Milagro Sala está detenida desde enero de 2016 en el penal de Alto Comedero, en el Gran San Salvador de Jujuy. La activista fue encarcelada primero a raíz de una protesta opositora al gobernador Gerardo Morales, pero luego continuó privada de su libertad por la múltiples causas que afronta por sus presuntos delitos de corrupción y de fraude contra la administración pública. Una de esas acusaciones es la sospecha de haber desviado recursos del Estado que debían destinarse a viviendas sociales.
El titular del Ministerio Público de Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, confirmó ayer su postura de recomendar a los jueces locales que se inclinen por el “arresto domiciliario” de Sala, en sintonía con la cautelar de la CIDH. Sin embargo, el procurador solicitó que el régimen de detención sea en idénticas condiciones al de “una prisión preventiva”.
Lo cierto es que hay preocupación oficial sobre lo que podría hacer Sala en un régimen de detención menos restrictivo. El ministro de gobierno de Jujuy, Agustín Perassi expresó que “la situación de Sala bajo arresto domiciliario le dará mayor capacidad de acción política, un régimen ilimitado de visitas, escasas restricciones y el montaje de un sistema de comunicación que puede ser usado políticamente para influir en las elecciones”.
Por su lado, el Comité por la Libertad de Milagro Sala entregará hoy en Casa de Gobierno una petición para “exigir la inmediata libertad” de la dirigente, que cuenta con más de 40.000 firmas de distintos países, entre ellas las de la ex presidente de Brasil Dilma Rousseff; el fundador de Wikileaks, Julian Assange; el juez español Baltasar Garzón y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
FUENTE: INFOBAE
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