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Política Derechos Humanos | Santa Fe | dictadura

Buscan transferir a la provincia de Santa Fe el dominio del campo militar San Pedro

Se trata de un proyecto de ley que ingresó este martes al Congreso de la Nación. El predio está en manos del gobierno nacional. Se busca que sea un sitio de la memoria, un espacio de búsqueda de personas desaparecidas e instalar una escuela de Ciencias Forenses.

En vísperas de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, en el Congreso de la Nación se presentó en la mañana de este martes un proyecto que busca pasar a la órbita de la provincia de Santa Fe la administración del Campo militar San Pedro, ubicado en la localidad de Campo Andino, muy cerca de Laguna Paiva. Se trata del reimpulso de una iniciativa que había presentado, en 2019, la entonces diputada nacional y hoy ministra de Infraestructura de Santa Fe, Silvina Frana.

Dicho predio, que hoy es propiedad del Estado Nacional, tiene vital importancia para las investigaciones que se llevan a cabo con la finalidad de establecer culpabilidades y responsabilidades en la violación sistemática de los derechos humanos que se cometieron durante los años de plomo en Argentina. Es que allí funcionó un centro clandestino de detención y de exterminio. En 2010, por ejemplo, el Equipo Argentino de Antropología Forense descubrió una fosa común donde se hallaron restos de ocho personas desaparecidas en la dictadura.

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En una labor conjunta entre la diputada nacional por Santa Fe, Josefina González, integrante de la comisión de Derechos Humanos y Garantías, y la diputada nacional por Buenos Aires, Cecilia Moreau, integrante de la comisión de Legislación general, se propone transferir a título gratuito el predio a la provincia de Santa Fe.

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Dicho predio, que hoy es propiedad del Estado Nacional, tiene vital importancia para las investigaciones que se llevan a cabo con la finalidad de establecer culpabilidades y responsabilidades en la violación sistemática de los derechos humanos.

Dicho predio, que hoy es propiedad del Estado Nacional, tiene vital importancia para las investigaciones que se llevan a cabo con la finalidad de establecer culpabilidades y responsabilidades en la violación sistemática de los derechos humanos.

Campo militar San Pedro es un predio de 2119 hectáreas, de las cuales 800 hectáreas son tierra firme y el resto son zonas parcialmente inundables por la Laguna Setúbal. También hay áreas de monte bajo. Fue concebido originariamente como lugar de prácticas y maniobras militares pero también ha estado bajo la explotación agrícola y ganadera, lo que alteró las características que tenía en la época de la dictadura. Tiene dependencia directa del Comando de Artillería 121, correspondiente al segundo cuerpo de Ejército, con sede en la ciudad de Rosario.

El objetivo de transferir el predio a la provincia de Santa Fe es que el campo San Pedro sea declarado espacio de la memoria y que se instale una escuela en Ciencias Forenses para Unidades de Búsqueda de Personas Desaparecidas como así también llevar a cabo iniciativas educativas y de investigación relacionadas con la temática de los derechos humanos. Además, deberá ser un espacio dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas.

En los fundamentos del proyecto, las legisladoras González y Moreau hacen hincapié en la necesidad de transferir el predio a la órbita provincial para facilitar las investigaciones judiciales y para evitar que campo San Pedro vuelva a manos del Ejército, lo que entorpecería dichos procesos.

“En ese centro clandestino estuvieron detenidas no menos de 40 personas que permanecen aún desaparecidas y de las que no se conoce su destino final. Los desaparecidos de la ciudad de Rosario son más de 500 personas. Similar situación se presenta con alrededor de 50 militantes políticos detenidos-desaparecidos asesinados en la ciudad de Santa Fe, de los que no se conoce aún su destino final”, explican las diputadas en el proyecto.

En ese sentido, advierten que “en este marco es que adquieren relevancia las investigaciones que se realizan en el Campo San Pedro. Según varios testimonios que constan en expedientes de la justicia federal, existirían otras fosas con cuerpos inhumados ilegalmente en distintos puntos del predio”.

Los trabajos que llevan a cabo los organismos de derechos humanos, la justicia e instituciones como el Equipo Argentino de Antropología Forense son claves ante el pacto de silencio existente entre los genocidas que participaron en distintos aspectos en los procesos de detenciones, ejecuciones ilegales y posterior ocultamiento de los cuerpos.

El proyecto también tiene como antecedente fundamental el anteproyecto “Espacio de Memoria Campo San Pedro” impulsado por el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia, la Secretaría de Derechos humanos de la Provincia de Santa Fe y el Equipo Argentino de Antropología Forense, Ex Presos Políticos de Laguna Paiva, Municipalidad de Laguna Paiva y las Comunas de Campo Andino, Nelson, Arroyo Aguiar, Recreo y Monte Vera, todas ellas del Departamento La Capital de la Provincia de Santa Fe.

En 2011 se sancionó la Ley Nacional 26691 de “Preservación, Señalización, y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado”, que dio el marco institucional necesario para el desarrollo de una política específica en la materia en todo el territorio nacional. Con posterioridad el Campo San Pedro fue declarado Sitio de Memoria por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

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Los trabajos que llevan a cabo los organismos de derechos humanos, la justicia e instituciones como el Equipo Argentino de Antropología Forense son claves ante el pacto de silencio existente entre los genocidas.

Los trabajos que llevan a cabo los organismos de derechos humanos, la justicia e instituciones como el Equipo Argentino de Antropología Forense son claves ante el pacto de silencio existente entre los genocidas.

Hallazgo de desaparecidos en Campo San Pedro

El 4 de junio de 2010 el Equipo Argentino de Antropología Forense halló una fosa clandestina con restos de ocho militantes desaparecidos por la dictadura, en base a una denuncia realizada por organismos de Derechos Humanos de Santa Fe.

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Dicha denuncia fue radicada en abril de 2007 por la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe, que integran Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Fue el juez federal Francisco Miño quien convocó al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para realizar una prospección arqueológica en el campo San Pedro, con el objetivo de localizar posibles inhumaciones clandestinas de la dictadura y en su caso, identificar los restos humanos".

A partir de esta denuncia y como resultado de las investigaciones realizadas por el EAAF y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, en el año 2010 se halló una fosa común con los restos de cinco hombres y tres mujeres asesinados por la dictadura cívico militar.

Entre los identificados se encuentran Oscar Federico Winkelmann, María Esther Ravelo, María Isabel Salinas de Bosso, Carlos Alberto Bosso, Gustavo Adolfo Pon y Miguel Ángel D’Andrea. Aún restan por identificar dos de los restos encontrados. Se trata de militantes políticos secuestrados en la ciudad de Rosario y que estuvieron detenidos en 1977 en el centro clandestino de detención conocido como “La Calamita” en la localidad de Granadero Baigorria.

En septiembre de 2020, organismos de Derechos Humanos lograron ingresar al campo con un testigo que prefirió no revelar su identidad, y en una caminata en el monte indicó varios lugares en los que podría haber fosas de enterramiento clandestino. Las mismas se georreferenciaron e informaron al Juzgado. En este caso el ingreso al predio se hizo con un permiso especial que otorgó el Juez Marcelo Bailaque (que subroga el Juzgado Federal N° 2) por pedido del EAAF.

Tecnología LIDAR

En enero del 2021, Aire Digital informaba que iban a desarrollarse nuevas inspecciones en el campo San Pedro en las que se utilizará tecnología de avanzada para determinar si hubo otras fosas clandestinas.

En diálogo exclusivo con Aire Digital, Juan Carlos Nóbile, investigador del Equipo Argentino de Antropología Forense explicó la metodología, comentó los objetivos y reconoció la expectativa que genera estos tipos de iniciativas.

“Lo que estamos probando es un aparato que se llama LIDAR, lo que hace es, a grandes rasgos, escanear el terreno desde el aire. De alguna manera lo que se busca es tener un recorrido amplio y minucioso del terreno y a partir de ahí se detectan puntos de interés para nuestros objetivos de excavación”, precisó Nóbile.

El instrumento tecnológico busca rasgos del terreno que permitan detectar indicios compatibles con fosas clandestinas, como depresiones en el suelo, acumulación de tierra o cambios en la vegetación en determinado sector.

“Lo que permite el aparato es hacer este trabajo en grandes extensiones”, sostuvo el investigador quien a su vez advirtió que el dispositivo “no detecta fosas comunes sino que la información que nos provee el sistema requiere una interpretación posterior que nos va a dar puntos de interés para ir a excavar”.

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Campo de Mayo, San Pedro, La Perla y Tucumán, serán los relevamientos que se realizarán este 2021.

Campo de Mayo, San Pedro, La Perla y Tucumán, serán los relevamientos que se realizarán este 2021.

Campo de Mayo, San Pedro, La Perla y Tucumán, serán los relevamientos que se realizarán este 2021. "Sobre todo los centros clandestinos de detención y que de alguna manera han tenido fosas clandestinas de inhumación de víctimas del terrorismo de Estado", precisó el investigador.

Nóbile explicó cuáles son los pasos a seguir, una vez que se determinó algún punto de interés en el terreno. “Primero se hace el recorrido, la interpretación de esos datos lleva unos meses y luego, una vez que tenemos los puntos de interés, vamos a las excavaciones”, dijo y agregó que “una vez que tenemos el informe elaborado con los puntos de interés, informamos al Juzgado Federal N° 2, y vamos a hacer excavaciones”.

En el caso de que se encuentren restos óseos, dicha información es cotejada con el Banco Genético de familiares de personas desaparecidas. “Todos los restos óseos que hallamos tratamos de sacar datos genéticos y se hace la comparación”, dijo el investigador del EAAF, quien reiteró que “vamos a buscar víctimas y desaparecidos del terrorismo de Estado, fundamentalmente de la década del 70”.