sábado 25 de junio de 2022
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Robo de cables: afirman que en Santa Fe existen más de 100 chacaritas que no están habilitadas

En una inspección informal a raíz de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación se detectaron más de 100 chacaritas no habilitadas en el Gran Santa Fe. Solamente cinco están autorizadas. Se apunta a un mayor control del mercado negro del robo de cables.

En el Gran Santa Fe existen apenas cinco chacaritas que funcionan con autorización estatal. Sin embargo, investigaciones realizadas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) detectaron que, en realidad, hay más de 100 chacaritas funcionando, sin ningún tipo de control.

Los datos surgieron durante la audiencia pública que esta semana se realizó en la Cámara de Diputados por el delito de robo de cables que se acrecienta en la provincia y que genera pérdidas millonarias a las empresas afectadas. Desde el MPA expresaron que desde junio del 2020 detectaron los primeros indicios de la modalidad de robo en los cementerios municipales. Además, expusieron que sobre la base de las denuncias recibidas en el MPA y un relevamiento informal que realizaron, encontraron en el gran Santa Fe aproximadamente 120 chacaritas que no están habilitadas, contra solo cinco que si lo están.

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El presidente de la Cámara de Diputados, los legisladores que generaron los proyectos de ley y el Fiscal General del MPA presidieron la audiencia.

En el recinto se encontraban los diputados autores de los proyectos que buscan controlar los comercios que trabajan con los metales no ferrosos (la socialista Lionella Cattalini y el justicialista Oscar "Cachi" Martínez), representantes de la Municipalidad de Santa Fe, del Ministerio de Seguridad, de las empresas damnificadas, legisladores, concejales, vecinalistas y miembros del MPA.

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La fiscal Clelia Trossero lleva adelante las investigaciones. En relación con los proyectos existentes en la Cámara de Diputados, pidió contemplar algunas cuestiones, entre las que se encuentra el control de los camiones de gran porte, ya que en varias investigaciones que concluyeron con allanamientos, detenciones y recupero de elementos, son los utilizados para trasladar los metales robados.

Trossero pidió también definir las actividades de algunos negocios, porque en varios procedimientos "nos damos cuenta que están mezcladas las actividades de chatarrería y autopartes, hay que ejercer un control para que el que se dedique a autopartes sea solo autopartes y el que se dedique a chatarra sea solo a chatarra".

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La fiscal Clelia Trossero acumula 300 causas relacionadas con el robo de cables.

La fiscal Clelia Trossero acumula 300 causas relacionadas con el robo de cables.

En tanto, el fiscal general del MPA, Jorge Baclini, confirmó que se unificarán los hechos en una unidad fiscal que seguirá al robo de cables como un patrón de política criminal. Se podrán hacer denuncias desde la página web del organismo y con los datos se irá confeccionando un mapa de calor.

Estadísticas de los procedimientos

Son más de 300 causas que se agrupan en manos de la fiscal Clelia Trossero, de las cuales 67 ya tienen una investigación avanzada, es decir con personas detenidas o esperando condena. En lo que va del año, vía web, se recibieron 26 denuncias solamente en la Fiscalía Regional I del MPA.

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Como resultado de los más de 57 allanamientos se lograron recuperar 1.440 kilos de conductores de cobre y aluminio, 3.952 kilos de cobre, 970 kilos de cables, 3.000 kilos de material conductor de electricidad de distinta naturaleza, 177 estatuillas, 5 estatuas religiosas, 175 placas, 16 crucifijos, 199 piezas de ornamentación, 200 mil kilos de material ferroviario (en Laguna Paiva), 100 metros de cables de la empresa Aguas Santafesinas, 11 armas de fuego y 148 kilos de municiones.

Desde el MPA detallaron también que que ya se realizaron 52 audiencias imputativas, hubo seis personas condenadas a las que se les impusieron multas por un total de 1.260.000 pesos y hay seis imputados que tramitan juicios de procedimientos abreviados.

Principales perjudicados

En las exposiciones, desde el órgano judicial explicaron que además de los ciudadanos particulares que resultan víctimas de la sustracción de metales, entre los principales perjudicados están la Empresa Provincial de la Energía (EPE); Telecom; Aguas Santafesinas; los cementerios municipales de las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé; y Provisión Siderúrgica y Electromecánica de Laguna Paiva, entre otros.