El gremio de serenos de buques denuncia que el DNU de Milei elimina la obligatoriedad del servicio, dejando los puertos expuestos al contrabando y la contaminación.
La desregulación del servicio de serenos de buques en puertos argentinos, impulsada por el Gobierno Nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), ha generado una profunda preocupación.
La desregulación del servicio de serenos de buques en puertos argentinos, impulsada por el Gobierno Nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), ha generado una profunda preocupación en el cordón industrial santafesino.
Orlando Brizuela, delegado regional del Sindicato de Serenos de Buques de San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes, alertó en diálogo con AIRE que la decisión de convertir su servicio en "optativo" no solo destruye empleos, sino que deja las fronteras fluviales sin fiscalización clave.
Desde 1904, los serenos de buque actúan como auxiliares de la Prefectura Naval Argentina. "Nuestra función es estar de forma permanente en un buque a modo persuasivo o disuasivo", explica Brizuela. Hasta enero de este año, era obligatorio contar con dos serenos por buque para vigilar las 24 horas. Hoy, al ser optativo, las multinacionales han dejado de contratarlos para reducir costos.
"A partir del 21 de enero quedamos totalmente sin empleo y sin ingresos", señala el dirigente, aclarando un punto fundamental: el servicio no le cuesta un solo peso al Estado Argentino. Los salarios son abonados por las agencias marítimas en nombre de los armadores extranjeros (empresas de China, Rusia o India). "El Estado nacional no tiene ninguna erogación; el beneficio de esta medida es exclusivamente para las compañías foráneas", sentencia.
La ausencia de los serenos, según Brizuela, crea una "zona liberada". El delegado relató episodios recientes que demuestran la vulnerabilidad del sistema: "Hace poco se encontraron 500 kilos de cocaína en un buque. Eso puede subir tranquilamente por el lado del agua si no hay control".
Además del narcotráfico, los serenos cumplen un rol ambiental crítico. Brizuela recordó denuncias por intentos de arrojar "agua de slop" (residuos hidrocarburíferos contaminantes) al río Paraná e incluso casos donde evitaron que buques zarparan con salas de máquinas incendiadas. "Somos los ojos y oídos de la Prefectura. Sin nosotros, no hay nadie que comunique intentos de delito o prevenga accidentes de seguridad humana", advierte.
Ante la crisis laboral y de seguridad, el gremio busca replicar lo hecho en la Provincia de Buenos Aires, donde el Ministerio de Trabajo intervino para revertir la medida nacional mediante una disposición provincial basada en la protección constitucional del trabajo y la seguridad.
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Brizuela confirmó gestiones directas con la administración de Maximiliano Pullaro: "Me pude acercar al Gobernador y él me derivó con el ministro de Producción, Gustavo Puccini, y con la secretaria de Transporte, Mónica Alvarado".
Si bien los encuentros ya comenzaron, el objetivo del sindicato es lograr un marco normativo provincial que garantice la obligatoriedad del servicio en los puertos de Santa Fe. "Estamos en tratativas para reunirnos nuevamente y poner en auto al gobierno provincial sobre la gravedad de lo que está ocurriendo en nuestros ríos", concluyó.
Un dictamen del Ministerio de Trabajo bonaerense estableció la inaplicabilidad del DNU nacional que habilitaba la contratación optativa, con el objetivo de preservar puestos de trabajo, reforzar la seguridad operativa y proteger la actividad portuaria.
La Provincia de Buenos Aires resolvió que la contratación de serenos de buques será obligatoria en todos los puertos de su jurisdicción, dejando sin efecto la aplicación del régimen de optatividad dispuesto por el Gobierno Nacional. La medida fue formalizada a través de un dictamen jurídico del Ministerio de Trabajo provincial, que establece la inaplicabilidad del DNU 342/25 en territorio bonaerense.
La decisión busca resguardar fuentes laborales, fortalecer los estándares de seguridad y sostener el rol estratégico del Estado en el control de actividades sensibles vinculadas a la operatoria portuaria y la soberanía.
El dictamen fue emitido por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por el ministro Walter Correa, quien adhirió formalmente al documento. Allí se sostiene que la normativa nacional que habilita la contratación optativa de serenos no resulta compatible con las competencias provinciales en materia laboral y de control portuario.
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