Seguridad en Santa Fe: la Legislatura empieza a discutir el paquete de reformas que impulsa el Gobierno
El oficialismo buscará acordar cambios al proyecto original antes de ampliar la discusión con la oposición, instituciones y organismos especializados.
Reforma de seguridad en Santa Fe: empieza el debate por las nuevas facultades del Estado
El paquete de leyes sobre seguridad enviado por el Gobierno de Santa Fe para ampliar las herramientas del Estado frente al delito comenzará a ser analizado este jueves en la Legislatura. La Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado volverán a sesionar, pero antes de las sesiones se realizarán dos plenarios de comisiones en la Cámara baja para avanzar sobre algunos proyectos que el interbloque de Unidos resolvió abordar.
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Uno de los encuentros estará concentrado en el mensaje del Poder Ejecutivo denominado “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”, una iniciativa que propone modificaciones al régimen procesal penal, al sistema penitenciario, a las actividades de inteligencia, al programa de recompensas y a las facultades policiales en situaciones especiales.
Según fuentes parlamentarias consultadas por AIRE, la primera instancia tendrá como objetivo que el oficialismo de Unidos termine de construir un consenso interno sobre el proyecto. En ese marco, ya se trabaja sobre modificaciones al texto original enviado por el Ejecutivo.
El segundo plenario abordará una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y que establece mecanismos de participación ciudadana, con el objetivo de garantizar el ejercicio de la democracia directa y promover la intervención de la ciudadanía en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas y acciones de gobierno.
Qué propone modificar el Gobierno en materia de seguridad
El proyecto de seguridad parte de la premisa de que las herramientas tradicionales del sistema penal presentan limitaciones frente a fenómenos de criminalidad compleja, organizada y violenta. El Ejecutivo plantea, en ese sentido, ampliar las capacidades de investigación y respuesta estatal, con modificaciones que alcanzan distintas etapas del proceso penal.
Uno de los cambios propuestos es la restitución de la declaración informativa para los primeros momentos de una investigación, cuando todavía no estaría definido si una persona debe declarar como imputada o como testigo. A esto se suma la habilitación del interrogatorio policial en las primeras instancias investigativas y la eliminación de la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.
El texto también amplía los supuestos para avanzar con juicios penales en rebeldía. La propuesta establece que el proceso pueda continuar cuando el imputado haya sido debidamente notificado y no se presente, aunque contempla la posibilidad de revisar la condena y regula los casos en los que la persona aparezca posteriormente y justifique su incomparecencia.
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Otro de los capítulos está vinculado con la prueba obtenida durante una investigación. El proyecto incorpora supuestos de validación probatoria como excepción a la regla de exclusión y a su efecto extensivo, con el argumento de otorgar mayor certeza jurídica frente a situaciones en las que una evidencia pueda ser cuestionada por la forma en que fue obtenida.
Allanamientos, derribos y nuevas facultades para la Fiscalía
El proyecto incorpora además nuevos supuestos de allanamiento sin orden judicial, entre ellos los vinculados con el secuestro de armas de fuego y otros materiales controlados en la vía pública. El Ejecutivo sostiene que el objetivo es evitar demoras que puedan favorecer el ocultamiento o la pérdida de evidencia.
Otro punto de la reforma contempla el denominado “derribo por orden fiscal”. El texto propone habilitar a la Fiscalía, en situaciones excepcionales, a disponer la inactivación física de inmuebles destinados al microtráfico y otros delitos, bajo el argumento de que existen casos en los que la intervención estatal no admitiría demoras.
También se busca incorporar un mecanismo para que la Fiscalía pueda disponer mediante decreto determinadas medidas coercitivas no privativas de la libertad. Entre ellas aparecen obligaciones de presentación, restricciones de contacto o circulación, cauciones, vigilancia electrónica y sometimiento a supervisión. La propuesta prevé un control judicial posterior a partir de la posibilidad de oposición del imputado.
A su vez, el Ejecutivo plantea incorporar un procedimiento por decreto penal, inspirado en la legislación alemana, para casos contravencionales y de criminalidad de bajo impacto. Según el proyecto, el mecanismo no se aplicaría a penas de privación efectiva de la libertad y permitiría una revisión judicial a pedido del condenado.
Zonas especiales, inteligencia y régimen penitenciario
Una de las herramientas que puede concentrar parte del debate legislativo es la creación de las “zonas de intervención policial especial”. El proyecto permite que los órganos ejecutivos determinen áreas de intervención a partir de indicadores de criminalidad y establece facultades excepcionales vinculadas con la regulación del espacio público y la circulación de personas.
La iniciativa también modifica el régimen penitenciario para internos que, según la investigación correspondiente, ordenen delitos graves desde las cárceles. Para esos casos se propone un régimen especial que contempla aislamiento extremo y suspensión de las visitas físicas, con mantenimiento del contacto familiar mediante correspondencia sujeta a fiscalización.
En materia de inteligencia, el proyecto incorpora expresamente herramientas de espionaje digital y electrónico al repertorio de actividades del sistema de inteligencia. El Ejecutivo plantea que estas herramientas estén sujetas a las autorizaciones judiciales correspondientes.
El paquete incluye además una ampliación del programa de recompensas, permitiendo que el Poder Ejecutivo realice ofrecimientos con fines preventivos o de seguridad pública, incluso por fuera de una investigación penal. El proyecto menciona entre sus posibles objetivos las políticas de desarme y la recepción de información sobre armas en manos de personas no autorizadas.
