Santa Fe registró una fuerte baja de amenazas en las escuelas luego de aplicar duras sanciones económicas
Los costos de los operativos de seguridad pueden costar hasta 6 millones. El Gobierno confirmó que una familia ya abonó mientras que casi 40 fueron notificadas.
El Gobierno continúa con las notificaciones por amenazas en escuelas de Santa Fe.
Las amenazas en escuelas de Santa Fe comenzaron a retroceder después de que la Provincia avanzara con una medida inédita: trasladar a las familias de los alumnos involucrados el costo de los operativos de seguridad. Una familia ya abonó la deuda, casi 40 hogares fueron notificados y otras personas comenzaron a consultar cómo afrontar montos que, según el despliegue realizado, pueden alcanzar hasta los 6 millones de pesos.
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El cambio en el escenario también empezó a reflejarse en las estadísticas oficiales. Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que hubo una fuerte disminución de llamados al 911 vinculados a falsas alertas en establecimientos educativos, una problemática que había escalado en distintas localidades santafesinas tras el crimen ocurrido en un colegio de San Cristóbal, donde murió un estudiante.
Escuelas bajo amenazas
“Hay una merma total de llamados al 911 respecto a amenazas”, afirmó la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, al referirse al impacto de la medida impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Bajo la consigna “No es broma, es un delito”, el Ejecutivo santafesino endureció su postura frente a este tipo de episodios y comenzó a reclamar el pago de los procedimientos activados ante cada denuncia.
Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron a AIRE que, además de la familia que ya realizó el pago, existe una decena de casos en los que los responsables se comunicaron con el organismo provincial y con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para conocer plazos, modalidades y condiciones para cancelar las deudas generadas por los procedimientos.
En la Casa Gris consideran que el impacto económico sobre las familias terminó funcionando como un freno frente a una situación que había generado preocupación en buena parte de la comunidad educativa. Cada falsa amenaza obligaba a activar importantes despliegues policiales, sanitarios y preventivos, además de evacuaciones y suspensión de actividades escolares.
Casi 40 notificaciones y sin reclamos judiciales
Según precisaron desde el Ejecutivo, hasta el momento ya se enviaron cerca de 40 notificaciones a domicilios de alumnos vinculados a amenazas en escuelas de distintos puntos de la provincia.
Uno de los interrogantes que había surgido cuando se anunció la medida era la posibilidad de que existieran planteos judiciales contra el cobro de los operativos. Sin embargo, desde el Gobierno provincial aseguraron que, hasta ahora, no se registraron demandas ni reclamos formales vinculados a las intimaciones económicas.
La Provincia sostiene que este tipo de hechos no solo constituye un delito, sino que además demanda una importante utilización de recursos públicos y altera el normal funcionamiento de las instituciones educativas.