Este martes desde las 14 se desarrolló el primer acto oficial en el marco de la institucionalización del programa Santa Fe + Justicia, formalizado en marzo de este año con el objetivo de facilitar el acceso a la Justicia para toda la población. Estuvieron presentes el gobernador Omar Perotti, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia y los ministros de la Corte Suprema (que actualmente es presidida por el juez Roberto Falistocco).
El gobernador Omar Perotti junto al actual presidente de la Corte, Roberto Falistocco.
También participaron el secretario de la Corte, Eduardo Bordas, el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre y el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías. Además, participan de forma virtual los representantes de los cinco colegios de abogados de la provincia, de las cuatro facultades de Derecho santafesinas, del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, de los colegios de procuradores de Santa Fe y Rosario, del Colegio de Magistrados del Poder Judicial, senadores y diputados provinciales.
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Programa Santa Fe + Justicia
El acuerdo incluye a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público de la Acusación (MPA); al Servicio Público Provincial de Defensa Penal; la Federación de los Colegios de Abogados; Colegios de Procuradores de la Provincia de Santa Fe; Colegio de Magistrados; las facultades de Derecho de las universidades Nacional del Litoral y Nacional de Rosario, de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Universidad Católica Argentina de Rosario; el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe; y las cámaras de Diputados y Senadores de la provincia.
El acta firmada en ocasión de la apertura del año judicial, define una serie de acciones para lograr los objetivos, que propone el programa Santa Fe + Justicia, a través del cual el Estado procure todas las soluciones posibles para aquellos sectores en condiciones de vulnerabilidad, sin posibilidad de acercamiento y conexión a las áreas de justicia formal.
En este sentido, el primer punto del acuerdo refiere a la informatización y digitalización del Poder Judicial. El segundo aspecto del acuerdo está referido a la información ciudadana. El tercer ítem apunta al abordaje del mapa judicial, desafío que plantea la necesidad de valorizar y atribuir una mayor competencia a los Juzgados Comunitarios de Pequeñas causas.
Los desafíos procesales que se presentan requerirán de consenso para avanzar hacia nuevas normas, que demanda la ciudadanía en su conjunto, tales como código para consumidores; código electoral y otro que consolide los procesos constitucionales; y el Código Procesal Penal Juvenil, Ley de Ejecución Penal, y una Ley de Víctimas de delitos atendiendo la perspectiva de género.
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