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Política Prisión domiciliaria | Derechos Humanos | Santa Fe

Alerta de los organismos de derechos humanos de San Francisco por el traslado del represor Jorge Balla

Organismos de derechos humanos, sociales, culturales y políticos se declararon este martes en estado de alerta tras tomar conocimiento del traslado del represor a esa ciudad para cumplir prisión domiciliaria.

La decisión de la Justicia de trasladar al represor condenado por delitos de lesa humanidad, Jorge Balla, a la ciudad de San Francisco para que cumpla la prisión domiciliaria, generó malestar y preocupación en la sociedad de la localidad cordobesa.

El 7 de mayo Aire Digital informaba que, mediante la Resolución Nº 96/21, firmada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, se dispuso “autorizar que la prisión domiciliaria que viene cumpliendo el condenado Jorge Alberto Balla continúe cumpliéndose en el domicilio de calle… Nº …de la localidad de San Francisco, Pcia. de Córdoba”. Dicha prisión domiciliaria estará bajo la tutela de su hijo Maximiliano Balla y en las mismas condiciones en que fuera concedida oportunamente.

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Ante esta situación, los organismos de Derechos Humanos de la ciudad de San Francisco, junto con organizaciones sociales, culturales, políticas, estudiantiles y sindicales, manifestaron que están en estado de alerta y anunciaron acciones por diferentes vías institucionales para obtener mayores precisiones y datos sobre la efectividad de la prisión domiciliaria de Jorge Balla.

La comunicación fue firmada por la Comisión por la Memoria Verdad y Justicia de San Francisco, por el Espacio por la Memoria y los Derechos Humanos de San Francisco y por los expresos políticos de dicha localidad.

Además, adhieren SUOEM, Sindicato de la Madera, ALECyT (Asociación Libre de Empleados de Correos y Telégrafos) San Francisco, Centro de Estudiantes del Nivel Superior San Martín, Asociación Civil Merendero La Amistad de Frontera, Izquierda Socialista San Francisco, ISADORA - Mujeres en Lucha, Socorro Rosa San Francisco Las Rivas, Movimiento Feminista San Francisco, La Cámpora San Francisco, Concejal Andrés Romero, Revuelta Estudiantil, Disidencia Socialista San Francisco, Murga La Estación, Uepc Delegación San Justo, Colegio de Profesionales en Servicio Social de la provincia de Córdoba - Delegación San Francisco, Colegio de Psicólogos de la Ciudad de San Francisco, Unión Obrera Gráfica Cordobesa - filial San Francisco, Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones políticas Río IV, APDH Río Tercero, Asamblea por los Derechos Humanos Villa María, Agrupación por la Memoria de Almafuerte, Mesa Abierta de Trabajo por los Derechos Humanos del corredor de la ruta C-45 norte del Departamento Santa María, Bosque de la memoria de Villa Ciudad Parque, Organización La Huella- Río Cuarto, Memoria. Nodo Calamuchita, Ex Presos Políticos por la Patria Grande de Córdoba, La Martin Fierro de Córdoba, Las Chuñas de Yacanto y Acuerpando de Villa General Belgrano.

En los considerandos de la Resolución, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe justificó su pedido en razón de las actuaciones labradas por la justicia provincial y notas periodísticas que se dieron a conocer en los medios de comunicación respecto a las denuncias efectuadas por su vecina y el pedido la esposa del referido Balla, a los fines de resguardar su vida y salud.

Para tomar tal medida, el Tribunal tomó en cuenta el informe socioambiental practicado por personal de la Policía Federal Argentina y el informe técnico de viabilidad efectuado por la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre el domicilio propuesto en Córdoba.

Será la Gendarmería Nacional Argentina quien procederá al traslado de Balla al domicilio referido.

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En 2019, el Tribunal Oral de Santa Fe dictó cuatro cadenas perpetuas en el marco de la causa por la masacre de Ituzaingó y Las Heras.  Se condenó a tres militares: el coronel Ramón Abel Recio, el sargento Jorge Alberto Balla y el cabo Luis Alfredo Gómez.

En 2019, el Tribunal Oral de Santa Fe dictó cuatro cadenas perpetuas en el marco de la causa por la masacre de Ituzaingó y Las Heras. Se condenó a tres militares: el coronel Ramón Abel Recio, el sargento Jorge Alberto Balla y el cabo Luis Alfredo Gómez.

En enero del corriente año, Aire Digital informó que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe y la Fiscalía federal, a cargo de Martín Suárez Faisal, un dictamen técnico acerca de la necesidad del cese del beneficio de la prisión domiciliaria para el condenado por crímenes de lesa humanidad, Jorge Balla.

El pedido estaba basado en las múltiples violaciones a sus obligaciones y la grave situación a la que somete a una familia.

El informe fue originado por una denuncia presentada por una familia vecina del represor. El viernes 15 de enero del 2020, el denunciante se comunicó telefónicamente con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para manifestar su inseguridad y para reclamar una solución.

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La denuncia indica que a partir de mediados de junio de 2020, la relación de vecindad con la familia de Balla se había tornado “conflictiva”, incluyendo episodios de discusión verbal y pelea física, en la vereda de los inmuebles ubicados en calle Gaboto al 6700 de la ciudad de Santa Fe.

El 12 de marzo se llevó a cabo una junta médica para determinar el estado de salud del represor condenado y establecer si estaban dadas las condiciones para confirmar la prisión domiciliaria o bien, trasladarlo a un penal. De dicho análisis participaron la médica Mabel Padró (como perito oficial) y los psiquiatras Gabriela Depaoli (por parte de la defensa) y Oscar Pellegrini (propuesto por la fiscalía).

Si bien las conclusiones de la junta médica no se dieron a conocer oficialmente, Aire Digital pudo saber que tanto Padró como Depaoli concluyeron en que Jorge Balla debe seguir en prisión domiciliaria, mientras que Pellegrini opinó que están dadas las condiciones para trasladar a Balla a un establecimiento penitenciario.

En ese entonces, este medio había adelantado que la defensa del represor, a cargo del abogado Guillermo Morales, presentó un pedido para Balla cumpla con la prisión domiciliaria en otra localidad, fuera de la provincia de Santa Fe.

Condena

En 2019, el Tribunal Oral de Santa Fe dictó cuatro cadenas perpetuas en el marco de la causa por la masacre de Ituzaingó y Las Heras. Se condenó a tres militares: el coronel Ramón Abel Recio, el sargento Jorge Alberto Balla y el cabo Luis Alfredo Gómez y a un ex oficial de inteligencia del D-2 Oscar Cayetano Valdez a prisión perpetua por los "homicidios calificados por alevosía" de cuatro militantes en resistencia a la dictadura: Jorge Piotti, su pareja Ileana Gómez y los compañeros de ambos, Osvaldo Pascual Ziccardi y Carlos Mario Frigerio.