miércoles 12 de enero de 2022
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Sain contraataca: pidió el apartamiento de los fiscales que ordenaron los allanamientos en el Ministerio de Seguridad

A través de una presentación realizada en la fiscalía regional de Santa Fe, Marcelo Sain denunció serias irregularidades en los allanamientos realizados en el Ministerio de Seguridad. Además, solicitó el apartamiento de los fiscales Hernández y Jiménez.

Con el avance de las investigaciones del Ministerio Público de la Acusación por supuestas irregularidades en la compra de armas para la policía de Santa Fe y supuestos hechos de espionaje ilegal – que desencadenaron en allanamientos en la cartera de Seguridad provincial-, la figura del exministro Marcelo Sain volvió a estar en el centro de la escena política.

Este martes, Sain presentó en la fiscalía regional de Santa Fe una nota en la que denuncia serias irregularidades en las requisas ejecutadas en las sedes de Santa Fe y Rosario del Ministerio de Seguridad, pidió acceder a la investigación y exigió el apartamiento de los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez.

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Mediante sus abogados, Sain solicitó copia del legajo y material fílmico. Específicamente, hace referencia a la filmación de la medida llevada a cabo el viernes 26 de noviembre en el edificio Casa de Gobierno, primer piso, oficina 151, de calle Santa Fe 1950 de la ciudad de Rosario.

El exdirector del Organismo de Investigaciones denunció además severas irregularidades en las pesquisas ejecutadas en el Ministerio de Seguridad, ubicado en la ciudad de Santa Fe. “Sin perjuicio de la ampliación de los fundamentos aquí vertidos al momento de acceder a las constancias del legajo fiscal, viene a denunciar en esta instancia severas irregularidades en el marco de la medida realizada en las oficinas de Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe el día 26 de noviembre de 2021”, precisa la nota.

En primer lugar, Sain y su defensa plantean que el allanamiento se ejecutó sin una orden judicial. Sin embargo, vale advertir que al tratarse de un edificio público, no es necesaria la autorización de un juez.

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En primer lugar, Sain y su defensa plantean que el allanamiento se ejecutó sin una orden judicial. Sin embargo, vale advertir que al tratarse de un edificio público, no es necesaria la autorización de un juez.

En primer lugar, Sain y su defensa plantean que el allanamiento se ejecutó sin una orden judicial. Sin embargo, vale advertir que al tratarse de un edificio público, no es necesaria la autorización de un juez.

En segundo término, advierten sobre requisas y secuestros de elementos personales sin el consentimiento de empleados del ministerio. “Al arribar al lugar, el personal policial exigió que todo el personal haga entrega de sus teléfonos celulares personales, carteras, billeteras, y documentos en su poder. Nunca hizo saber que no existía orden de allanamiento que avale la medida, ni tampoco la posibilidad de negarse a tal requerimiento sin que implique presunción en su contra”, indicaron.

Más adelante, Sain sostiene que los efectivos policiales y los integrantes de los organismos de investigación del MPA “fueron a la pesca” de material probatorio. En la nota presentada en la fiscalía regional, el exministro y sus abogados hablan de “amplitud e indeterminación del objeto de la medida”. “De acuerdo a la orden que habrían librado los fiscales intervinientes instruyen irrumpir en la oficina del Ministerio y proceder al secuestro de tantos dispositivos electrónicos y de almacenamiento de información, como así también la identificación de las personas presentes y de toda documentación relevante para la causa”, expresa la nota, y agrega: “Ello equivale a ir a la pesca”.

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Por otra parte, según la defensa del exdirector del Organismo de Investigaciones del MPA, advierten que la competencia del delito de espionaje ilegal no es provincial, sino federal. “Se deja asentado que si la investigación se orienta a demostrar la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, la competencia es de la Justicia Federal”, resalta.

Ante lo expuesto, Marcelo Sain solicitó el apartamiento de los fiscales intervinientes. Además, exigió que la investigación pase a manos de la Fiscalía que corresponda, fuera del ámbito de la Fiscalía Regional N° 1 de la Provincia de Santa Fe. El pedido está fundamentado en la supuesta enemistad que tiene el fiscal regional, Carlos Arietti, con Sain.

En la presentación, se plasmó un resumen de tres causas emblemáticas investigadas por el MPA en los que se evidencian el vínculo del delito organizado con “distintos sectores del arco político-institucional”. Esas causas son el “caso Peiti”, una investigación que reveló los vínculos de integrantes del Poder Legislativo, así como también de policías provinciales y dirigentes políticos y judiciales con redes dedicadas al juego clandestino; el “caso Oldani”.

El mismo surgió a partir del homicidio de uno de los más importantes empresarios turísticos de la ciudad de Santa Fe, Hugo Oldani. En esa causa hay denuncias por levantamiento indebido de la custodia de la escena del crimen, la alteración de la misma y, finalmente, la extracción de una suma millonaria de la agencia de turismo; y la denuncia hecha por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe por la utilización por parte de la gestión del Frente Progresista Cívico y Social -encabezada por el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro- de fondos reservados para la defensa de policías imputados por el homicidio de Franco Casco, un caso de gatillo fácil.

Según denuncia Sain, las investigaciones “se encuentran estancadas” y asegura que ello ocurre por “diversos factores. El principal de ellos es la complicidad y la connivencia que existe al interior del Ministerio Público de la Acusación con los delitos de poder”.

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Además, el exministro de Seguridad recordó que fue el propio Arietti quien solicitó su destitución ante la Auditoría de Gestión del MPA, como director del Organismo de Investigaciones. “En tal contexto, resulta imposible pensar en el cumplimiento del deber de objetividad por parte de cualquier funcionario que responda jerárquicamente al Dr. Carlos Arietti”, sostiene.