Según planteó el Ministerio de Salud, el objetivo central es “actualizar el marco normativo del sistema con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ” y “ proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre ”. En ese sentido, el texto propone introducir cambios en criterios de diagnóstico, internación y organización del sistema.
Un cambio conceptual en el abordaje de la salud mental: de "padecimiento" a "trastornos"
Uno de los ejes de la iniciativa es la modificación del lenguaje y los criterios diagnósticos. El proyecto propone dejar atrás el término “padecimiento mental” y reemplazarlo por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades.
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Según explicaron desde la cartera sanitaria, la intención es “incorporar el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión” en la práctica clínica. En paralelo, se busca reforzar el rol de los profesionales médicos, en especial de los especialistas en psiquiatría, dentro del proceso de evaluación y tratamiento.
Internaciones: nuevos criterios y foco en la prevención
Otro de los puntos centrales del proyecto es la modificación de los criterios de internación, especialmente en los casos involuntarios. La normativa vigente establece que solo puede disponerse cuando existe un “riesgo cierto e inminente”, mientras que la nueva propuesta incorpora la noción de “situación de riesgo grave de daño”.
Según planteó el Ministerio de Salud, este cambio busca “superar las limitaciones actuales para el abordaje de casos de riesgo y emergencia” y permitir intervenciones más oportunas. En esa línea, se incorpora un enfoque situacional que contempla no solo el momento de la evaluación, sino también los antecedentes y el contexto del paciente.
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Salud Mental (2)
Otro de los puntos centrales del proyecto es la modificación de los criterios de internación, especialmente en los casos involuntarios.
Además, se establece que deberá intervenir al menos un médico psiquiatra en estos procesos. En situaciones de urgencia, un profesional podrá indicar la internación, que luego deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas.
Desigualdades en el sistema y falta de aplicación de leyes sancionadas por el Congreso
El diagnóstico oficial sobre la ley vigente también pone el foco en su implementación desigual en el país. Según datos relevados por el Ejecutivo, solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la normativa, 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación.
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Milei en el Congreso 6
El proyecto coloca al Gobierno de Javier Milei en el núcleo de un debate sensible y aún sin consensos amplios entre actores del sistema, especialistas y organizaciones del sector.
Claudio Fanchi / NA
Según planteó el Ministerio de Salud, estas diferencias generan “desigualdades en el acceso a los servicios”, especialmente en regiones con menos recursos. Por eso, el proyecto propone fortalecer la red de atención en distintos niveles, desde hospitales generales hasta instituciones especializadas y dispositivos comunitarios.
Una discusión sensible sin consensos consolidados en el Congreso
A 15 años de su sanción, la Ley N° 26.657 vuelve al centro de la agenda política en un terreno especialmente delicado. La iniciativa oficial no solo reabre una discusión estructural sobre el modelo de salud mental en Argentina, sino que lo hace en un contexto atravesado por demandas históricas de mejora en la atención, cuestionamientos a la implementación de la norma vigente y posiciones contrapuestas sobre el rol del Estado, las internaciones y el enfoque comunitario.
En ese escenario, el proyecto coloca al Gobierno de Javier Milei en el núcleo de un debate sensible y aún sin consensos amplios entre actores del sistema, especialistas y organizaciones del sector. La iniciativa queda ahora a la espera de su tratamiento en el Congreso, en una paradoja difícil de eludir: mientras busca redefinir los criterios de atención en salud mental, deberá someterse a su propio “tratamiento” parlamentario en un contexto sin acuerdos claros sobre el rumbo de la reforma.
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