Seguridad en Santa Fe: la Legislatura escuchará al MPA, al MPD y a la Corte Suprema
La Comisión de Seguridad Pública recibirá a los tres organismos el miércoles 14 de octubre. Unidos busca definir cambios y avanzar hacia la aprobación a fin de mes.
Reforma policial: la Legislatura de Santa Fe suma a la Corte Suprema a la discusión.
El debate por el paquete de leyes de seguridad impulsado por el Gobierno de Santa Fe ingresará la próxima semana en una nueva etapa. Después de la primera ronda de intercambios entre los legisladores de Unidos, la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputadas y Diputados, se reunirá el miércoles 14 de octubre para escuchar las posiciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio Público de la Defensa (MPD) y la Corte Suprema de Justicia, que se sumó a la convocatoria en las últimas horas.
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La instancia forma parte de una ronda de consultas con organismos vinculados al sistema de justicia, con el objetivo de recoger sus observaciones sobre una iniciativa que propone ampliar las facultades policiales, incorporar nuevas herramientas de investigación y modificar distintos aspectos del proceso penal. La intención del oficialismo es avanzar con el tratamiento legislativo para darle aprobación final al proyecto durante la última semana de octubre.
La convocatoria a los tres organismos judiciales se producirá después de una primera semana de conversaciones dentro de Unidos, en la que los bloques comenzaron a analizar posibles modificaciones al texto enviado por el Poder Ejecutivo. Entre los puntos que generan mayor discusión aparecen la posibilidad de tomar declaraciones sin la intervención de un defensor público, los allanamientos sin orden judicial y la creación de zonas de intervención policial especial.
Santa Fe: la reforma que amplía el poder de la Policía llega a una instancia clave
El proyecto de seguridad parte de la premisa de que las herramientas tradicionales del sistema penal presentan limitaciones frente a fenómenos de criminalidad compleja, organizada y violenta. El Ejecutivo plantea, en ese sentido, ampliar las capacidades de investigación y respuesta estatal, con modificaciones que alcanzan distintas etapas del proceso penal.
Uno de los cambios propuestos es la restitución de la declaración informativa para los primeros momentos de una investigación, cuando todavía no estaría definido si una persona debe declarar como imputada o como testigo. A esto se suma la habilitación del interrogatorio policial en las primeras instancias investigativas y la eliminación de la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.
El texto también amplía los supuestos para avanzar con juicios penales en rebeldía. La propuesta establece que el proceso pueda continuar cuando el imputado haya sido debidamente notificado y no se presente, aunque contempla la posibilidad de revisar la condena y regula los casos en los que la persona aparezca posteriormente y justifique su incomparecencia.
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Otro de los capítulos está vinculado con la prueba obtenida durante una investigación. El proyecto incorpora supuestos de validación probatoria como excepción a la regla de exclusión y a su efecto extensivo, con el argumento de otorgar mayor certeza jurídica frente a situaciones en las que una evidencia pueda ser cuestionada por la forma en que fue obtenida.
Allanamientos, derribos y nuevas facultades para la Fiscalía
El proyecto incorpora además nuevos supuestos de allanamiento sin orden judicial, entre ellos los vinculados con el secuestro de armas de fuego y otros materiales controlados en la vía pública. El Ejecutivo sostiene que el objetivo es evitar demoras que puedan favorecer el ocultamiento o la pérdida de evidencia.
Otro punto de la reforma contempla el denominado “derribo por orden fiscal”. El texto propone habilitar a la Fiscalía, en situaciones excepcionales, a disponer la inactivación física de inmuebles destinados al microtráfico y otros delitos, bajo el argumento de que existen casos en los que la intervención estatal no admitiría demoras.
También se busca incorporar un mecanismo para que la Fiscalía pueda disponer mediante decreto determinadas medidas coercitivas no privativas de la libertad. Entre ellas aparecen obligaciones de presentación, restricciones de contacto o circulación, cauciones, vigilancia electrónica y sometimiento a supervisión. La propuesta prevé un control judicial posterior a partir de la posibilidad de oposición del imputado.
A su vez, el Ejecutivo plantea incorporar un procedimiento por decreto penal, inspirado en la legislación alemana, para casos contravencionales y de criminalidad de bajo impacto. Según el proyecto, el mecanismo no se aplicaría a penas de privación efectiva de la libertad y permitiría una revisión judicial a pedido del condenado.
Zonas especiales, inteligencia y régimen penitenciario
Una de las herramientas que puede concentrar parte del debate legislativo es la creación de las “zonas de intervención policial especial”. El proyecto permite que los órganos ejecutivos determinen áreas de intervención a partir de indicadores de criminalidad y establece facultades excepcionales vinculadas con la regulación del espacio público y la circulación de personas.
La iniciativa también modifica el régimen penitenciario para internos que, según la investigación correspondiente, ordenen delitos graves desde las cárceles. Para esos casos se propone un régimen especial que contempla aislamiento extremo y suspensión de las visitas físicas, con mantenimiento del contacto familiar mediante correspondencia sujeta a fiscalización.
En materia de inteligencia, el proyecto incorpora expresamente herramientas de espionaje digital y electrónico al repertorio de actividades del sistema de inteligencia. El Ejecutivo plantea que estas herramientas estén sujetas a las autorizaciones judiciales correspondientes.
El paquete incluye además una ampliación del programa de recompensas, permitiendo que el Poder Ejecutivo realice ofrecimientos con fines preventivos o de seguridad pública, incluso por fuera de una investigación penal. El proyecto menciona entre sus posibles objetivos las políticas de desarme y la recepción de información sobre armas en manos de personas no autorizadas.
