El proyecto de la centroizquierda avanza en aspectos más concretos que otras iniciativas ya presentadas y a la espera del debate político, ya que propone declarar la necesidad de declarar la necesidad de reforma total de la Constitución provincial.
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La iniciativa fue impulsada por el Frente Amplio por la Soberanía (FAS), encabezado por los diputados Carlos Del Frade, Fabián Palo Oliver y Claudia Balagué.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
El proyecto de reforma constitucional del FAS
Además, el proyecto firmado por los diputados Carlos Del Frade, Fabián Palo Oliver y Claudia Balagué propone profundizar el sistema democrático, descentralizar el Estado y el gobierno, afianzar el modelo republicano y asegurar la igualdad. Otro de los puntos centrales contemplados en la iniciativa tiene que ver con la laicidad del Estado santafesino, a los fines de determinar la total separación de las instituciones políticas respecto de las religiosas, con plena vigencia del derecho de libertad de conciencia y de culto.
Asimismo, los legisladores buscan la ampliación de derechos ya consagrados, como Educación como derecho humano, bien público y social; la salud como derecho humano, bien público y construcción colectiva; la alimentación saludable y adecuada promoviendo la economía social y solidaria; la libertad de expresión y preservar la información periodística; la protección de las/os Trabajadoras/ y el desarrollo e integración económica bajo el paradigma de la salud socioambiental.
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Otros aspectos destacados del proyecto de reforma constitucional están relacionados con el reconocimiento de nuevos derechos y garantías, establecer la laicidad del Estado y la construcción de soberanía.
Profundizar el sistema democrático
Respecto al sistema democrático, le proyecto del FAS sostiene que la reforma constitucional deberá priorizar la consolidación y profundización de la democracia como forma de gobierno del Estado Santafesino. En este sentido, deberá contemplarse la ampliación del derecho al sufragio, la reformulación de las representaciones del órgano legislativo, así como la adopción de mecanismos proporcionales para la distribución de bancas. Además, se deberá contemplar la incorporación de mecanismos de participación ciudadana como el Consejo Económico, Social y Político, la Consulta Popular, la Iniciativa Popular y la Revocatoria de Mandatos. También se propone incorporar una cláusula de defensa del orden democrático, similar al art. 36 de la Constitución Nacional.
Descentralización del Estado y del Gobierno
Sobre la descentralización del Estado y del gobierno, la iniciativa sostiene que se deberá avanzar hacia la regionalización y el establecimiento territorial de entes y órganos desconcentrados y descentralizados de gobierno y la Administración Pública. En tal sentido, se le asignará rango constitucional al Consejo de la Magistratura, defensores públicos y fiscales, al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público de la Defensa.
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El proyecto pretende profundizar el sistema democrático, descentralizar el Estado y el gobierno, afianzar el modelo republicano y asegurar la igualdad.
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Afianzar el modelo republicano
Por otro lado, el FAS buscará establecer límites a las reelecciones de todos los cargos públicos electivos, tanto provinciales como municipales y comunales, consignar de forma amplia el derecho al acceso a la información pública de toda la comunidad sobre los asuntos de interés público y modificar la edad de inamovilidad de magistrados, el procurador general de la Corte Suprema, fiscales y defensores. Asimismo, se ampliarán los alcances del juicio político.
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Asegurar la igualdad
Los diputados del FAS buscarán avanzar en la consolidación de un modelo social de Estado, consagrando el principio de igualdad real de oportunidades, la obligación estatal de implementar acciones positivas para los grupos en situación de vulnerabilidad (niños, niñas y adolescentes; mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos originarios, consumidores y usuarios, entre otros). Además, se propiciará la construcción de transversalidad de género para revertir las históricas desigualdades sociales, económicas, culturales, políticas que pesan sobre mujeres y diversidades sexo – genéricas. Asimismo, consagrar el principio de progresividad en materia tributaria para dar respuestas a las necesidades propias de la provincia a fin de lograr mayor autonomía del Estado Nacional.
Mediante la reforma de la Constitución, se avanzará en la ampliación de derechos ya consagrados. En el sentido de extender los derechos vigentes y particularmente consagrar:
- La Educación como derecho humano, bien público y social garantizado en forma indelegable y área prioritaria para la inversión social del Estado, sostenido por los principios de universalidad, gratuidad, laicidad, inclusión socioeducativa y calidad para la protección de las trayectorias educativas ;
- La Salud como derecho humano, bien público y construcción colectiva que aseguren los principios de: universalidad en el acceso; la gratuidad; la equidad en la distribución de bienes y recursos; la integralidad que contempla el abordaje de los problemas de salud considerando la promoción, prevención, protección y cuidado de las personas;
- La Alimentación saludable y adecuada promoviendo la economía social y solidaria y las redes alimentarias alternativas con enfoque en la producción agroecológica para asegurar los principios de seguridad y soberanía alimentaria de las personas, protección del ambiente, buen vivir, interculturalidad y solidaridad intergeneracional;
- La Cultura que estimule la creación colectiva para el bien común, memoria, reivindicación y construcción de identidades de la historia santafesina y universo de valores que hacen a la realización de la población;
- La Libertad de expresión, preservar la información periodística, el acceso a una gran variedad de fuentes de información y que exista diversidad de medios de comunicación para facilitar el debate público y la confrontación abierta de ideas para el ejercicio democrático;
- La Protección de las/os Trabajadoras/es adecuando al artículo 14 bis de la Constitución Nacional y a los estándares internacionales como el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que aseguren el trabajo decente, las condiciones dignas y equitativas de labor en razón del género, la inclusión de personas con discapacidad, el reconocimiento de las tareas de cuidado, el descanso dominical y se constituyan los Comités Mixto de Salud y Seguridad en los ámbitos laborales. Suprimir lo relativo al trabajo infantil adecuándolo a lo establecido en la Convención sobre los derechos del niño;
- Lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño e introducir perspectivas en relación a la formación y defensa integral de la familia tradicional y ampliarla a las nuevas familias sean ensambladas, monoparentales, homoparentales y sus modos de organizarse, las tareas de cuidado en razón del género y las maternidades;
- El desarrollo e integración económica bajo el paradigma de la salud socioambiental, a los productores de las pequeñas y medianas empresas, cooperativas, emprendedores locales de la economía social y solidaria, y diversificando la matriz productiva de la provincia que permita integrar el territorio sin poner en riesgo la salud de las personas ni los bienes comunes naturales; y
- La función social de la propiedad, límites y cargas impositivas sobre los latifundios y su extranjerización otorgando competencias al Estado provincial para ejercer un rol activo y en la defensa de los intereses de las mayorías.
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Por otra parte, el proyecto de reforma reconoce nuevos derechos y garantías de los ciudadanos santafesinos. La actividad reformadora estará orientada a adecuar la Constitución Provincial a la Constitución Nacional y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos e incorporar derechos no previstos hasta este momento, tales como:
- Derecho a la Identidad; para proteger la autonomía, dignidad, acceso a derechos, protección contra abusos, desarrollo personal y promover la diversidad e inclusión;
- Derechos de los niños, niñas y adolescentes; consagrando el interés superior del niño;
- La eliminación de toda discriminación contra las Mujeres, como parte de la construcción de una democracia genérica con justicia paritaria que ponga en valor la lucha histórica de los feminismos por la igualdad de derechos, trato y oportunidades entre mujeres y varones;
- Derecho a la Diversidad Sexual; en tanto derecho humano a vivenciar, expresar y reafirmar en libertad, la identidad y la autopercepción de cada persona; respetando todas las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y diversidades corporales no hegemónicas;
- Derechos de los Adultos Mayores; de acuerdo a lo previsto en la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores;
- Derechos de las Personas con Discapacidad; de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo;
- La protección de los derechos preexistentes y el reconocimiento de los Pueblos Originarios, su historia y sus culturas, sus territorios ancestrales y bienes comunes naturales, reivindicando su existencia en los distintos símbolos oficiales como el escudo de armas y la bandera provincial;
- Derechos de la Víctima; para la justicia, la protección, la verdad, la reparación y la dignidad;
- Derechos sexuales y derechos reproductivos; para el cuidado integral de la salud que evita muertes y enfermedades, la autonomía y libertades en las decisiones y la igualdad de género que previene la violencia;
- Derechos de Consumidores y Usuarios; para salvaguardar a los consumidores de prácticas abusivas de las empresas que dominan el mercado, asegurar acceso a información clara y precisa sobre productos y servicios, y brindar mecanismos efectivos para resolver reclamos de los consumidores;
- Derecho a la Seguridad Ciudadana, como la capacidad que debe tener el Estado en la disminución de los delitos y de las violencias a partir de garantizar condiciones de vida dignas y convivencia para toda la población, con estrategias preventivas e integrales que articulen políticas públicas de distintas áreas como Educación, Salud, Cultura, Hábitat, Desarrollo Social, en forma complementaria al sistema penal y, así generen protección a la ciudadanía sin profundizar las desigualdades existentes y una criminalización (selectiva) de poblaciones vulneradas. Asimismo, fortalecer mecanismos de control ciudadano de las instituciones estatales de seguridad con el fin de garantizar que actúen de manera transparente, responsable y respetuosa de los derechos humanos y las libertades civiles;
- Derecho a un Ambiente Sano; adecuar a las convenciones aprobadas en materia ambiental a partir de asumir una cosmovisión que considera la vida en armonía con la naturaleza, rompiendo con el paradigma moderno individualista en salud, priorizando la relación del ser humano en la naturaleza, entre los seres humanos y consigo mismo e interpelando el modelo extractivista de desarrollo dominante resistiendo ante las dinámicas de poder en los territorios.
- Incorporar a la naturaleza como sujeto de derechos para la consagración y reconocimiento por sí misma y de todos los elementos que la componen, para el ejercicio, protección y defensa ante tribunales ordinarios, junto con su interpretación y ejecución a nivel legislativo y reglamentario;m) derecho al Agua; como un derecho humano indispensable para asegurar que todas las personas tengan acceso a agua suficiente, segura, aceptable y asequible para su uso personal y colectivo, lo que es esencial para una vida digna y saludable;
- Derecho a un Hábitat urbano y derecho a la Ciudad; es esencial para la dignidad humana y el bienestar, la salud y calidad de vida;
- Derecho al Deporte; para promover la salud, el desarrollo personal, la inclusión social, la igualdad de género y el desarrollo comunitario;
- Derecho a la Inclusión Digital; como el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación que promueva la igualdad de oportunidades, el desarrollo económico, la educación, la participación ciudadana, la inclusión social, el acceso a servicios y la libertad de expresión;
- La creación de una Comisión provincial por la verdad y la reparación para víctimas de violencia sexual y malos tratos concomitantes a los fines de recabar y sistematizar información, emitir recomendaciones y abordajes relacionados a los hechos que constituyen violencia sexual padecida durante la infancia y/o adolescencia;
- La creación de un Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y/o Degradantes, en cumplimiento del mandato emergente del Protocolo Facultativo de La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, aprobado por Ley Nacional 25.932.
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Un nuevo proyecto de reforma constitucional en la provincia de Santa Fe está en la agenda política y ya fue ingresado a la Cámara de Diputados.
Construir soberanía
Para los diputados del FAS, la actividad reformadora deberá perseguir y asegurar la soberanía del pueblo de la provincia en distintos ámbitos y con previsiones tales como establecer el dominio originario y protección de los bienes comunes naturales; contar con una entidad financiera propia en la provincia con carácter de Banco Público, de fomento, bajo gestión y dirección estatal; proteger la economía social y solidaria; incorporar la función socioambiental de la propiedad; establecer la promoción de la ciencia, la investigación y la innovación tecnológica y productiva para avanzar en el conocimiento, mejorar la calidad de vida, e impulsar el desarrollo económico y resolver problemas globales. Asimismo, establecer normas y principios rectores en materia de servicios públicos.
Según establece el proyecto de reforma, la elección de convencionales Constituyentes se realizará formándose un distrito único en toda la provincia mediante el sistema de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias y con boleta única, según Ley provincial 12.367. Las bancas serán distribuidas en su totalidad mediante la aplicación del sistema proporcional variante D`Hont.
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Además, el Poder Ejecutivo deberá convocar a elecciones de convencionales constituyentes luego de la promulgación de la presente ley, determinando que se realicen en conjunto con las elecciones para autoridades municipales y comunales del año 2025.
La Convención Reformadora se instalará en la ciudad de Santa Fe e iniciará su labor dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la realización del acto electoral en el que se elijan a los convencionales y finalizará sus sesiones a los 60 (sesenta) días del comienzo de sus labores, pudiendo prorrogar el término de duración una sola vez, y por la mitad del plazo fijado.
