martes 12 de octubre de 2021
Política | Marcelo Sain | Legislatura | Ministerio Público de la Acusación

Una jueza ordenó a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura dejar sin efecto y archivar la tramitación del sumario administrativo contra Marcelo Sain

La jueza Paula Calace Vigo, quien tomó el recurso de amparo presentado por Marcelo Sain, resolvió este miércoles  dejar sin efecto el procedimiento disciplinario materia del litigio que iba a ser tratado este jueves por la Legislatura. La magistrada sostuvo que el proceso tiene "como causas a hechos ocurridos estando en uso de licencia y ocupando una función política".

El fallo de la jueza Paula Calace Vigo, emitido este miércoles, puede provocar un cimbronazo político, ya que este jueves se esperaba que la comisión de Acuerdos se expida sobre el proceso contra el exministro de Omar Perotti. Todos los pronósticos indicaban que Sain iba a ser, como mínimo, suspendido en el cargo.

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En el texto del fallo, la jueza hace referencia al decreto del gobernador Omar Perotti (N° 1024/2021) en el que instruyó a la Fiscalía de Estado a allanarse a la acción de amparo presentada por Marcelo Sain.

La Fiscalía dictaminó exclusivamente en favor de la medida cautelar interpuesta, ya que la prosecución del procedimiento disciplinario podría vulnerar los derechos invocados por un Director que se reincorporó al MPA antes de la vigencia de la ley 14016.

La Fiscalía de Estado consideró que entendió como causa suficiente para la decisión que el procedimiento disciplinario iniciado a Sain y que tramita ante la Honorable Cámara Legislativa “afecta derechos protegidos por el ordenamiento jurídico y que el juzgamiento disciplinario a un funcionario público por hechos cometidos en el ejercicio de una función política, y en uso de licencia en el organismo de origen, afectan derechos subjetivos tutelados por el ordenamiento jurídico”. Y Agrega que se agrava aún más si “se considera que dicho procedimiento podría estar afectando el non bis in idem, en virtud del archivo de un juicio político como funcionario del poder Ejecutivo”.

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En el texto del fallo, la jueza hace referencia al decreto del gobernador Omar Perotti (N° 1024/2021) en el que instruyó a la Fiscalía de Estado a allanarse a la acción de amparo presentada por Marcelo Sain.

En el texto del fallo, la jueza hace referencia al decreto del gobernador Omar Perotti (N° 1024/2021) en el que instruyó a la Fiscalía de Estado a allanarse a la acción de amparo presentada por Marcelo Sain.

En el mismo sentido, resalta que el momento sobre el que ocurrieron los hechos que son la causa del procedimiento disciplinario no necesitan de prueba alguna, ni bien se advierte que el actor renunció al cargo de Ministro de Seguridad el 19 de marzo y las denuncias son de fechas posteriores (22 y 23 de marzo), y fue reincorporado al cargo de director del Organismo de Investigación el 31 de marzo.

En el decreto N° 1024/2021, el gobernador hace hincapié en la responsabilidad patrimonial del Estado ante los organismos internacionales por violación a los tratados incorporados en el artículo 75, inc. 22, de la Constitución de la Nación y cita textualmente que corresponde al Poder Ejecutivo “la valoración de la sustantiva trascendencia que la cuestión judicializada reviste, que determina expedirse en resguardo de la legalidad y el orden institucional, lo que tiene preeminencia a cualquier otra cuestión”.

En los considerandos del decreto Perotti reconoce que el conflicto está afectando el funcionamiento normal de las instituciones.

Determinó la voluntad del Poder Ejecutivo en cuanto a la oportunidad y conveniencia de ponerle fin al litigio mediante el allanamiento con fundamento exclusivo en la ilegitimidad de perseguir disciplinariamente al Director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación por hechos ocurridos en el uso de licencia en dicho cargo y cumpliendo funciones políticas como Ministro de Seguridad.

La magistrada Paula Calace Vigo resaltó en el fallo que “el allanamiento formulado por el Fiscal de Estado me exime de toda consideración sobre el caso concreto. En especial, porque aclara expresamente que excluye de sus fundamentos el agravio constitucional del sistema disciplinario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la aplicación retroactiva de la ley 14006, ya que el decreto N° 1024/2021 que instruye a realizar dicho acto procesal consideró suficiente para ello la temporalidad de los hechos investigados”.

Recurso de amparo

El pasado 25 de junio, Marcelo Sain presentó ante la Justicia una acción de amparo y medida cautelar para que se suspenda el acto sancionatorio iniciado en la Legislatura santafesina. El pedido se traduce en la inaplicabilidad de la ley 14.016 al sumario administrativo en trámite y la suspensión de los efectos de la resolución que ordena la suspensión en funciones con reducción salarial.

La novela en torno a la figura de Marcelo Sain sumó un nuevo capítulo y promete extenderse en el tiempo. Es que se esperaba que este jueves -1° de julio- la Asamblea Legislativa analice un informe presentado por el fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez en el que se recomienda la suspensión de Sain como director del OI.

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Martínez elaboró dicho informe tras ser designado por el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, como fiscal ad hoc y para que analice todas las denuncias y presentadas contra el exministro de Seguridad. La presentación ante la Justicia la realizaron los abogados de Marcelo Sain, los doctores Hernán J. Martínez y Hernán Augusto Martínez.

Mediante la cautelar, Sain busca que se declare “manifiestamente ilegítimo e inconstitucional” la aplicación retroactiva de la ley N° 14.016 modificatoria de la ley N° 13.013. En el mismo sentido, solicita que se le ordene a la Comisión de Acuerdos Legislativos de la Provincia de Santa Fe “que se abstenga de tomar cualquier medida disciplinaria o precautoria (suspensión preventiva) sobre su persona”.

A través del texto del amparo, el actual director del Organismo de Investigaciones hace un resumen de todas las actuaciones que se fueron presentando en el proceso iniciado en el MPA.

Sain señala que se desempeñó como Director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe desde el 26 de noviembre de 2018 y que el 2 de diciembre de 2019, a raíz de su designación como ministro de Seguridad de la Provincia, se le otorgó licencia especial para ocupar dicho cargo, “sin goce de sueldo mientras dure su desempeño en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe”, con conformidad de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe.

Luego de dos años al frente de dicha cartera, el 19 de marzo de 2021 Sain renunció al mismo, siendo aceptada la renuncia pertinente. En consecuencia, el 22 de marzo del mismo año solicitó el cese de la licencia otorgada y la reincorporación al cargo, que finalmente fue efectivizada el 31 de marzo de 2021.

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El fallo de la jueza Paula Calace Vigo, emitido este miércoles, puede provocar un cimbronazo político, ya que este jueves se esperaba que la comisión de Acuerdos se expida sobre el proceso contra el exministro de Omar Perotti. Todos los pronósticos indicaban que Sain iba a ser, como mínimo, suspendido en el cargo.

El fallo de la jueza Paula Calace Vigo, emitido este miércoles, puede provocar un cimbronazo político, ya que este jueves se esperaba que la comisión de Acuerdos se expida sobre el proceso contra el exministro de Omar Perotti. Todos los pronósticos indicaban que Sain iba a ser, como mínimo, suspendido en el cargo.

Entre las principales acciones y presentaciones en su contra, Sain destaca que el mismo día de la solicitud de reincorporación -22 de marzo de 2021-, Carlos Arietti, fiscal Regional de Santa Fe presentó una denuncia ante la Auditoría General de Gestión del MPA contra Sain describiendo cuatro hechos: 1) Convalidación –por omisión de las acciones debidas- de tratos crueles, inhumanos y degradantes a los detenidos en dependencias policiales del Departamento La Capital; 2) Violación de los principios de igualdad, concurrencia y razonabilidad en el procedimiento de contratación pública para la provisión de armas a la Policía de la Provincia; 3) Conducta injuriante y difamatoria contra personas, instituciones y colectivos que traen como consecuencia la obstaculización del servicio a prestar por el MPA; y 4) Existencia de investigaciones penales preparatorias que tienen a Sain como investigado, con incompatibilidad para ser Director del Organismo de Investigación.

El 23 de marzo de 2021 la diputada nacional de la Colación Cívica, Lucila Lehmann se presentó ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, postulando una solicitud de apertura del procedimiento de juicio político, que finalmente, fue archivado.

El mismo día, el diputado Pablo Farías denunció al exfuncionario ante el Inadi achacándole “conductas susceptibles de encuadrar en actos explícitos e implícitos de discriminación, odio y violencia contra los y las habitantes del pueblo santafesino”. Asimismo, unos 27 integrantes de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe solicitaron al fiscal general que no permita la reincorporación de Sain como Director del Organismo de Investigaciones del MPA.

Sain también hace referencia a que el 29 de marzo de 2021, la auditora General de Gestión del MPA dicta resolución N° 131/2021 declarándose incompetente respecto a los hechos denunciados por el fiscal Arietti, y remitiendo las actuaciones a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. La auditora sustenta su decisión en que los actos señalados mientras el denunciado fue Ministro de Seguridad no son alcanzados por el régimen disciplinario del Ministerio Público de la Acusación.

En el amparo también se deja plasmado algunos pedidos insólitos emergidos dentro del MPA. El 7 de abril de 2021 el fiscal Regional Arietti dicta la Instrucción N° 15/2021 y ordena al Director del Organismo de Investigaciones de la Primera Circunscripción de Santa Fe, Lic. Alejandro Javier Elías, que no brinde información a nadie más que los a fiscales y fiscales Adjuntos de la Primera Circunscripción de la Provincia, y/o al personal expresamente autorizado por los respectivos órganos fiscales, “debiendo adoptar los resguardos para evitar intromisiones indebidas”.

Luego, el 22 de abril de 2021, el fiscal general Jorge Baclini dicta la resolución N° 160/2021. De tal modo, asume competencia para revisar lo resuelto por la AGG, mantiene la potestad disciplinaria aun cuando Sain ejercía funciones en el Ministerio de Seguridad; separa a Vranicih (AGG) y designa fiscal ad hoc Rubén Martínez.

Para Sain y sus abogados, la ley N° 14.016 –ley de incompatibilidades de funcionarios del MPA-“vulnera el derecho a trabajar (art. 14 CN), la irretroactividad de la ley sancionatoria y el principio de Juez natural (art. 18 CN), legalidad en las faltas administrativas (art. 19 CN), independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal (art. 120 CN), régimen republicano de gobierno (art. 1 CN y CP), progresividad (art. 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 2.1 del Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), además de enfrentarse abiertamente con Tratados Constitucionalizados y la opinión de Congresos especializados e Instituciones Públicas y Privadas relacionadas con la investigación penal”.

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El exministro de Seguridad sostiene que “de la sola lectura de la norma impugnada surge en forma meridiana su ilegitimidad como tal, y las contradicciones evidentes con garantías constitucionales reconocidas en la letra de la Carta Magna Nacional y Provincial, y Tratados Constitucionalizados” y advierte que “no hace falta mayor amplitud de debate, demostración o prueba, traduciéndose el presente casi en una cuestión de puro derecho”.

Marcelo Sain asegura que es víctima de una persecución política y habla del quiebre del equilibrio de poderes. “La ley 14.016 fue dictada a poco tiempo del comienzo de una persecución política en contra del suscripto, que comenzó en marzo de 2021 y culmina con la suspensión en el cargo que ahora se dispone”, se denuncia en el amparo, a la vez que resalta que “como Director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, he intervenido en diligencias en el marco de investigaciones penales preparatorias en las que están siendo investigados integrantes de la Legislatura Provincial”, en clara referencia al senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri.

Sobre el mismo punto, Sain sostiene que existen causas en las que se encontraban involucrados funcionarios que hace años integran el Poder Legislativo provincial, así como también el propio Fiscal Regional del MPA de la circunscripción de Rosario, y otros funcionarios que se encuentran privados de su libertad.

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Mediante la cautelar, Sain busca que se declare “manifiestamente ilegítimo e inconstitucional” la aplicación retroactiva de la ley N° 14.016 modificatoria de la ley N° 13.013. Marcelo Sain, ministro de Seguridad de Santa Fe.

Mediante la cautelar, Sain busca que se declare “manifiestamente ilegítimo e inconstitucional” la aplicación retroactiva de la ley N° 14.016 modificatoria de la ley N° 13.013. Marcelo Sain, ministro de Seguridad de Santa Fe.

Para el director del OI, con las denominadas leyes Anti Sain “se produce la posibilidad de que el Poder Legislativo provincial se avoque al conocimiento directo de cualquier causa o procedimiento por presuntas faltas del Director del Organismo de Investigaciones” y al respecto alerta que “esta reforma implica el quiebre del equilibrio de poderes por el sometimiento y desplazamiento de la autonomía del Ministerio Público de la Acusación a la órbita del Poder Legislativo”.

“A contrario de lo previsto por la ley impugnada, para evitar el control y dominio del Poder Legislativo sobre el Ministerio Público de la Acusación, personalizado en el ejercicio de la actividad investigativa en la figura del Director del Organismo de Investigaciones, resulta ineludible que dicho Poder no posea la potestad de remover a los sujetos que ejercen la acción, la defensa y la jurisdicción”, sostiene Sain.

Por último, el exhombre fuerte del gabinete del gobernador Perotti enfatizó que “con la ley 14.016, el Director del Organismo De Investigación en persona, queda sometido a la grave potestad que se le otorga al Congreso para separarlo de sus funciones, mientras les encomienda la importante función de ejercer la asistencia investigativa en el marco de la acción penal, para lo que se requiere una estricta autonomía e independencia. El perjuicio que se produce a su función resulta evidente y concreto”.