La tensión política en la provincia de Santa Fe no afloja y la crisis institucional se acrecienta constantemente. Tampoco paran las acciones de uno y de otro lado. La respuesta formal a la carta documento que envió el martes el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, al senador Armando Traferri, llegó este miércoles.
En la sesión de la Cámara de Senadores, el representante del departamento San Lorenzo anunció el envío de sendas notas a la presidencia de la cámara alta, a la Cámara de Diputados y a la Corte Suprema de Justicia provincial en la que responsabiliza al titular de la cartera de Seguridad de cualquier situación violenta que pudiera sufrir él o sus allegados.
En el texto, el senador hace referencia a “acciones respaldadas en falsedades y supuestos mendaces e intencionalmente direccionados” y expresa que “atento a mi convicción personal irrebatible de estar ellas pergeñadas, sostenidas y alentadas por Marcelo Fabián Sain y siendo necesario ponerlo en su conocimiento, atribuyo de modo directo y objetivo a la conducta del nombrado, cualquier daño o acción violenta que pueda tener como destinatario al suscripto, familiares o allegados personales o políticos”.
En el escrito, Traferri advierte que “no existe otro sujeto que tenga para conmigo la violenta animosidad que el referenciado ha demostrado y reiterado de manera sostenida respecto de mi persona y rol institucional”.
En la sesión de este miércoles, la Cámara de Senadores de Santa Fe le dio estado parlamentario al pedido de los fiscales Matías Edery y Luis Schappa Pietra para poder investigar e imputar al senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri.
Según aseguraron los propios fiscales, la solicitud está basada, además de la declaración del exfiscal Gustavo Ponce Asahad, en numerosos elementos probatorios.
Los senadores resolvieron que el pedido de los fiscales sea girado a dos comisiones: de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Reglamento y Juicio Político. Al respecto, vale indicar que el presidenta de la comisión de Peticiones era, justamente, Armando Traferri, quien en la sesión de éste miércoles presentó la renuncia al cargo.
Durante la sesión y al hacer referencia al escándalo político que atraviesa la provincia de Santa Fe, el senador por el departamento Rosario, Marcelo Lewandowski (PJ – bloque Lealtad) fue uno de los primeros en reclamar celeridad de la cámara para esclarecer los hechos y criticó la “condena mediática” que existe hacia el senador del PJ.
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“Está claro que a nadie le agrada la situación que se está viviendo”, reconoció el legislador y advirtió que “hay cuestiones que se dan desde lo institucional y desde lo mediático. Se ha instalado la idea mediática en donde se está culpado o dando como sentencia firme las acusaciones que se escucharon y que se transmitieron mediáticamente hacia un senador de este cuerpo”.
Al fundamentar su pedido de celeridad, el senador por Rosario explicó que “hay un poder mediático y de redes sociales que permiten sentenciar antes de tiempo. Si seguimos dilatando esa posibilidad dejamos que se siga hablando sobre los hechos”.
A su vez, Lewandowski remarcó que “pedimos que vengan los fiscales y que si hay pruebas contundentes que se expresen, que se digan y que se termine de debatirse solamente en los medios”.
Por su parte, el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig (UCR) aseguró que la intención del bloque que integra y preside es “ser garante de la institucionalidad”.
A su vez, fue tajante y resaltó que “no creemos ni tampoco avalamos la condena social antes del debido proceso y la posibilidad que cada ciudadano, y en este caso un dirigente de dilatada trayectoria como Traferri, lo pueda tener”.
Asimismo, Michlig dejó en claro que los tiempos de la cámara alta, los maneja la cámara alta. Sobre el pedido de celeridad de los fiscales para autorizar la investigación a Traferri, el senador por San Cristóbal espetó que “no hace falta que los fiscales nos manifiesten que tenemos que expresarnos con celeridad. El planteo que hacemos desde la UCR es que las dos comisiones tienen que reunirse con la mayor celeridad para analizar el tema, pero los apresuramientos tampoco pueden ser buenos”.
Por último, el senador por el departamento Garay, Ricardo Kaufmann, tuvo una opinión similar a la de su par de San Cristóbal.
“Esto recién empieza con la solicitud que tenemos que tratar. No tenemos intención de acelerarla, sino que lleve el ritmo propio de la cámara”, dijo el legislador y pidió tener en cuenta que “que se pida un desafuero expresa una decisión política que no incide en la consideración judicial de un delito y tampoco importa un prejuzgamiento sobre la inocencia o culpabilidad del legislador”.
Algunos senadores se animaron a vaticinar que el tratamiento del pedido de “desafuero” podría darse antes de fin de año y no descartan que las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Reglamento y Juicio Político convoquen a los fiscales a brindar un informe.
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