Durante los años de represión, en dicho predio funcionó uno de los tantos centros clandestinos de detención donde se torturó a cientos de personas. Incluso, se encontraron fosas comunes con restos de ocho desaparecidos.
En el marco de la conmemoración de los 45 años del inicio de la dictadura cívico militar en Argentina, en marzo del 2021, volvió a ingresar al Congreso de la Nación un proyecto de ley que busca transferir a la órbita de la provincia de Santa Fe el predio militar San Pedro, ubicado en la localidad de Campo Andino, muy cerca de Laguna Paiva.
Durante los años de represión, en dicho predio funcionó uno de los tantos centros clandestinos de detención donde se torturó a cientos de personas. Incluso, se encontraron fosas comunes con restos de ocho desaparecidos.
En julio del 2021, los organismos de derechos humanos tomaron conocimiento de un hecho que los puso en alerta: gestiones a nivel judicial y administrativa del Jefe del Batallón de Ingenieros 1 de Santa Fe destinadas a conseguir autorización para realizar tareas de adiestramiento militar y en tareas de apoyo a la comunidad en sectores del Campo San Pedro. “Si bien el juzgado no les hizo lugar en principio, el tema no tiene una resolución definitiva”, advirtieron los organismos. Por esta situación, reiteran la necesidad de avanzar con el traspaso del manejo del predio a la provincia de Santa Fe.
En junio de 2010, el Equipo Argentino de Antropología Forense halló una fosa clandestina en pleno monte del campo militar. Este hallazgo significó un antes y un después para ese predio.
Desde el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia explicaron que “los huesos de los compañeros y compañeras asesinadas, algunos con agujeros de bala en el cráneo, fueron encontrados sin ropa, al estilo nazi, y en posiciones disímiles como si los cuerpos hubiesen sido directamente tirados ahí; y cubiertos por cal”.
Por tal motivo, advierten, que “no parece casual que unos meses antes del hallazgo, un grupo de oficiales que había ingresado al campo en un vehículo militar, en plena etapa de búsqueda, les dijo a los antropólogos que si encontraban cal no se sorprendieran, porque ellos solían utilizarla en los baños de campaña”. No fue la única vez que los militares violaron la orden judicial que les impedía el ingreso al campo, ya que en otra oportunidad sobrevolaron el lugar que era investigado, con un avión militar en una clara actitud intimidatoria.
Entre los ocho cuerpos de militantes encontrados en el predio de San Pedro estaba el de María Esther Ravelo, la “cieguita”, tal como lo había dicho el exrepresor Eduardo Costanzo; quien también informó al juez que al llamado “campo de Rolón” habían llevado 27 prisioneros, de modo que al menos falta encontrar e identificar a 19. “Hay testimonios sobre muchos más prisioneros secuestrados que fueron llevados a ese centro de exterminio y enterramiento clandestino”, aseguran.
El Foro resalta que el hipotético retorno a las prácticas militares en el Campo San Pedro “tendría un contenido simbólico incompatible con todo lo que avanzó la Argentina en derechos humanos a partir de 2003, con sus antecedentes en el Juicio a las Juntas de 1985”.
“Un hecho de esa naturaleza llevaría implícito el mensaje de que allí nada pasó, o que ocurrieron cosas de poca importancia y todo empezaría a volver a la “normalidad”, lamentan los organismos de derechos humanos.
Las entidades esperan mantener a la brevedad un encuentro con las autoridades del Ministerio de Defensa de la Nación. Asimismo, Aire Digital pudo saber que en el mes de octubre se retomarían los trabajos de excavación por parte del EAAF.
“Nos preocupa la demora en el tratamiento del proyecto, que ya una vez perdió estado parlamentario y hubo que volver a presentarlo. Esa dilación podría estar condicionada por el escaso conocimiento que se tiene del tema a más de 500 kilómetros de donde sucedieron estos acontecimientos aberrantes del terrorismo de Estado en nuestra zona”, aseguró Hugo Kofman, integrante del Foro Contra la Impunidad y por la Justicia.
Kofman destacó que “por la gravedad y la magnitud de los hechos ocurridos en el campo, entendemos que existen sobradas razones para que el lugar se preserve como sitio y espacio de memoria, y que se garantice que nunca más puedan volver fuerzas militares al mismo, más allá de los vaivenes políticos que pudieran producirse”.
Sobre el pedido de los militares para poder realizar tareas de adiestramiento en el predio, kofman advirtió que “su insistencia en volver a entrenar allí, sin necesidad real, solo aportaría a las políticas negacionistas de borrar la memoria y banalizar el genocidio que cometieron las Fuerzas Armadas”.
Campo militar San Pedro es un predio de 2119 hectáreas, de las cuales 800 hectáreas son tierra firme y el resto son zonas parcialmente inundables por la Laguna Setúbal. También hay áreas de monte bajo. Fue concebido originariamente como lugar de prácticas y maniobras militares, pero también ha estado bajo la explotación agrícola y ganadera, lo que alteró las características que tenía en la época de la dictadura. Tiene dependencia directa del Comando de Artillería 121, correspondiente al segundo cuerpo de Ejército, con sede en la ciudad de Rosario.
El objetivo de transferir el predio a la provincia de Santa Fe es que el campo San Pedro sea declarado espacio de la memoria y que se instale una escuela en Ciencias Forenses para Unidades de Búsqueda de Personas Desaparecidas; como así también llevar a cabo iniciativas educativas y de investigación relacionadas con la temática de los derechos humanos. Además, deberá ser un espacio dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas.
En 2011 se sancionó la Ley Nacional 26691 de “Preservación, Señalización, y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado”, que dio el marco institucional necesario para el desarrollo de una política específica en la materia en todo el territorio nacional. Con posterioridad el Campo San Pedro fue declarado Sitio de Memoria por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Te puede interesar
