La sombra del narco uruguayo Sebastián Marset, actualmente prófugo de la Justicia y con pedido de captura de cinco países, aparece detrás de este caso, por sus influencias en la hidrovía Paraná-Paraguay.
La declaración en calidad de imputado colaborador –figura que se la conoce como “arrepentido”– de uno de los 20 tripulantes que están en el barco, que sigue fondeado en San Lorenzo, es clave para avanzar en cómo se llevó adelante la maniobra para la carga de la cocaína en el buque MV Ceci, que antes de llegar a aguas argentinas provenía del puerto de Baram Iman, Irán, según establecieron los investigadores.
De acuerdo al testimonio del arrepentido, los 469 kilos de cocaína se levantaron del agua en cercanías del puerto de Montevideo. En la cámara frigorífica, donde se encontraron los 16 bultos con 379 panes de cocaína, había boyas, GPS y rastreadoras satelitales. Estos dispositivos abonarían la versión de que la droga estaba flotando y fue levantada, algo que usualmente se hace en el tráfico fluvial de estupefacientes. Pero lo que no tiene lógica es por qué la droga no fue cargada después de que el buque MV Ceci cargara pellets de girasol en San Lorenzo. Es decir, al regreso, antes de iniciar el cruce del Atlántico.
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La investigación está a cargo de los fiscales Claudio Kishimoto, Matías Álvarez y Matías Scilabra, que realizan las tareas con la Prefectura Naval Argentina. El único detenido es el cocinero Jonathan Caputero, quien reconoció su participación y quedó alojado en la base de Prefectura de San Lorenzo.
Esa pregunta le hicieron los investigadores al “arrepentido”, que respondió que inicialmente en San Lorenzo estaba previsto que un cargamento de cocaína se cargara en otro barco, no en MV Ceci. Algo cambió a último momento. Hay algunas cosas que no le cierran a los fiscales de la causa, entre ellas, que creen que el testigo podría estar manipulando la información para desviar la investigación. La otra opción que se baraja es que una parte se haya cargado en Montevideo y la carga se completó en San Lorenzo. La maniobra aún no está clara, a pesar del testimonio del arrepentido de origen filipino.
Cómo fue el hallazgo de casi 500 kilos de cocaína escondidos en un buque
El martes a la noche, el capitán del barco encontró la droga en la cámara frigorífica, donde se guarda la carne para la tripulación. Este hombre se contactó con la empresa armadora, que tenía un vínculo con el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF) en Rosario, Juan Lafontana, quien fue el que avisó a la Justicia federal, y luego se hizo el procedimiento con la Prefectura y la Aduana, que corroboraron lo que decía el capitán.
La principal sospecha hasta ahora era que los 469 kilos de cocaína se habían cargado al buque durante el aprovisionamiento del barco con alimentos, que realiza una empresa de la zona de San Lorenzo. La hipótesis era que la droga se había subido al barco durante esa operación, que es frecuente cuando este tipo de embarcaciones espera en rada turno para cargar en las terminales, en este caso, en la de Vicentín.
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En la sede de Prefectura de San Lorenzo, la ministra Patricia Bullrich encabezó una conferencia de prensa para mostrar la cocaína secuestrada.
El testimonio del arrepentido contradice esta hipótesis, pero aún está abierta a que se verifique si la versión que dio el testigo filipino es cierta y que la droga se levantó en aguas cercanas a Montevideo.
A quién pertenece la droga hallada en el buque en San Lorenzo
El otro misterio que flota sobre este caso es a quién pertenecía el cargamento de cocaína que se secuestró en San Lorenzo. Después de la declaración de este tripulante, reapareció la sombra del narco uruguayo Sebastián Marset, un hombre que tiene desde hace varios años una influencia directa sobre el tráfico de drogas en la hidrovía. La sospecha de que Marset puede estar involucrado surgió a partir de que la droga se podría haber cargado cerca de Montevideo, un lugar que el autodenominado jefe del Primer Comando Uruguayo (PCU) tiene bajo control.
La sombra de Marset da vueltas sobre la región desde hace tiempo, aunque por ahora no se logró determinar que la organización que lidera esté involucrada en el negocio del contrabando internacional de cocaína desde las terminales portuarias de la región. En realidad, el universo del tráfico fluvial es un gran agujero negro, de lo cual se conoce muy poco, a causa de la falta de controles en una ruta que tiene complejidades porque la hidrovía está bajo jurisdicción de cinco países, en sus 3.400 kilómetros de extensión. Y las tareas de coordinación en inteligencia criminal son nulas entre los países de la región.
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La sombra del narco uruguayo Sebastián Marset
Marset se transformó en un narco célebre durante los últimos años, al protagonizar huidas cinematográficas de Dubai y de Bolivia, donde demostró que con su fortuna puede evadir todo lo que se le ponga enfrente. En la Argentina, Marset no tiene ninguna causa abierta, aunque su sombra comienza a aparecer a partir indirectamente a partir de algunos secuestros de droga, como ocurrió en julio pasado, en un campo cerca de Roque Saénz Peña, donde se estrelló una avioneta con 324 kilos de cocaína, una aeronave que pertenecía a la flota del Clan Lima Lobo, ligado a Marset en Santa Cruz de la Sierra.
La palabra “Argentina” aparece en la desgrabación de escuchas telefónicas a Marset y a su socio paraguayo Miguel Ángel Insfran. Hablan el 20 de setiembre de 2020 de un supuesto cargamento de cocaína.
“Hasta hoy tenemos 2.800 aparte de los 2.000 de Corso. Tenemos a preparar 1.800 junto con las cargas de Jorge”, enumeró el narco uruguayo. Corso es un tipo de sello que usaba este cartel en los panes de cocaína para enviar al exterior. En esa conversación señaló: “Eso fue pedido por Paraguay, para que revisen en Argentina”. No se logra entender de qué hablan. Pero después Marset envía la captura de pantalla de la calculadora de su celular con la cifra: “1.319.500”, que serían los dólares que ganarían con el embarque.
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La semana pasada, sorprendió el hallazgo de casi media tonelada de cocaína en un barco en uno de los puertos de la localidad de San Lorenzo.
La investigación de la causa Ultranza Py, que se lleva adelante en Paraguay, confirma cómo es el dominio de una ruta clave para la salida de la cocaína que se produce en Bolivia, a través de la hidrovía Paraná Paraguay. Marset y Tío Rico (Isfrán) tenían el control de la logística de este negocio criminal en el Chaco paraguayo, una región poco poblada, limítrofe con Bolivia, donde se detectaron en esta causa más de 700 pistas de aterrizaje.
Isfrán era quien tenía una aceitada logística tanto de la llegada de la cocaína a través de avionetas y luego el traslado de la droga a los puertos, después de acondicionarla para cargarla en contenedores que salían por las terminales cercanas a Asunción, como Villeta. Esos contenedores se cargaban en barcazas que atravesaban más de 1.800 kilómetros por los ríos Paraguay y Paraná y nunca eran controladas.
La hidrovía, una ruta clave para el narcotráfico global
El poder de controlar esta ruta clave de salida al Atlántico establece que el valor del estupefaciente adquiere otro precio cuando llega a destino. El kilo de cocaína en el Chapare, la región del trópico de Cochabamba, dominada por los movimientos cocaleros, donde se produce la cocaína tiene un valor de unos 2.000 dólares. En Europa el precio alcanza los 35.000 dólares, pero si llega a Oceanía, la nueva ruta en auge, el valor puede alcanzar entre los 150.000 y 200.000 dólares.
Marset lograba con su organización colocar la droga en esos países, lo que le dio una espalda económica fenomenal, que mostró en Bolivia, donde se recluyó tras huir de Paraguay, y tras desaparecer de Dubai, donde esa maniobra generó un escándalo político en el gobierno uruguayo, ya que fue quien le suministró un pasaporte legal en ese país de Asia, donde había sido demorado por detectar que se movía con documentación falsa.
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Marset escapó de Santa Cruz de la Sierra en julio de 2023, donde se sospecha, por dichos del propio capo narco, que las autoridades bolivianas le dieron ayuda para fugarse y volver a desaparecer.
El 20 abril de 2020, cuando la ciudad de Rosario estaba desierta por las restricciones para circular por la pandemia, en la isla frente a la ciudad, una avioneta hizo un vuelo rasante y arrojó una bolsa gigante de plástico blanca y verde. Al otro día, un baqueano, en medio de la desolada isla El Chaparro, encontró el bulto, que guardaba 29 panes de cocaína que tenían una marca particular: PCU.
Nadie le dio relevancia a esa sigla “desconocida”, que apareció en ese lugar inhóspito, donde no había testigos, ni ningún sospechoso. Tampoco se investigó con profundidad el “bombardeo de cocaína” en medio de la fragilidad y desconcierto que imponía un país paralizado, en el que la justicia funcionaba también por zoom.
