Tras dos años de medidas excepcionales, Pablo Cococcioni adelantó que la gestión Pullaro evalúa no extender la emergencia en Seguridad.
Pablo Cococcioni consideró que la provincia ingresó en una etapa de “afianzamiento” de sus políticas públicas.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y la diputada provincial Ximena García evaluaron este martes el impacto de la batería de leyes aprobadas por la Legislatura en materia de seguridad pública durante los primeros dos años de gestión de Maximiliano Pullaro.
En ese marco, el funcionario adelantó que el Gobierno analiza no prorrogar la emergencia en seguridad en 2026, al considerar que la provincia ingresó en una etapa de “afianzamiento” de sus políticas públicas.
Tras una reunión de la Comisión de Seguridad Pública, Cococcioni repasó el proceso iniciado en los primeros días del gobierno de Pullaro, cuando el Ejecutivo envió un paquete de diez leyes vinculadas al área. Entre ellas mencionó la ley de ejecución de la pena, reformas al Código Procesal Penal, una nueva ley de inteligencia, cambios en la organización del Ministerio Público de la Acusación y herramientas de medidas alternativas. “Fue un rediseño normativo que nos dio herramientas de excepción para implementar un programa de seguridad que no admitía demoras”, sostuvo.
El ministro detalló además los avances en infraestructura y equipamiento: más de dos mil unidades policiales nuevas entre patrulleros, motos y camionetas; incorporación de personal; reorganización de áreas policiales; reducción de tiempos de respuesta del 911 y un “policiamiento más robusto” en las áreas metropolitanas de Santa Fe y Rosario. También destacó que, desde el inicio de la gestión, cada día ingresan en promedio tres personas más de las que salen del sistema penal, lo que refleja —dijo— una mayor capacidad de respuesta ante el delito.
Respecto del futuro, Cococcioni confirmó que el Gobierno evalúa el curso de la emergencia en seguridad, que finaliza a fin de año. “Entendemos que ya estamos entrando en una etapa de consolidación. Se está hablando incluso de no prorrogar la emergencia, salvo en lo relativo al régimen especial del personal retirado reincorporado, que es un recurso valioso”, adelantó.
Si el Gobierno avanza en ese sentido, las compras y procedimientos administrativos volverán a regirse por los mecanismos ordinarios de la Ley de Administración Financiera, lo que —subrayó— aportará “un plus de transparencia” al gasto en seguridad, uno de los rubros más significativos del presupuesto provincial.
Por su parte, la diputada García destacó que el encuentro permitió repasar cómo fueron implementadas por el Ejecutivo las herramientas normativas sancionadas desde diciembre de 2023. “Fue una reunión muy provechosa, con respuestas concretas y datos claros. Los indicadores de seguridad pública han mejorado significativamente desde el inicio de la gestión”, señaló la legisladora.
García remarcó que las estadísticas del Observatorio de Seguridad Pública muestran una baja histórica del índice de homicidios y que la batería de leyes aprobadas —entre ellas la emergencia, la de microtráfico y otras reformas— “impactaron de forma positiva en la estructura de seguridad”.
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