La cantidad de contagios se aceleró en la Argentina, con días en los que se superan los 16.000 casos diarios.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
La segunda ola de coronavirus comenzó a azotar al país y el Gobierno encendió sus luces de alarma. Con poco más de 16.000 casos el último día de marzo –la cifra más alta desde octubre pasado-, Alberto Fernández enfrenta un dilema difícil de resolver: ¿cómo atenuar el impacto de la segunda ola sin retornar a las fases más restrictivas de la cuarentena para no agudizar el malhumor social en pleno año electoral?
El presidente decidió que por el momento no se impondrá el retorno a la fase uno de la cuarentena y, con ella, el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO): la economía, ya resentida con una caída del 10% del PBI el año pasado y el consiguiente aumento de la pobreza (42% en el segundo semestre de 2020), no lo soportaría. Además, una parálisis total de las actividades implicaría reeditar los planes de emergencia del año pasado –IFE y ATP- y el Estado no está en condiciones de afrontar otro nuevo desembolso multimillonario en subsidios.
En el entorno de presidente aseguran que todas las restricciones se tomarán en los distritos: ciudad de Buenos Aires y todas las provincias y municipios. Nada será ordenado por Alberto Fernández mediante un DNU como era en 2020. “Ya tienen los distritos las herramientas con los decretos que ya sacamos”, asevera uno de los funcionarios más cercanos al jefe del Estado. Una vez más, el presidente no quiere asumir costos electorales por la pandemia.
En este contexto se inscribe la reunión entre Fernández y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, este fin de semana. El presidente quiere recrear la foto conjunta con Larreta para tomar decisiones compartidas en conjunto y coparticiparlo en las responsabilidades. Aspira a que las decisiones futuras ante la segunda ola de la pandemia sean coordinadas entre la Nación, la provincia de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof y la Ciudad. La apuesta es restringir por distritos, según la evolución de los contagios, las actividades recreativas, las reuniones sociales y el transporte. Y fundamentalmente apretar más el cerrojo sobre la actividad nocturna.
La oposición de Juntos por el Cambio desconfía: Fernández no es aquel hombre moderado y dialoguista de principios del año pasado, en el inicio de la pandemia en el país, sino un presidente radicalizado y recostado sobre el poder de Cristina Kirchner. El kirchnerismo ya les tendió una trampa el jueves pasado cuando convocó al jefe del bloque de PRO, Cristian Ritondo, y al intendente de la localidad bonaerense de Vicente López, Jorge Macri, a la Casa Rosada: el motivo del encuentro era discutir un convenio sobre obras públicas en la provincia de Buenos Aires, pero luego el aparato comunicacional del Gobierno difundió que, durante esa reunión, se había alcanzado un acuerdo para postergar las primarias y las elecciones generales por un mes.
Los líderes de Juntos por el Cambio salieron rápidamente a desmentir ese acuerdo. Rodríguez Larreta canceló la reunión con Alberto Fernández prevista para el jueves pasado y la postergó para el fin de semana. Las sospechas y los recelos mutuos están a la orden del día. En la oposición creen que detrás de estos intentos del Gobierno por acercarse a la oposición subyacen otros fines: Máximo Kirchner está obsesionado con obtener el apoyo de Juntos por el Cambio en la negociación de la Argentina con el FMI. Cristina Kirchner quiere presionar al FMI para que alargue de 10 a 20 años los plazos para pagar la deuda y Máximo pretende exhibir el aval opositor a esa exigencia. Hasta ahora no tuvo mayor éxito.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, insiste en seguir negociando con el FMI: romper con el principal organismo financiero internacional haría disparar el dólar. El atraso cambiario es la principal herramienta a la que apela el Gobierno para contener el alza de precios. Una estrategia que, hasta ahora, se mostró esquiva. En el Gobierno predomina una fuerte preocupación por el recalentamiento en los precios. Según trascendió del Indec, en marzo la inflación podría rondar el 4,2%.
Guzmán pide una tregua y asevera que, al final del año, se cumplirá con la pauta anual del 29% de inflación prevista en el Presupuesto. Un objetivo difícil de alcanzar pese a la confianza del ministro.
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