El traslado del represor Jorge Balla a la ciudad cordobesa de San Francisco, para que cumpla allí la prisión domiciliaria a la que fue condenado por delitos de lesa humanidad, sigue generando malestar y preocupación en dicha localidad.
Aire Digital confirmó que el dueño de la vivienda donde fue trasladado Balla pidió que sea desalojada y denunció que no fue informado sobre el destino que iba a tener la finca.
El martes de esta semana, Aire Digital informaba que los organismos de Derechos Humanos de la ciudad de San Francisco, junto con organizaciones sociales, culturales, políticas, estudiantiles y sindicales, manifestaron que están en estado de alerta y anunciaron acciones por diferentes vías institucionales para obtener mayores precisiones y datos sobre la efectividad de la prisión domiciliaria de Jorge Balla.
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La comunicación fue firmada por la Comisión por la Memoria Verdad y Justicia de San Francisco, por el Espacio por la Memoria y los Derechos Humanos de San Francisco y por los expresos políticos de dicha localidad.
Ahora, este medio confirmó que el dueño de la vivienda donde fue trasladado Balla pidió que sea desalojada y denunció que no fue informado sobre el destino que iba a tener la finca.
El propietario del inmueble, Alberto Esper, envió una carta documento a la persona que firmó el contrato de alquiler y la intimó a abandonarlo en el plazo de 15 días.
En la intimación, a la que tuvo acceso Aire Digital, el dueño del departamento advierte que “le hago saber a ud que ha incumplido las cláusulas 5° y 7° del contrato de locación que nos vincula, al haber alterado el destino del inmueble, que es el de la vivienda familiar, y además, por haberla prestado para su uso a tercera persona”.
“Actualmente, el mismo es utilizado para el cumplimiento de una pena privativa de la libertad, bajo el régimen de prisión domiciliaria de Jorge Balla, lo que genera una situación irregular que es causal suficiente para la resolución del contrato de locación”, agrega la carta documento.
El propietario asegura que quien firmó el contrato “ocultó deliberadamente que aquella persona fue condenada por delitos de lesa humanidad, viciando por dolo la eficacia del referido supra contrato, exteriorizándose su mala fe en la realización del acto jurídico que nos vinculara” y agrega que “de haber conocido los verdaderos motivos por los que ud me alquilaba el inmueble no habría celebrado el acto jurídico. Su engaño o dolo fue determinante para la concreción de aquel”.
Esper afirmó que “de no entregarme la posesión del inmueble, libre de ocupantes en el plazo de intimación indicado, iniciaré los trámites para su desalojo, haciendo reserva de reclamar los daños y perjuicios”.
Persona no grata
Por otro lado, Aire Digital confirmó que ingresó al Concejo Municipal de San Francisco un proyecto que propone declarar persona no grata a Jorge Balla.
La iniciativa fue impulsada por el concejal Andrés Romero (Frente de Todos), quien en los fundamentos del proyecto expresó que “esta situación es un riesgo que expone a los vecinos y vecinas a vivir junto a uno de los autores de los crímenes más oscuros de nuestra historia. Exigimos cárcel común, perpetua y efectiva a todos los responsables de la última dictadura cívico militar en nuestro país”.
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Asimismo, solicitó a las autoridades locales que arbitren los mecanismos legales para impedir la presencia de genocidas en la ciudad de San Francisco.
En diálogo con Aire Digital, Romero expresó que en San Francisco “hay un repudio generalizado. La gente no tiene idea del calibre de asesino que es Jorge Balla” y tuvo duras críticas para el oficialismo cordobés. “No entendemos el silencio del oficialismo de Córdoba. Hasta ahora no se ha manifestado al respecto. Entendemos que la resolución judicial perjudica y pone en riego a vecinos de la ciudad”.
En el mismo sentido, el edil de San Francisco remarcó que “siempre vamos a defender la vida ante cualquier cosa y la causa de los derechos humanos tiene esa premisa: la vida”.
Por último, existen reclamos de los inquilinos del edificio donde está alojado Balla quienes no quieren la presencia del represor. Los vecinos le reclamaron al dueño del departamento donde vive e genocida que resuelva la situación.
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