El Estado frente a sus policías: el cambio que reabre el debate sobre la violencia institucional en Santa Fe
La discusión alcanza a los policías denunciados por abusos institucionales y expone distintas miradas sobre las responsabilidades del Estado.
La Legislatura de Santa Fe aprobó una herramienta para defender a policías acusados de violencia institucional.
La defensa legal de los policías investigados por presuntos hechos de violencia institucional podrá tener hacia adelante un nuevo encuadre dentro del sistema judicial de Santa Fe. La Cámara de Diputadas y Diputados sancionó definitivamente este jueves una ley que modifica la estructura del Ministerio Público de la Defensa y habilita la creación de unidades especializadas para intervenir en este tipo de causas.
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El cambio introduce una herramienta institucional que hasta ahora no estaba contemplada de manera expresa en la Ley 13.014: la posibilidad de organizar una defensa pública especializada para integrantes de las fuerzas de seguridad cuando sean investigados por hechos en los que se alegue violencia institucional.
La reforma no establece una defensa automática ni exclusiva para todos los policías que enfrenten una investigación penal. Lo que hace es habilitar a la Defensoría General a crear programas o unidades especiales, con competencia provincial, regional o interregional, y carácter permanente o transitorio, según las necesidades del servicio.
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La diferencia es institucional. Un policía acusado de un delito ya tiene, como cualquier ciudadano, derecho a contar con asistencia jurídica y acceder a la defensa pública si corresponde. La nueva ley incorpora expresamente la posibilidad de organizar equipos especializados para intervenir en causas en las que se investigue a integrantes de las fuerzas de seguridad por presunta violencia institucional.
Impulso del Gobierno provincial y apoyo del Ministerio Público de la Defensa
La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo provincial, que defendió la necesidad de fortalecer la estructura de la Defensa Pública para atender investigaciones penales de mayor complejidad y dar respuesta a situaciones en las que los policías puedan quedar involucrados en causas por violencia institucional.
Antes del tratamiento legislativo, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, rechazó que la propuesta significara otorgar privilegios a los integrantes de las fuerzas de seguridad. El funcionario sostuvo que los policías se encuentran expuestos a denuncias por hechos vinculados con su actividad y que necesitan contar con una asistencia jurídica adecuada durante esos procesos.
"El policía hoy es un sujeto vulnerable jurídicamente", afirmó. También planteó que "sin una defensa adecuada no existe el debido proceso y el policía es un ciudadano de segunda sin derechos".
Cococcioni también respondió a los cuestionamientos sobre un posible sesgo favorable a los efectivos policiales. "Lo que le estamos diciendo es: si tienen algún problema, te garantizamos una defensa pública", expresó entonces.
En ese sentido, la defensora general del Ministerio Público de la Defensa, Estrella Moreno Robinson, también había pedido el acompañamiento legislativo de la iniciativa, aunque con una mirada centrada en el fortalecimiento institucional del organismo.
"Consideramos que la creación de unidades especiales por parte de la Defensoría General es una cuestión importante que nos permitiría contar con ocho defensores públicos que puedan estar haciendo defensas especializadas", explicó. También aclaró que la distribución de esos recursos quedaría bajo la decisión de la Defensoría General, de acuerdo con las necesidades del servicio.
Disidencias en la Legislatura
La iniciativa obtuvo sanción definitiva en la Cámara de Diputadas y Diputados con el voto afirmativo de 34 legisladores y 13 abstenciones, en la última sesión ordinaria. Sin embargo, el tratamiento también expuso diferencias sobre el alcance de la reforma.
El interbloque Juntos Avancemos (Partido Justicialista) optó por la abstención. La diputada Lucila De Ponti explicó que el espacio compartía la necesidad de fortalecer el organismo, pero advirtió sobre aspectos pendientes vinculados con la carrera profesional de sus trabajadores.
"Entendemos que es algo no resuelto, nosotros solicitamos se incorpore una referencia clara que proteja las condiciones laborales", señaló. En ese sentido, aclaró que les parecía una ley que "fortalece la tarea del MPD", aunque consideró que ese objetivo no debía alcanzarse en desmedro de "los derechos adquiridos de los trabajadores".
Por su parte, los tres legisladores del Frente Amplio por la Soberanía también solicitaron abstenerse. El diputado Fabián Palo Oliver aclaró que su posición no implicaba un rechazo al fortalecimiento de la Defensa Pública. "No queremos que se crea que estamos en contra de la Defensa Pública. Entendemos que hay que crear nuevos cargos", sostuvo, aunque advirtió sobre el atraso en el nombramiento de defensores.
La principal diferencia de ese espacio estuvo vinculada con la posibilidad de que el organismo asuma la representación penal de policías denunciados por abusos institucionales. "No compartimos que el MPD pueda tener a cargo la representación penal de funcionarios policiales denunciados por abusos institucionales, es cuestionable que el Estado destine recursos a esa finalidad", planteó Palo Oliver.
Para fundamentar su postura, mencionó como antecedente la "denuncia de la Defensa Pública por presuntos apremios ilegales en la cárcel de Piñero, en marzo de 2024". A partir de ese caso, advirtió sobre una posible contradicción institucional si el mismo organismo debiera intervenir en la defensa de agentes del Servicio Penitenciario acusados de hechos similares.
