El 24 de marzo de 1976 comenzaba una de las etapas más oscuras de la historia argentina: el denominado Proceso de Reorganización Nacional, donde el gobierno quedó en manos de las fuerzas armadas.
Un juicio con fecha de inicio ya estipulada, otros nueve a la espera de avances y más de 20 procesos en trámite es el estado actual de las causas por delitos de lesa humanidad en Santa Fe.
Maiquel Torcatt / Aire Digital Dicho “proceso” dejó graves consecuencias en materia social, económica, cultural y de derechos humanos. En lo que hace a la economía, el saldo fue la destrucción de la industria, la caída abrupta de los puestos de trabajo y un incremento desaforado de la deuda externa; en lo social, la ruptura del tejido social fue contundente. Pero en cuanto a los derechos humanos, las consecuencias fueron atroces: centros clandestinos de detención donde se practicaban diferentes métodos de torturas, personas desaparecidas, asesinatos, secuestros de bebés, adulteración de identidades y hasta vuelos de la muerte, en los que personas sedadas eran arrojadas desde los aviones de las fuerzas represivas.
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Durante estos 45 años de democracia, y gracias al incesante trabajo de las diversas organizaciones de Derechos Humanos del país, entre las que se destacan las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, se logró que muchos militares se hayan sentado en el banquillo de los acusados y hayan recibido condena. En los últimos 15 años muchas causas que estaban trabadas en el ámbito judicial lograron avanzar y muchos represores fueron condenados.
Según pudo saber Aire Digital, en la actualidad en Santa Fe se encuentran en pleno proceso de avance unas 30 causas por delitos de lesa humanidad.
Desde la Fiscalía Federal, a cargo de Martín Suárez Faisal, se informó que el próximo 8 de abril comenzará el debate en el juicio donde se encuentran imputados los ex policías provinciales Eduardo Riuli, Fernando Mendoza, Rubén Insaurralde, Antonio González, Omar Molina y Germán Chartier, por delitos cometidos en 1980 en la localidad de Laguna Paiva y en el centro clandestino de detención D-2, ubicado en San Martín y Obispo Gelabert.
En cuanto a los delitos cometidos en la localidad de Laguna Paiva, se sabe que, al menos, fueron 11 las víctimas: Arnaldo Catalino Páez, Juana Tomasa Medina de Páez, Mario Ángel Páez, Daniel Emilio Acosta, Juan Anselmo Miranda, Pedro Pablo Moncagatta, Juan Carlos Sánchez, Hugo Alberto Silva, Ricardo Nicolás Galván, Juan Carlos Oliver y Roberto Manuel Soria.
Además, el pasado 18 de marzo, el Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio de la causa que tiene como uno de los principales acusados al Teniente Carlos Pavón, junto con los policías de la provincia de Santa Fe Ricardo Ferreyra, Germán Chartier, Carmelo Rolón, Luis Pavan, Enrique Nardi y Tomás Ramos, y de la Policía Federal Miguel Slattery. Es por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados y allanamientos ilegales.
En esta causa, los represores son acusados de cometer delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido mediante la utilización de violencias y amenazas, y tormentos agravados por haberse cometido contra perseguidos políticos.
Vale destacar que Pavón ya fue condenado en la causa denominada Causa acumulada o Megacausa. El 28 de abril de 2016, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Santa Fe condenó a los imputados en el juicio por delitos de lesa humanidad denominado “Megacausa” o “Causa Acumulada”. En el proceso fueron juzgados el ex juez de Menores de Santa Fe, Luis María Vera Candioti, los tenientes coroneles retirados Domingo Morales y Jorge Roberto Diab, el coronel retirado Carlos Enrique Pavón y el comisario retirado Juan Calixto Perizzotti.
Pavón fue condenado por los delitos de retención y ocultamiento de un menor de 10 años de edad, alteración y supresión del estado civil de un menor de diez años y falsificación ideológica de documento público, cometidos en perjuicio de María Carolina Guallane (Paula Cortassa).
Ocho causas en espera del juicio y 20 en trámite
Según informó la Fiscalía federal, hay ocho causas que están a la espera de juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe y otras 20 en instrucción (investigación) se encuentran en trámite unas 20 causas donde se investigan delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico militar.
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Entre esas causas se investiga las desapariciones de José Manfredi, Ricardo Corelli, Roberto Sorba, Héctor Bertona, Ricardo Nicolini y Orlando Trujillo, y de los conscriptos Francisco Lera y Omar Enrico. En estos procesos no se encuentran personas imputadas.
Urquía y Zamaro
Asimismo, se investigan numerosas privaciones ilegitimas de la libertad y tormentos de militantes políticos, como también los homicidios de las abogadas Marta Zamaro y Nilsa Urquía, ocurridos el 14 de noviembre de 1974.
Nilsa Urquía y Marta Zamaro fueron militantes del PRT-ERP en Santa Fe y vivían juntas. Ambas pertenecieron a la llamada "Asociación de Abogados" de Santa Fe.
Marta Zamaro y Nilsa Urquía fueron secuestradas el 14 de noviembre de 1974, en la casa que compartían en la ciudad de Santa Fe. Dos días después aparecieron sus cuerpos flotando en el arroyo Cululú, a unos 12 km de la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias de la Provincia de Santa Fe. Marta tenía 29 años y Nilsa 32.
Entrevista a la secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, Lucía Puyol, en Aire de Santa Fe
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