Marcelo Sain retornó al ámbito del Ministerio Público de la Acusación (MPA) luego de renunciar a su cargo en el Poder Ejecutivo. Lo hizo como director del Organismo de Investigaciones de dicho organismo.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Santa Fe resolvió este lunes cerrar el proceso iniciado contra el exministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain. La decisión llegó luego de que expusiera ante los integrantes de la comisión una de las denunciantes. Se trata de la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Lucila Lehmann.
El trámite en la cámara baja provincial había sido iniciado a raíz de una denuncia y pedido de juicio político contra Sain presentada por Lehmann. Este lunes, al exponer ante los diputados, la legisladora nacional mantuvo las fuertes críticas hacia la gestión de Sain al frente de la cartera de seguridad pero reconoció que el juicio político ya no tiene razón de ser debido a que el funcionario apuntado ya no ocupa el cargo.
Ahora el expediente iniciado en la comisión de juicio político será girado a la comisión de Acuerdos.
Marcelo Sain retornó al ámbito del Ministerio Público de la Acusación (MPA) luego de renunciar a su cargo en el Poder Ejecutivo. Lo hizo como director del Organismo de Investigaciones de dicho organismo.
En su exposición ante los legisladores, la diputada Lehmann criticó la gestión de Omar Perotti en materia de seguridad pública pero también lanzó duros conceptos para las gestiones del FPCyS durante 12 años del gobierno.
“Como saben, todo esto se desencadenó con los vergonzosos audios en los que el Sr. Saín agravió a todos los santafesinos. Después de ello, no se puede continuar al frente de las fuerzas de seguridad, que requieren del total respeto”, dijo Lehmann.
La diputada opositora agradeció a la comisión de juicio político que haya puesto en marcha el mecanismo del juicio político “que terminó haciéndole entender al Sr. Saín que tenía que renunciar”. Sin embargo, advirtió que “hoy Sain ya no es ministro y los problemas de inseguridad continúan. Siguen los asesinatos y los robos”.
“Hoy Santa Fe es un narcoestado. Hay que asumirlo”, lanzó la integrante de Juntos por el Cambio en el Congreso de la Nación y apuntó contra el FPCyS. “Algunos se esconden detrás del dedo acusador cuando fueron parte de los 12 años de gobierno que pusieron en jaque a los santafesinos con el avance del crimen organizado”.
“Creo firmemente que estamos en un punto de inflexión. Hemos logrado cambiar de ministro de Seguridad, ahora todos tenemos que colaborar dando las discusiones que hacen falta y aportando soluciones”, expresó.
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Si bien Lehmann sostuvo que “nuestra provincia es cada vez más insegura, no hay paz, ni orden, ni grulla ni nada”, también destacó que “hace años que no tenemos algo bueno en materia de seguridad y control del narcotráfico. El estado en el que se entregó la provincia en materia de seguridad fue, como mínimo, lamentable”.
Y agregó: “En esta provincia sucedió el único caso en la historia mundial en el que ante un atentado en el que balearon la casa de un jefe de un gobierno, cómo le sucedió a Bonfatti, es el mismo gobernador el que retira la denuncia contra el atacante. Eso señala algo muy grave”.
Luego de numerosas presiones en los ámbitos político y judicial, las horas de Marcelo Sain al frente del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) parecen estar contadas. Un fallo de la Corte próximo a salir, quejas de diputados provinciales, una apelación de un fiscal regional y la sanción de una ley de incompatibilidades convergen en una herramienta jurídica que permitirá correr del escenario al exfuncionario de Perotti.
El mecanismo para lograr apartar a Marcelo Sain de la Dirección del Organismo de Investigaciones del MPA tiene dos herramientas fundamentales. Por un lado, el fallo de la Corte provincial próximo a salir en las semanas venideras que declara constitucional la ley que establece al poder legislativo como el ámbito para controlar y sancionar a fiscales y defensores públicos. Por otro, la sanción de la ley de incompatibilidades para integrantes del MPA.
Las normas no tienen retroactividad, por lo tanto, Sain no podría ser sometido a sanciones administrativas ya que al aprobarse la ley no estaba cumpliendo el rol que pretende regularse.
Las denuncias y quejas sobre el desempeño de Sain tienen que ver, en su inmensa mayoría, con sus funciones dentro del Ministerio de Seguridad de la provincia y no al frente del Organismo de Investigaciones. Sain retornó al Organismo del MPA el 31 de marzo pasado, luego de que su licencia para poder ocupar un cargo en el Ejecutivo provincial quedara sin efecto. El retorno presentó resistencias dentro y fuera del Ministerio Público. Unos 27 diputados presentaron notas al fiscal general, Jorge Baclini, pidiendo que no autorice la vuelta de Sain al MPA, y el fiscal regional, Carlos Arietti presentó una apelación.
Algunas interpretaciones colocan a la apelación interpuesta por el fiscal Arietti como el salvoconducto para que la normativa pueda alcanzar a Sain. Hay quienes sostienen que la apelación de Arietti provocó que Sain no esté firme o ratificado en su puesto. Ante este escenario, el texto de la ley que fue ratificada por la Legislatura la semana pasada, podría alcanzarlo a Sain.
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