Desde este jueves y hasta por lo menos el mes de junio, se juzgará en la ciudad de Santa Fe a seis expolicías provinciales por delitos de lesa humanidad cometidos contra 11 personas de la localidad de Laguna Paiva en 1980, en plena dictadura cívico militar.
Las audiencias se desarrollarán en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe y se espera que declaren unos 57 testigos. La causa tiene nueve querellantes y están patrocinados por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) de Rosario, con la dirección de la abogada Norma Ríos. El fiscal federal de la causa es Martín Suárez Faisal.
Los exagentes policiales, integrantes del Servicio de Inteligencia D2, que serán juzgados son: Eduardo Riuli, Fernando Mendoza, Rubén Insaurralde, Antonio González, Omar Molina y Germán Chartier.
Leer más ► A 45 años del inicio de la dictadura, más de 30 causas judiciales están en marcha en Santa Fe
Los exuniformados serán juzgados por los delitos de secuestros y torturas de trabajadores de la localidad de Laguna Paiva, perpetrados durante el mes de febrero de 1980. En algunos casos, se trata de trabajadores del frigorífico Nelson, otros de la metalúrgica y el resto de los ferrocarriles de Laguna Paiva. Además, también fueron detenidos ilegalmente y sometidos a torturas familiares de los secuestrados. Las víctimas fueron: Arnaldo Catalino Páez, Juana Tomasa Medina de Páez, Mario Ángel Páez, Daniel Emilio Acosta, Juan Anselmo Miranda, Pedro Pablo Moncagatta, Juan Carlos Sánchez, Hugo Alberto Silva, Ricardo Nicolás Galván, Juan Carlos Oliver y Roberto Manuel Soria.
En diálogo con Aire Digital, Mario Páez, hijo de Catalino -una de las víctimas de secuestro y torturas- recordó el infierno por el que le tocó atravesar. “Mi papá era delegado del frigorífico de Nelson y luego de ver las injusticias que sufrían los trabajadores, empezó a militar. Lo hacía en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), y trabajaban en conjunto con el Ejército Revolucionario del Pueblo (RRP)”.
Mario comentó que él, su padre y su madre fueron secuestrados el 15 de febrero de 1980 en la provincia de Buenos Aires. Su padre estuvo detenido en la Guardia de Infantería de Santa Fe, en el penal de Coronda, en una cárcel de Buenos Aires y en la ciudad de Rawson. Fue liberado en democracia, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín.
Mario tuvo que soportar episodios de tortura tanto física como psicológica. Separado de sus padres, le tocó cumplir sus 15 años detenido ilegalmente. Como si eso fuera poco, fue testigo directo de cómo oficiales de la policía torturaban a su mamá, embarazada. Mario estuvo detenido algo más de un mes en el D2, ubicado en Obispo Gelabert y San Martín.
“Cuando a mi mamá la trasladaron conmigo al D2, empecé a sufrir la doble tortura. Era un chico de 15 años, secuestrado, me torturaron y además, vi directamente cómo la torturaban a mi mamá, embarazada. Muchas veces veía cómo la pateaban en el suelo”, relató Mario.
Mario declarará este jueves, desde las 9 de la mañana, en el TOF, ubicado en San Jerónimo y Primera Junta.
Al cumplirse 45 años de democracia, Aire Digital informó que gracias al incesante trabajo de las diversas organizaciones de Derechos Humanos del país, entre las que se destacan las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, se logró que muchos militares se hayan sentado en el banquillo de los acusados y hayan recibido condena.
En los últimos 15 años muchas causas que estaban trabadas en el ámbito judicial lograron avanzar y muchos represores fueron condenados. En la actualidad, en Santa Fe se encuentran en pleno proceso de avance unas 30 causas por delitos de lesa humanidad, una de ellas, la emblemática causa de Laguna Paiva.
Además, el pasado 18 de marzo, el Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio de la causa que tiene como uno de los principales acusados al Teniente Carlos Pavón, junto con los policías de la provincia de Santa Fe Ricardo Ferreyra, Germán Chartier, Carmelo Rolón, Luis Pavan, Enrique Nardi y Tomás Ramos, y de la Policía Federal Miguel Slattery. Es por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados y allanamientos ilegales.
Según informó la Fiscalía federal, hay ocho causas que están a la espera de juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe y otras 20 en instrucción (investigación) se encuentran en trámite unas 20 causas donde se investigan delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico militar.
Leer más ► Buscan transferir a la provincia de Santa Fe el dominio del campo militar San Pedro
Entre esas causas se investiga las desapariciones de José Manfredi, Ricardo Corelli, Roberto Sorba, Héctor Bertona, Ricardo Nicolini y Orlando Trujillo, y de los conscriptos Francisco Lera y Omar Enrico. En estos procesos no se encuentran personas imputadas.
Asimismo, se investigan numerosas privaciones ilegitimas de la libertad y tormentos de militantes políticos, como también los homicidios de las abogadas Marta Zamaro y Nilsa Urquía, ocurridos el 14 de noviembre de 1974. Nilsa Urquía y Marta Zamaro fueron militantes del PRT-ERP en Santa Fe y vivían juntas.
Ambas pertenecieron a la llamada "Asociación de Abogados" de Santa Fe. Marta Zamaro y Nilsa Urquía fueron secuestradas el 14 de noviembre de 1974, en la casa que compartían en la ciudad de Santa Fe. Dos días después aparecieron sus cuerpos flotando en el arroyo Cululú, a unos 12 km de la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias de la Provincia de Santa Fe. Marta tenía 29 años y Nilsa 32.
Te puede interesar
