Cuatro efectivos policiales que fueron condenados por el secuestro y tortura de trabajadores de Laguna Paiva durante los años 80 recibieron la libertad condicional.
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
Este viernes por la mañana, las organizaciones de derechos humanos de Santa Fe se concentraron frente al Tribunal Oral Federal de Santa Fe para repudiar la libertad condicional a favor de cuatro expolicías de Santa Fe condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar: Eduardo Riuli, Fernando Mendoza, Rubén Insaurralde y Antonio González.
Los cuatro exagentes de la Policía provincial fueron condenados el pasado 7 de julio a diferentes penas en el marco de la causa denominada Chartier, que investigó el secuestro y la tortura de trabajadores de Laguna Paiva durante los años 80.
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Las penas impuestas por los jueces fueron: 16 años de prisión para Germán Chartier, seis para Eduardo Riuli, cinco para Fernando Mendoza, seis para Rubén Insaurralde, cinco para Antonio González y cinco años para Omar Molina. Todos ellos, integrantes del Servicio de Inteligencia D2.
Excepto Chartier y Molina (cuyo beneficio también está en trámite y podría resolverse la semana que viene), todos los demás recibieron el beneficio de la libertad condicional pese a la gravedad de los delitos cometidos.
Según pudo saber Aire Digital, los argumentos del TOF para otorgar el beneficio a los condenados es que entre las prisiones preventivas cumplidas antes de la condena, los acusados cumplieron dos tercios de la misma. Vale precisar que ese beneficio pudo ser analizado debido a las bajas penas que dispuso el tribunal. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario (APDH) había apelado las bajas condenas y, ahora, apeló las libertades condicionales otorgadas.
En diálogo con Aire Digital, Mario Páez, hijo de una de las víctimas de los secuestros y torturas (Catalino Páez), expresó su malestar y decepción por la decisión de los magistrados, que fue acompañada por el fiscal federal, Martín Suárez Faisal. “Esto significa garantizar la impunidad de esta gente. Ellos secuestraron, mataron y ahora tienen el beneficio de seguir paseando por la ciudad como si no hubiera pasado nada”, dijo Páez.
Los exuniformados fueron condenados por los delitos de secuestros y torturas de trabajadores de la localidad de Laguna Paiva. En algunos casos, se trata de trabajadores del frigorífico Nelson, otros de la metalúrgica y el resto de los ferrocarriles de Laguna Paiva.
Además, también fueron detenidos ilegalmente y sometidos a torturas familiares de los secuestrados. Las víctimas fueron: Arnaldo Catalino Páez, Juana Tomasa Medina de Páez, Mario Ángel Páez, Daniel Emilio Acosta, Juan Anselmo Miranda, Pedro Pablo Moncagatta, Juan Carlos Sánchez, Hugo Alberto Silva, Ricardo Nicolás Galván, Juan Carlos Oliver y Roberto Manuel Soria.
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Mario Páez le contó a Aire Digital el infierno por el que le tocó atravesar. “Mi papá era delegado del frigorífico de Nelson y luego de ver las injusticias que sufrían los trabajadores, empezó a militar. Lo hacía en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), y trabajaban en conjunto con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)”. Él, su padre y su madre fueron secuestrados el 15 de febrero de 1980 en la provincia de Buenos Aires. Su padre estuvo detenido en la Guardia de Infantería de Santa Fe, en el penal de Coronda, en una cárcel de Buenos Aires y en la ciudad de Rawson. Fue liberado en democracia, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín.
Mario tuvo que soportar episodios de tortura tanto física como psicológica. Separado de sus padres, le tocó cumplir sus 15 años detenido ilegalmente. Como si eso fuera poco, fue testigo directo de cómo oficiales de la policía torturaban a su mamá, embarazada. Mario estuvo detenido algo más de un mes en el D2, ubicado en Obispo Gelabert y San Martín.
“Cuando a mi mamá la trasladaron conmigo al D2, empecé a sufrir la doble tortura. Era un chico de 15 años, secuestrado, me torturaron y además, vi directamente cómo la torturaban a mi mamá, embarazada. Muchas veces veía cómo la pateaban en el suelo”, relató Mario.
Desde la APDHresaltaron que “las penas condenatorias escogidas por el tribunal santafesino - graduadas entre 5 a 6 años y medio de prisión- fueron extremadamente bajas en relación con la gravedad de los delitos acreditados: privaciones ilegales de la libertad agravadas y torturas agravadas en un contexto de Terrorismo de Estado" y agregaron: “escasas penas, que no se corresponden con los delitos cometidos y la crueldad propia del plan sistemático de represión que se instauró en nuestro país durante el terrorismo de Estado”.
“Estas vergonzantes condenas, alejan a nuestro país de las obligaciones internacionales asumidas en materia de juzgamiento y sanción adecuada. Más aún si el propio tribunal las usa de fundamento para otorgar las libertades condicionales que denunciamos”, aseguraron.
En tal sentido, se preguntan: “si el máximo de la escala penal no se pensó para estos delitos, ¿para cuales se reserva?”.
Sobre el particular caso de Eduardo Enrique Riuli -uno de los mayores represores de Laguna Paiva- los organismos de derechos humanos advirtieron que la mayoría de las víctimas-sobrevivientes se encuentran en la pequeña localidad (13 mil habitantes aproximadamente), conviviendo con el represor condenado, responsable del padecimiento de secuestros y torturas sobre familias enteras, constituyendo una prolongación del terror e impunidad que resultan intolerables, lesionando sin lugar a duda el psiquismo de las mismas. “Una clara revictimización de los sobrevivientes del genocidio”, aseguran.
El juicio Laguna Paiva que se desarrolló entre Mayo y Julio de 2021, en principio tenía 12 víctimas dentro del “objeto” del proceso, la mayoría militantes del PRT-ERP, trabajadores del frigorífico de Nelson. Sobre este punto, la APDH sostuvo que el número de víctimas escapó a todas luces a la verdadera magnitud de la cantidad de personas que en realidad sufrieron el accionar genocida, ya que a partir del debate se constató una particularidad: la crueldad y el terrorismo de Estado sobre 16 niñas y niños: hijos y sobrinos de Catalino Páez.
“Les niñes fueron víctimas de secuestros, torturas y abandono de personas. Solo uno de ellos fue objeto del pasado juicio. A raíz de sus testimonios, nace la obligación estatal de investigar y sancionar de manera urgente los nuevos hechos que han surgido del debate oral”, explicaron a la vez que indicaron que Eduardo Riuli fue condenado por tres casos y actualmente la querella solicita se lo indague por 23 hechos nuevos.
Por tal motivo, se solicitó un nuevo pedido de indagatorias y prisión preventiva de los represores Eduardo Riuli, Rubén Insaurralde, Sebastián Mendoza, Antonio González, Germán Chartier, Omar Molina y Víctor Brusa.
“Un pedido que da cuenta de la magnitud que en realidad tuvo este caso y que la justicia tiene el deber de traducir jurídicamente el horror que toda la sociedad ha escuchado, rompiendo la impunidad sobre una multiplicidad de hechos sin juzgar”, concluyeron desde la APDH.
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