Victoria Tolosa Paz, Ayelén Mazzina y Raquel Kelly de Olmos: las tres nuevas ministras del gobierno nacional.
El gobierno nacional metió tres cambios en el gabinete en la recta final del partido que juega hasta diciembre de 2023. Se trata de tres mujeres ministras. Un dato relevante ya que la salida de Elizabeth Gómez Alcorta del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad dejaba a Carla Vizzoti como única ministra de un gobierno que inició con cuatro.
El recambio lo dispara la renuncia de Gómez Alcorta. Al no poder revertirla, el presidente aprovechó la oportunidad para proceder a otros dos cambios que ya estaban previstos y a la espera del momento oportuno: las salidas de Claudio Moroni de Trabajo y Juan Zabaleta de Desarrollo Social.
Estos últimos no se van por un hecho puntual como Gómez Acorta. La salida de Zabaleta obedece a su necesidad de volver a la intendencia de Hurlingham para evitar que quien lo suple, que es de La Cámpora, le “coma” el distrito en las próximas elecciones.
Moroni era el último sobreviviente de los ministros albertistas que el cristinismo tenía en la mira y cuestionaba por sus políticas. Los otros fueron Matías Kulfas, Martín Guzmán, Marcela Losardo, Santiago Cafiero, el secretario Gustavo Béliz, el secretario de Comunicación Juan Pablo Biondi y, antes que todos, la rosarina María Eugenia Bielsa.
En la dinámica de convivencia con fricción permanente con el sector de la vicepresidenta, Alberto Fernández repitió el modus operandi de anteriores crisis de gabinete: respalda a sus ministros, resiste hasta donde puede y finalmente accede al recambio, pero con nombres decididos por él y no por el cristinismo, como ocurrió la mayoría de las veces.
Las que llegan son funcionarias de perfil bajo (en menor medida Victoria Tolosa Paz, que adquirió vuelo en 2021 como cabeza de la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires), propio de un gobierno que está en el último tramo, debilitado y en el que ser ministro ya no da “chapa”. No es sencillo conseguir figuras de primera línea a esta altura del partido, confesaba una fuente de la Casa Rosada el sábado a la tarde, una vez conocida la renuncia de Gómez Alcorta e iniciada la ronda de consultas.
Con respecto a las otras ministras, Raquel Kelly de Olmos asume como ministra de Trabajo. Histórica militante y cuadro profesional del peronismo de la Capital Federal. Es cercana al mundo sindical, en especial a la línea de “Los Gordos” de la CGT y no tanto a los dirigentes más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner. Su pasado menemista para muchos genera desconfianza, pero también fue parte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en terceras y cuartas líneas. Llega a una cartera que tendrá mucho trabajo en el clima de conflicto que arrastra el proceso inflacionario.
Ayelén Mazzina es de San Luis, hasta ahora secretaria de la Mujer y Género del gobierno de Alberto Rodríguez Saá. Es politóloga y tiene 33 años, dato interesante si se lo valora como expresión de ese movimiento de mujeres jóvenes que irrumpió en la escena pública argentina de la última década para motorizar leyes y políticas en materia de género, violencia contras las mujeres y minorías, la ley de interrupción voluntaria del embarazo y otros derechos. De hecho, el ofrecimiento del cargo coincidió con el cierre del 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que hizo en San Luis y que no lo organizó la provincia, porque es autónomo, pero sí fue una pata de apoyo relevante para su concreción. Mazzina viene de un gobierno provincial donde el 95% de los funcionarios carecen de autonomía y la condición es la obediencia al jefe político. Tiene el desafío de conducir una cartera no prioritaria para un gobierno debilitado, endeudado y urgido por remontar.
Mazzina asumirá en reemplazo de Gómez Alcorta. A diferencia de los orgánicos Zavaleta y Moroni, que tenían prevista su salida hace tiempo y se quedaron hasta que el presidente definiera el momento oportuno, la ex ministra pegó el portazo tras el desalojo en las 40 hectáreas de la provincia de Río Negro que la comunidad Lafken Winkul Mapu reivindica como ancestrales y ocupa desde 2017.
“El encarcelamiento, la denegatoria de la excarcelación para todas ellas y aún más a una mujer embarazada de 40 semanas, la incomunicación y el traslado a más de 1.500 kilómetros de su lugar de residencia constituyen violaciones evidentes a los derechos humanos”. Ese es uno de los párrafos de la carta de renuncia de la ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
Lo que detona la renuncia es el papel que jugó el Ministerio de Seguridad, que cruzó una línea límite para los gobiernos kirchneristas.
En cuanto al conflicto en sí mismo, que lleva varios años, su capilaridad es mucho más profunda de la que se puede percibir en los títulos periodísticos. En las provincias patagónicas se titularizaron enromes cantidades de tierras de acuerdo a lo que manda ley, algunas como propiedad comunitaria para vivir, otras por ser tierras sagradas y otras para explotación comercial, como el complejo Moquehue en Villa Pehuenia, Neuquén. Lo que nunca puede ser negociable es el imperio de la Constitución Nacional, sea cual fuere el grupo poblacional. Y eso parece estar en juego con algún grupo muy minoritario pero que provoca hechos de alta repercusión pública.
Con respecto al desalojo, la Justicia mostró una vez más su doble vara y su clasismo: dura con etnias mapuches, para las que cabe prisión preventiva efectiva (inclusive para mujeres en fecha de parto o en periodo de lactancia), incomunicación y lo incomprensible e inadmisible: el traslado a la cárcel de Ezeiza, al otro lado del país, sin siquiera notificar a sus defensas.
El Ministerio de Seguridad nacional se ampara en que obedeció una orden judicial. Un argumento demasiado infantil para un ministro de la experiencia de Aníbal Fernández. Por algún motivo se puso al hombro un traslado aéreo de 1.500 kilómetros a una cárcel donde no hay plazas para narcos santafesinos con condena, pero sí para un puñado de mujeres que ocupaban un terreno.
Para encontrar un traslado de esas características hay que remontarse a cuando llevaron a Guille Cantero, líder de Los Monos, a las cárceles de Rawson y Resistencia para aislarlo de sus redes de colaboradores porque no paraba de ordenar crímenes y balaceras.
Fue tan desproporcionado el accionar judicial con las mujeres de Villa Mascardi que no debería descartarse que las autoridades hayan usado a esas mujeres con pretensión aleccionadora. Ante el escándalo y el habeas corpus promovido por el CELS, la jueza federal Silvina Domínguez, cuatro días más tarde, dio marcha atrás y ordenó regresar las detenidas a Bariloche y excarcelar a las madres con niños.
Río Negro es la misma provincia donde la Justicia tardó 17 años para ordenar que se abra un camino público al lago Escondido que bloqueó el millonario inglés Joe Lewis en una causa en la que pasaron ¡25 jueces! Los intereses económicos en esa región privilegiada son la única razón por la que “los mapuches” están hace unos años en el tope de agenda de algunos medios nacionales y se llega al despropósito protagonizado por Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto de parangonarlos con una organización terrorista que amenaza la soberanía nacional.
Todo resultó en pérdida para un gobierno nacional presionado, en primer lugar, por el accionar de grupos mapuches que recurren a la violencia; en segundo lugar por el gobierno de Río Negro, que se victimiza y exige fuerzas federales para resolver problemas de índole local; y en tercer lugar, por el macrismo y sus aliados halcones, que proyectan en esos grupos minoritarios la amenaza al orden social y la soberanía.
Si bien a diferencia de 2017 el desalojo se cumplió sin violencia letal, las acciones siguientes del Ministerio de Seguridad pusieron al gobierno en contradicción con parte de su base electoral y derivaron en una renuncia y recambio ampliado de gabinete. Y eso que todavía no habló del caso la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
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