Este miércoles, el Tribunal Federal Oral de Santa Fe condenó a seis expolicías de la provincia de Santa Fe en la causa llevada a cabo por el secuestro y tortura de trabajadores de Laguna Paiva a principios de la década del 80, últimos años de la dictadura cívico militar.
Las penas impuestas por los jueces son: 16 años de prisión para Germán Chartier, seis para Eduardo Riuli, cinco para Fernando Mendoza, seis para Rubén Insaurralde, cinco para Antonio González y cinco años para Omar Molina. Todos ellos, integrantes del Servicio de Inteligencia D2.
En diálogo con Aire Digital, los organismos de Derechos Humanos de Santa Fe manifestaron su conformidad con la condena para los integrantes de la policía pero no así con las penas impuestas por el TOF. “Salvo la de Chartier, son penas muy bajas”, aseguraron.
Durante las audiencias, se esperaba que declaren unos 57 testigos pero el contexto de pandemia no lo permitió y la lista de testigos e inspecciones oculares a determinados lugares se limitaron.
La causa tuvo nueve querellantes y estuvieron patrocinados por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) de Rosario, con la dirección de la abogada Norma Ríos. El fiscal federal de la causa fue Martín Suárez Faisal.
Los exuniformados fueron condenados por los delitos de secuestros y torturas de trabajadores de la localidad de Laguna Paiva. En algunos casos, se trata de trabajadores del frigorífico Nelson, otros de la metalúrgica y el resto de los ferrocarriles de Laguna Paiva.
Además, también fueron detenidos ilegalmente y sometidos a torturas familiares de los secuestrados. Las víctimas fueron: Arnaldo Catalino Páez, Juana Tomasa Medina de Páez, Mario Ángel Páez, Daniel Emilio Acosta, Juan Anselmo Miranda, Pedro Pablo Moncagatta, Juan Carlos Sánchez, Hugo Alberto Silva, Ricardo Nicolás Galván, Juan Carlos Oliver y Roberto Manuel Soria.
En diálogo con Aire Digital, Mario Páez, hijo de Catalino -una de las víctimas de secuestro y torturas- recordó el infierno por el que le tocó atravesar. “Mi papá era delegado del frigorífico de Nelson y luego de ver las injusticias que sufrían los trabajadores, empezó a militar. Lo hacía en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), y trabajaban en conjunto con el Ejército Revolucionario del Pueblo (RRP)”.
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Mario comentó que él, su padre y su madre fueron secuestrados el 15 de febrero de 1980 en la provincia de Buenos Aires. Su padre estuvo detenido en la Guardia de Infantería de Santa Fe, en el penal de Coronda, en una cárcel de Buenos Aires y en la ciudad de Rawson. Fue liberado en democracia, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín.
Mario tuvo que soportar episodios de tortura tanto física como psicológica. Separado de sus padres, le tocó cumplir sus 15 años detenido ilegalmente. Como si eso fuera poco, fue testigo directo de cómo oficiales de la policía torturaban a su mamá, embarazada. Mario estuvo detenido algo más de un mes en el D2, ubicado en Obispo Gelabert y San Martín.
“Cuando a mi mamá la trasladaron conmigo al D2, empecé a sufrir la doble tortura. Era un chico de 15 años, secuestrado, me torturaron y además, vi directamente cómo la torturaban a mi mamá, embarazada. Muchas veces veía cómo la pateaban en el suelo”, relató Mario.
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