, Azario aclaró que no hay indicios de participación activa por parte de los profesionales. Por el contrario, son ellos quienes han aportado información clave al desmentir los documentos que llevaban sus firmas.
“Si en algún caso detectamos connivencia, no dudaremos en dar intervención al Colegio de Médicos y a la Justicia”, advirtió.
Impacto en los servicios públicos
El uso de certificados falsos no solo configura una falta grave, sino que tiene consecuencias concretas en el funcionamiento del Estado.
“Cada vez que un empleado se ausenta con un certificado apócrifo, su tarea la asumen otros compañeros. Eso afecta la eficiencia, la carga laboral y la calidad del servicio público que se le brinda al ciudadano”, explicó Azario.
En algunos casos, como el del IAPOS, cuando se detectó la maniobra, la persona involucrada renunció de forma inmediata.
¿Cómo se controlan los certificados médicos?
El área de Salud Laboral cuenta con un sistema de auditorías y cruces de información para validar la veracidad de los certificados. Además, se trabaja junto al IAPOS en el diseño de nuevos mecanismos de control, como la verificación cruzada de diagnósticos y la conformación de juntas médicas especiales.
En el caso de licencias por salud mental, por ejemplo, se comenzó a implementar el uso de herramientas de evaluación y tests psicológicos homologados, para reforzar el control sin vulnerar derechos.
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El área de Salud Laboral cuenta con un sistema de auditorías y cruces de información para validar la veracidad de los certificados.
“No se trata de desconfiar del trabajador que se enferma. Pero sí de asegurar que cada licencia esté justificada. Porque cada abuso perjudica al conjunto”, aclaró la funcionaria.
Azario remarcó que la mayoría de los trabajadores del Estado actúan con compromiso y responsabilidad. Pero advirtió que no se puede permitir que una minoría empañe la imagen del conjunto.
“Vamos a ser firmes. Las sanciones deben ser ejemplificadoras. Porque una administración pública eficiente no se construye con atajos”, concluyó.
