Reformas de seguridad en Santa Fe: sin acuerdo en Unidos, el debate en Diputados se postergó una semana

Las diferencias en el oficialismo volvieron a evidenciarse este jueves en la Legislatura de Santa Fe en el marco del proyecto de ley denominado Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, enviado por el Poder Ejecutivo en mayo.

La sesión en la Cámara de Diputados inició cerca de las 16, tras las discusiones que se daban desde la mañana, y fue rápidamente a un cuarto intermedio. Tras cartón, se decidió postergar por una semana el tratamiento de la iniciativa que busca modificar distintas normas vinculadas con la investigación penal, las facultades policiales y fiscales, y el régimen penitenciario.

Semanas atrás, los debates sobre el proyecto estuvieron marcados por las opiniones vertidas por diferentes actores, como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio Público de la Defensa (MPD), además de representantes de los colegios de abogados de Santa Fe y Rosario, asociaciones de especialistas en derecho penal y organizaciones civiles.

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En ese contexto, el oficialismo no logró avanzar con cambios en algunos aspectos del proyecto y dictaminarlo para darle media sanción este jueves, cuando tenía preferencia para su tratamiento.

Los principales cambios que propone la reforma de seguridad en Santa Fe

El proyecto enviado por el Gobierno provincial contempla modificaciones en las herramientas de investigación penal, las atribuciones policiales y fiscales y el régimen penitenciario. Entre los puntos centrales de la iniciativa se encuentran:

• Declaración informativa: restituye esta herramienta para las primeras etapas de una investigación penal.
• Interrogatorio policial: habilita a la Policía a interrogar en instancias iniciales de la investigación.
• Declaración del imputado: elimina la presencia obligatoria del defensor como condición para declarar.
• Juicios en rebeldía: permite continuar el proceso penal cuando el imputado, debidamente notificado, no comparece.
• Exclusión de pruebas: incorpora excepciones a las reglas que determinan cuándo una prueba debe quedar fuera del proceso.
• Allanamientos sin orden judicial: amplía los supuestos en los que se puede ingresar a determinados lugares sin autorización judicial previa.
• Derribo por orden fiscal: habilita la inactivación física de inmuebles vinculados con el microtráfico y otros delitos en situaciones excepcionales.
• Medidas coercitivas por decreto fiscal: permite disponer restricciones que no impliquen privación de la libertad, sujetas a control judicial.
• Procedimiento por decreto penal: crea un mecanismo para resolver casos contravencionales y delitos de bajo impacto sin prisión efectiva.
• Zonas de intervención policial especial: habilita áreas con facultades excepcionales relacionadas con el espacio público y la circulación de personas.
• Régimen penitenciario especial: establece condiciones más restrictivas para internos que ordenen delitos graves desde las cárceles.
• Inteligencia digital y electrónica: incorpora expresamente herramientas de investigación digital y electrónica, sujetas a las autorizaciones judiciales correspondientes.
• Programa de recompensas: amplía las facultades del Ejecutivo para ofrecer recompensas con fines preventivos y de seguridad pública, incluso fuera de investigaciones penales.