El gobierno provincial volteó nombramientos en direcciones y subdirecciones creadas en el Ministerio de Seguridad, que fueron objetadas en su momento por UPCN. Una de las beneficiadas era la hija de Ana María Morel, quien debió renunciar a la Secretaría de Administración Financiera en 2023 tras reiterados choques internos y con la oposición.
El gobierno provincial volteó por decreto tres nombramientos en direcciones y subdirecciones del Ministerio de Seguridad.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro revocó el lunes pasado tres titularizaciones de cargos jerárquicos en el Ministerio de Seguridad que se habían concretado en septiembre de 2023, entre ellos la de una “familiar directa” de Ana María Morel, de controversial paso por la Secretaría de Administración Financiera de esa cartera entre 2020 y 2023.
El actual titular del Poder Ejecutivo formalizó esa decisión en tres decretos (1534, 1535 y 1536), tras la intervención de la comisión creada a fines del año pasado, cuya labor es revisar la política de pases a planta, titularizaciones y subrogancias del gobierno de Omar Perotti.
En los decisorios, a los que accedió AIRE, se advierte que estos tres casos estuvieron en la mira desde el principio de la nueva gestión. Y que las beneficiarias de las titularizaciones también tenían esa situación en claro. Según se precisa, la comisión revisora se creó el 13 de diciembre de 2023 y el 28 de ese mismo mes notificó a las personas involucradas, quienes al día siguiente ya contestaron que sus ascensos confirmados eran “actos legítimos” que se encontraban “fuera de los supuestos pasibles de revisión”.
Los cargos fueron titularizados en septiembre de 2023. Se trata de la Subdirección de Análisis, Planeamiento y Diseño Organizacional, la Dirección de Recursos Humanos y la Subdirección de la misma área. Este último es el caso de la hija de Ana María Morel, quien se encuentra emparentada en las objeciones oficiales con las otras dos empleadas del Ministerio de Seguridad, pero que guarda particularidades por su condición de “familiar directo”, según consta en el decreto de revocación.
Ana María Morel llegó en 2020 a la Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de Seguridad. Al tiempo fue desplazada de ese lugar por su enfrentamiento con el primer titular del área, Marcelo Sain. Cuando lo reemplazó Jorge Lagna, la funcionaria volvió a su puesto original. Luego asumió Rubén Rimoldi y la tensión volvió a elevarse al máximo, una situación que se verificó con un recordado cruce de la responsable logística de la cartera con diputados de la oposición, entre ellos el actual gobernador Maximiliano Pullaro, durante el cual el entonces ministro se mantuvo en rotundo silencio. En enero de 2023, Morel debió renunciar.
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Las tres titularizaciones ahora revocadas tienen un punto en común: fueron objetadas en su momento por el gremio estatal UPCN y de allí surge un argumento clave para la decisión oficial. Según los decretos, el procedimiento se inscribió en el marco de la homologación del acuerdo paritario de abril de 2023, en el cual se establecieron “Instrucciones para la titularización del personal subrogante de cargos y funciones vacantes”, que incluyeron una “evaluación de desempeño” a través de una “entrevista personal” realizada por “la autoridad política superior” con “presencia de las organizaciones sindicales, conforme a la representación prevista en la ley” que regula la paritaria central.
¿Qué dice esa ley?: “La Comisión Paritaria se constituirá con cuatro representantes del Estado Provincial y cuatro representantes designados entre las entidades sindicales con personería gremial y ámbito de actuación provincial, signatarias de la convención colectiva de trabajo. El setenta y cinco por ciento (75%) de la representación de los trabajadores será para la entidad sindical con personería gremial –con ámbito de actuación provincial– más representativa del sector, y el veinticinco por ciento (25%) restante será para la entidad sindical con personería gremial –y con ámbito de actuación provincial- que le siga en representatividad”. En síntesis: tres de UPCN y uno de ATE.
En este contexto, la comisión revisora del gobierno de Pullaro trajo a colación una nota del 29 de junio de 2023 con la firma del secretario general de UPCN, Jorge Molina, dirigida al titular de la Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, en la cual se afirma: “No asistiremos a la convocatoria de la entrevista para la titularización de categorías 8 y 9” ya que “dicha Dirección General fue creada, sin la participación y consentimiento de nuestra Entidad Sindical, vulnerando la carrera administrativa de nuestros representados y principalmente no respetando los acuerdos que surjan del ámbito de la Comisión Paritaria Jurisdiccional”.
“La falta de participación de los trabajadores en la toma de decisión en esta cuestión particular, provocó un malestar general que al día de hoy se mantiene, seguido de una persecución ideológica a nuestros delegados y afiliados, situación aún no resuelta desde las órbitas administrativas y/o jurídicas correspondientes. No obstante, como entidad sindical hemos logrado en paritarias un avance importante en cuanto a la titularización de los cargos de mayor jerarquía en la Administración Pública Provincial a través del instructivo que regula dicho proceso y donde expresamente se establece que la Autoridad Política Superior deberá cumplimentar una entrevista personal y proceder bajo su responsabilidad a evaluar el análisis de desempeño de los agentes”, agrega.
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Y concluye UPCN: “Respetuosos a nuestros principios, respondiendo al espíritu de los marcos paritarios correspondientes, no podemos intervenir y avalar esta situación en particular, que avasalló nuestra organización sindical y manipuló los derechos y garantías de los agentes que representamos, solicitando expresamente que se adjunte la presente al expediente de referencia”.
En los tres casos, las titulares de los nuevos cargos rechazaron previsiblemente la postura de UPCN, a la cual llegaron a calificar de ilegal, tal como lo hizo la hija de Morel. Ante esta controversia, laudó el entonces secretario de Recursos Humanos y Función Pública: “tanto la modificación de las Estructuras Orgánicas Funcionales como la asignación de funciones de mayor jerarquía (subrogancias) son facultades discrecionales del Poder Ejecutivo que no necesariamente requieren acuerdos jurisdiccionales previos, por lo que encontrándose cumplimentados los demás requerimientos (…) corresponde dar continuidad al trámite”.
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En este marco, la comisión revisora de Pullaro dictaminó que las titularizaciones en cuestión son “ilegítimas”, en tanto “vulneran el ordenamiento jurídico aplicable al empleo público y a la carrera administrativa en la Provincia de Santa Fe y el principio de igualdad en el acceso al empleo público”. Pero también porque se “pretendió -a través de una titularización relacionada con un previo otorgamiento de funciones de mayor jerarquía y un suplemento por subrogancia, que no se podía reconocer de acuerdo a la normativa aplicable -consolidar una situación irregular que, además, implicó en su carrera un salto” de entre 3 y 5 categorías, según el caso.
En el decreto de Pullaro que revoca la titularización de la hija de Morel se precisan motivos específicos, vinculados especialmente a un aspecto puntual: “El antecedente de la titularización de la agente” fue un decreto de febrero de 2022 a través del cual se creó el “Organigrama de la Estructura Orgánica Funcional de la Dirección General de Recursos Humanos” con “asignación de funciones a la agente de referencia”, cuyas “actuaciones mencionadas fueron iniciadas por la entonces Secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera”, quien “es familiar directa de la agente”.
“Se promovió la creación de una nueva dependencia en la cartera de Seguridad, el otorgamiento de funciones de mayor jerarquía y un suplemento por subrogancia, lo cual –de acuerdo a lo que sostuvo la Comisión– colisiona con las previsiones contenidas en la Ley Provincial de Ética Pública ”, asevera el decreto de Pullaro.
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Como es de rigor en estos casos, la empleada observada se defendió. Sostuvo que:
Intervino entonces la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad, quien calificó a la respuesta de la hija de Morel como “impertinente”. Luego participó Fiscalía de Estado, quien caracterizó a la titularización como “ilegítima”. Y finalmente, el lunes pasado, el gobernador firmó el decreto de revocatoria.
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