Reclaman al gobierno provincial que designe a la defensora de niños, niñas y adolescentes

Mediante un proyecto de comunicación, la diputada del socialismo, Clara García solicitó al Poder Ejecutivo “que envíe a la brevedad la propuesta de designación del Defensor/a de Niñas, Niños y Adolescentes a la Asamblea Legislativa, según lo indican las Leyes N° 12.967, N° 10.396 y Dec. N° 3053/08, y por encontrarse el cargo vacante desde el mes de mayo de 2022”.

Entre los fundamentos, García expresó que “actualmente, la Defensoría se encuentra a cargo de los Defensores del Pueblo adjuntos, de zona sur y zona norte, quienes además deben suplir la vacancia del Defensor del Pueblo, desde Julio 2021, ya que el Poder Ejecutivo no ha enviado una propuesta de designación para dicho cargo en un año y medio”.

“En un contexto donde los derechos de los niños, niñas y adolescentes deberían ser una prioridad para el Estado, vemos la situación de vulneración en que viven nuestras infancias y es por ello que creemos imperativo destinar todas las herramientas y recursos que existen para combatirlas”, advirtió la legisladora, quien además destacó que “nuestra provincia no es ajena a la desigualdad social que vive nuestro país, que impacta de forma muy cruda sobre nuestros niños y niñas”.

Para la diputada, “es importante poder intervenir en situaciones de extrema vulnerabilidad como son los casos de niños y niñas alojados en establecimientos penitenciarios junto a sus madres, o el acompañamiento a las víctimas de abuso que necesitan un efectivo acceso a la justicia, o cuando solicitan una ILE”.

“Hoy vemos innumerables hechos de violencia urbana que afectan a los niños, niñas y adolescentes. Un gravísimo ejemplo de ello son los más de 30 niños y niñas que fueron víctimas de homicidios durante el año 2022 en Rosario”, resaltó García.

La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) fue creada por la Ley 12.967 de Promoción y Protección Integral de Derechos de NNyA y es el organismo encargado de proteger, monitorear y promover los derechos de las infancias y juventudes, dentro del Sistema Provincial de Protección Integral de Santa Fe.

Entre sus funciones se destacan:

• Supervisar y controlar las políticas públicas desarrolladas por el Poder Ejecutivo a nivel provincial y a las entidades privadas que se dedican a la atención de niñas, niños y adolescentes.
• Proporcionar asesoramiento y recibir reclamos por parte de la población y de otras instituciones del Sistema, elevar proyectos de ley y reformas legislativas a las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, interponer acción judicial contra todo acto que vulnere o restrinja los derechos de la niñez y la adolescencia.
• Promover una cultura centrada en las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y respetuosa de su Interés Superior.
• Velando que se garanticen los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, las leyes nacionales y provinciales.

La Ley dispuso la creación del organismo en la órbita de la Defensoría del Pueblo, asimilando los requisitos y procedimientos de selección del Defensor/a del Pueblo con el de Defensor/a de NNyA. La persona que ejerza el cargo será designada por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa, tal como marcan la Ley 10.396 de Defensoría del Pueblo y el Dec. 3053/08 que regula el procedimiento de selección de los Defensores y Adjuntos.

Para ser Defensor o Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes el postulante debe tener 30 años, residencia en la provincia e idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los derechos de NNyA. Cuando el Poder Ejecutivo decide elevar una propuesta, debe publicitar ampliamente el nombre del o la candidata para permitir la presentación de observaciones, posturas así como también requerir de opinión a diversas organizaciones. Dicho proceso requiere algo más de 30 días hábiles para luego ser elevado a la Asamblea Legislativa.

Vacante

Desde el mes de mayo del año 2022 el cargo de Defensor/a de NNyA se encuentra vacante. La Defensora Analía Colombo cesó en sus funciones luego de dos mandatos al frente de la institución, el máximo permitido por la Ley. Es decir, que hace más de 8 meses que la provincia no cuenta con una persona que ejerza con exclusividad la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante las instituciones públicas y privadas y la supervisión y auditoría de la aplicación del Sistema de Protección Integral.

“Resulta entonces imperioso que el Gobernador avance en la propuesta de designación del/la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, siendo que es su exclusiva potestad la elección de la persona, con mínimos requisitos y un procedimiento sencillo, que luego será evaluado responsablemente por los Legisladores para su correspondiente acuerdo por la Asamblea Legislativa”, reclamó la diputada del socialismo.

Siete reclamos de las organizaciones feministas

Tras conocerse un comunicado de la ONG católica Grávida, este jueves trascendió el pedido de organizaciones feministas y derechos le hacen al gobierno provincial respecto a esta situación.

Se trata de una nota enviada a Celia Arena, ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe y que está firmada más de 100 de organizaciones de la provincia. En el texto, enumeran la serie de informes que exigen relacionados a las actuaciones previas y posterioresl vinculadas al caso.

En diálogo con AIRE, Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal de Mulalá, explicó que el pedido de informes fue motivado por el primer comunicado oficial que emite la Secretaría de la Niñez donde considera como 'objetora de conciencia' a la ONG Grávida. “Claramente este no es una consideración ni un concepto ni un derecho que tenga una organización de estas características en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”, expresó. “Como organización feminista con trabajo territorial y, especialmente en comunidades vulnerables, estamos alertas y atentas porque la actuación de estas organizaciones antiderechos se suceden en todo el país, más allá del derecho conquistado, como ya sucedió en mayo del 2015 cuando esta organización tuvo una actitud similar en la provincia de Santa Fe", concluyó Sosa. Los siete puntos que reclaman las organizaciones feministas y derechos humanos al gobierno provincial:

• ¿Cuáles fueron las medidas solicitadas por el Ejecutivo provincial al Poder Judicial respecto al accionar de Grávida?
• ¿Cuáles fueron las medidas solicitadas a la Inspección General de Personas Jurídicas?
• Si existen aportes económicos estatales a la ONG Grávida y en qué concepto.
• Si existen contrataciones por parte del Estado provincial de personal o servicios a la ONG Grávida, detalle de las mismas.
• Detalle de las intervenciones de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Ministerio de Desarrollo Social, en este particular.
• Detalle de las intervenciones del Ministerio de Salud, en este particular.
• Detalle de las intervenciones del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, en este particular.