Pablo Cococcioni pidió nuevas herramientas legales ante el riesgo de violencia extrema en escuelas
"Lo de San Cristóbal fue un shock. Qué pasa si ocurre otro atentado y no hicimos nada para evitarlo", dijo Pablo Cococcioni. El tema llega a la Legislatura.
Pablo Cococcioni resaltó la necesidad de realizar trabajos de inteligencia preventivos y dar más atribuciones a la Policía ante situaciones críticas.
El tiroteo y la muerte de Ian Cabrera, un alumno de la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, encendió las alarmas sobre los riesgos a los que están expuestos niños y adolescentes en redes sociales, ya que el homicida integraba una comunidad digital que promueve estos hechos de extrema violencia.
Te podría interesar
A partir de lo sucedido, el Gobierno de Santa Fe impulsa en la Legislatura de la Provincia un proyecto de ley brinde mayores potestades a las fuerzas policiales y áreas de Inteligencia del Estado, ante situaciones de "Alerta de Riesgo Crítico Emergente” en "ámbitos escolares y entornos de socialización juvenil, particularmente aquellos que se desarrollan o amplifican en entornos digitales".
En el programa Creo, que se emite cada mañana en AIRE, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, reconoció que se trata de herramientas extraordinarias, pero advirtio: "A veces en la vida uno no puede elegir lo óptimo o cómo quisiera que la vida fuera. Uno tiene que elegir entre dos situaciones y en las dos hay aspectos negativos... Qué pasa si ocurre algún otro atentado y en el medio no hicimos nada para evitarlo, habiendo tenido una primera señal. Lo de San Cristóbal fue un shock para todos nosotros y puso en evidencia un fenómeno nuevo".
Cococcioni habló de la necesidad de "empezar a producir conocimiento sobre cuáles son estos movimientos de redes, tener una sección de funcionarios que hagan ciberpatrullaje, que hagan seguimiento y monitorio de redes. Que incluso interactúen con algunos de los captadores, haciéndole creer que son chicos para tratar de descubrir quiénes son los que captan a los menores. Es decir, espionaje digital para tratar de reducir estos riesgos de captación por redes sociales".
Este espionaje digital implica la posibilidad de que desde las áreas de Inteligencia del Estado se filtren en redes sociales de cualquier menor considerado en riesgo. Para esto, previamente el Poder Ejecutivo -el gobernador de turno- deberá declara el estado de emergencia frente a la firma de un decreto.
Violencia extrema en escuelas y la posibilidad de hacer inteligencia en civiles
En el programa Creo, Cococcioni explicó los alcances del proyecto de ley e insistió en la necesidad de que el Estado cuente con nuevas herramientas, ante nuevos fenómenos hasta ahora desconocidos.
- ¿Por qué consideran necesario darle al Estado, a la policía, la potestad de hacer inteligencia sobre civiles para tratar de frenar situaciones de violencia en escuelas o ámbitos donde concurren menores de edad?
- Hay un concepto central que es el siguiente: cuando hay un problema que vos ya lo conoces, aplicás aplicas la solución que vos ya tenés probada. Pero ahora nos enfrentamos a amenazas y a riesgos nuevos, poco conocidos.
Hay comunidades digitales de chicos de todos los países que comparten por redes desafíos de realizar actos violentos y que, además, mientras hablamos esta dinámica ya fue avanzando.
Lo que dijimos ayer, hoy ya quedó viejo, porque lanzaron un desafío nuevo, hay una dinámica nueva.
Entonces, la verdad es que hoy el riesgo de que pase un evento violento en una comunidad de jóvenes es cada vez más difícil de controlar mediante todas las herramientas que tenemos del Estado.
O pedimos herramientas nuevas y mucho más potentes que las anteriores, o quedamos expuestos a una situación prácticamente de indefensión.
- ¿Por qué semajante disyuntiva?
- Porque no estamos hablando de una organización que podemos ir a patear la puerta y allanar, no estamos hablando de un líder con nombre y apellido; estamos hablando de fenómenos de propagación, de contagio social, de comunidades virtuales, de conductas imitativas.
Entonces, la única herramienta que nosotros visualizamos desde el Estado, y esto se ha estudiado en todos los países del mundo porque no es algo exclusivo de San Cristóbal, ni de Santa Fe, ni de Argentina. En China pasa esto, imagínate lo que puede llegar a pasar acá.
Nosotros lo que visualizamos es que la única forma de afrontar estos nuevos riesgos es con herramientas poco convencionales o, por lo menos, que hasta ahora no habían tenido demasiada cabida en nuestro sistema.
- ¿Por ejemplo?
- Fundamentalmente hay dos ramas de herramientas que estamos pidiendo.
La primera, facultades especiales para el Ministerio (de Justicia y Seguridad), en términos de ordenar actividades de inteligencia.
Puntualmente, ciberpatrullaje, activación de agentes en cubiertos digitales, poder meternos en estas redes en las que están los jóvenes, muchas veces desde un celular.
Ni siquiera la familia tiene herramientas para controlar qué es lo que hacen los chicos cuando están expuestos a redes sociales, recibiendo contenidos de todo tipo, que muchas veces los padres ni se imaginan.
Entonces, por un lado, empezar a producir conocimiento sobre cuáles son estos movimientos de redes, tener una sección de funcionarios que hagan ciberpatrullaje, que hagan seguimiento y monitorio de redes.
Que incluso interactúen con algunos de los captadores, haciéndole creer que son chicos para tratar de descubrir quiénes son los que captan a los menores. Es decir, espionaje digital para tratar de reducir estos riesgos de captación por redes sociales.
El botón rojo que activa los protocolos ante la emergencia
- ¿Este espionaje digital implica que, por ejemplo, alguien desde el Gobierno, desde el área de Inteligencia, pueda mirar qué hace mi hijo en el celular?
- En algunos casos, sí. Esto estaría supeditado a la declaración de un alerta.
Es decir, cuando se verifican ciertos fenómenos de propagación, contagio social, amenazas con potencial de escalamiento que realmente representen un riesgo grave.
Una vez que el Ejecutivo eclaró el alerta, se activarían estas herramientas especiales.
- ¿Sería el gobernador el encargado de apretar el botón rojo?
- Exactamente, con esa habilitación de la máxima autoridad del Ejecutivo, desencadenaríamos estos dos cursos de acción.
Primero, las actividades de inteligencia preventiva en cabeza del Ministerio y de las áreas de Inteligencia.
Y por otro lado, facultades para los policías. En estos momentos se están charlando con las áreas de Educación, de Igualdad y Desarrollo.
Se discute, por ejemplo, que la policía pueda entrar a la escuela y hacer una requisa de mochilas. Que aplicar detectores de metal a los chicos, secuestrarle los celulares y acceder al contenido si hay una situación de riesgo inminente.
Nosotros consideramos que el Gobierno debería tener las herramientas para cuando se presente algún riesgo extremo, para activar por un tiempo limitado estas herramientas excepcionales.
Creo que, si a cualquier padre, madre o familiar, les decimos que esto es lo que necesitamos para tratar de reducir el riesgo de que ocurra una tragedia, la mayoría estaría de acuerdo.
- ¿Qué debería pasar para que el Gobierno considere necesario declarar la emergencia, apretar el botón rojo?
- El proyecto establece una serie de supuestos que están específicamente regulados. Es decir, cuando hubiera una situación de riesgo grave que presente ciertos caracteres, propagación o contagio social, dinámicas de captación o validación de conductas riesgosas, amenazas susceptibles de escalamiento o indicios objetivos de organización o de planificación o circulación de contenidos digitales riesgosos.
Básicamente, ante algunos de estos caracteres, estaría definida la situación legal de alerta, ante lo cual se pediría la declaración de alerta y la activación de estas herramientas especiales.
Quién controla a los que controlan
- ¿Y quién controlaría estas herramientas especiales se utilicen de manera adecuada? ¿Quién controla a los que controlan?
- Es bueno aclarar este punto, porque Santa Fe es la única provincia que tiene un sistema formal de Inteligencia, un sistema formal.
Porque muchos pueden hacer inteligencia informal, por no decir ilegal, como en algún momento ocurrió en Santa Fe, inclusive sin ley.
Nosotros tenemos un sistema de Inteligencia formal, en el que hay escalones de responsabilidad de los funcionarios por el manejo y por la gestión de esa información, y hay mecanismos que aseguran la trazabilidad y el control y la auditoría de la información recolectada.
Además, cuando se pretende recolectar información con herramientas intrusivas o que avancen sobre el ámbito de la privacidad de las personas, estas actividades están sujetas a autorización judicial. Es decir, cuando se vaya a hacer una infiltración.
- Entonces, ¿le van a que pedir autorización a la Justicia?
- No, no. Para algunas actividades sí, como por ejemplo si queremos hacer interceptación de comunicaciones o acceso forense a los contenidos. Eso es con autorización previa.
Pero el proyecto permite el acceso inmediato en caso de urgencia al contenido digital, con noticia posterior al fiscal. Esto es lo que prevé el proyecto, porque en situaciones de urgencia, hasta que conseguimos la orden, hacemos el peritaje y demás, probablemente ya nos mataron a alguien.
Entonces. acá estamos corriendo contra el tiempo cuando se da una de estas situaciones de alarma, como la que se manifestó, por ejemplo, en el hecho de San Cristóbal.
- Es decir, una vez que se toman los primeros pasos, después sí se comunica a la Justicia.
- La ley de Inteligencia, en términos generales, también prevé cuáles son los actos que de alguna manera implican cruzar una línea y requieren de autorización judicial.
Después, la simple recolección de información está sujeta a otros controles ejecutivos, pero no necesariamente con autorización judicial.
De todas maneras, cuando uno tiene un sistema formal de Inteligencia, todas las órdenes quedan trazadas respecto de quién las dio y qué operaciones se realizaron. Es decir, en Santa Fe no hay inteligencia clandestina o fuera de este sistema.
Si nosotros ordenamos hacer ciberpatrullaje ante la aparición de una de estas situaciones de riesgo, va una orden de operaciones firmada por mí o por la Subsecretaría de Inteligencia.
Cualquier persona o funcionario que quiere investigar qué se ha hecho, tiene toda la cadena de directivas con los consiguientes funcionarios responsables de suscribir cada una de ellas.
- ¿Son conscientes de que están pidiendo herramientas extraordinarias, prácticamente al borde del sistema vigente?
- Sí, nosotros estamos planteando que a veces hay que ponderar. A veces en la vida uno no puede elegir lo óptimo o cómo quisiera que la vida fuera.
Uno tiene que elegir entre dos situaciones y en las dos hay aspectos negativos.
No quiero ser tremendista, pero qué pasa si ocurre algún otro atentado y en el medio no hicimos nada para evitarlo, habiendo tenido una primera señal. Lo de San Cristóbal fue un shock para todos nosotros y puso en evidencia un fenómeno nuevo.
Hasta antes de eso, tal vez solo algunos haya estado metidos en el tema de redes y estaban al tanto. Pero los Estados en general no estaban al tanto de esta situación.
Es un problema nuevo, poco conocido. Ahora ya lo estamos conociendo.
¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer algo para disminuir el nivel de riesgo y enfrentar estas amenazas? ¿O vamos a esperar a que ocurra la próxima tragedia?
Bueno, este Gobierno no se va a sentar a esperar.