Una presentación realizada ante la Justicia por la delegación rosarina del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de Santa Fe advierte sobre detenciones arbitrarias de la policía de Santa Fe. Sostiene que la mayoría de las detenciones se produce a personas en situación de calle y que de los demorados ninguno tenía una captura activa o fue finalmente imputado de algún delito.
Esta semana, el gobierno de Santa Fe informó que la Justicia provincial rechazó un habeas corpus preventivo, interpuesto por el Servicio Público de la Defensa Penal, con relación al caso de un hombre que fue demorado y trasladado por la Policía de Santa Fe a dependencia policial en cinco oportunidades desde el pasado 1 de julio.
En dicha comunicación, el Ejecutivo santafesino precisó que esto se da en el marco de las nuevas facultades adquiridas por el personal de la Policía de Santa Fe para incrementar las identificaciones de personas que circulen por la vía pública -que se resisten a ser identificadas en algunos casos-, con el objetivo de reducir los índices de delitos predatorios tales como robos, hurtos y arrebatos.
A partir de las reformas impulsadas por gobierno en el Código Procesal Penal y, sancionadas en diciembre pasado por la Legislatura provincial, el artículo 10 Bis de la modificada Ley 14.258 establece que “podrán ser demorados en el lugar o en dependencia policial hasta tanto se constate su identidad, cuando hubiere sospecha o indicios ciertos respecto de personas que pudieran relacionarse con la preparación o comisión de un hecho ilícito, o por resistencia a ser identificado en la vía pública”. Y además especifica que “la demora no podrá exceder las seis horas corridas”.
Sin embargo, desde el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal salieron a advertir sobre la arbitrariedad de las detenciones, a las que calificaron de “ilegal, ineficiente y discriminatoria”.
Mediante una presentación realizada ante la Justicia, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal señala que desde el pasado mes de julio, el Ministerio de Seguridad viene implementado una política pública consistente en la “masiva realización de demoras y traslados de personas” mediante la aplicación del artículo 10 bis de la ley 7395 (Ley Orgánica de Policía recientemente reformado por la ley 14.258). “En resumidas cuentas, la política consiste en detener a muchas personas sin más requisitos que el llamado olfato policial”, denunciaron, a la vez que alertaron que “los destinatarios de estas demoras y traslados son, en su mayoría, personas en situación de calle y trabajadores informales bajo la justificación de que no tienen DNI para acreditar su identidad”.
Ante esta situación, el Servicio Público Provincial de Defensa Penal realizó un relevamiento de la cantidad de personas que son “demoradas y/o trasladadas a comisarías” por personal policial en virtud de dicha política. También se relevaron, las condiciones en las cuales se mantienen esas privaciones de libertad, los motivos alegados para realizarlas y la duración de estas demoras.
“Renace nuevamente la discusión sobre la legalidad de estas facultades policiales de detención sin orden judicial. Esto ya ha sido discutido en innumerables ocasiones y es preocupante su mantenimiento, puesto que los tribunales internacionales vienen reclamando a Argentina su eliminación y su regulación ajustada a las normas convencionales que rigen la materia”, destacan desde el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.
El relevamiento realizado por la defensa pública da cuenta que de un total de 1015 demoras realizadas solamente en la ciudad de Rosario en el período que va del 1 de julio al 11 de agosto, en ningún caso ha tenido luego una actuación judicial. “Es decir, y para ser claros, de los demorados ninguno tenía una captura activa o fue finalmente imputado de algún delito”, aseguran.
Por otro lado, del trabajo realizado se desprende que el 30% de los demorados son personas en situación de calle. “Esto demuestra, además de su ilegalidad y su ineficiencia, el claro sesgo discriminatorio de esta política puesto que no se detienen a todas las personas por igual, sino que se detiene particularmente a las personas en situación de calle por su condición”, advierten.
Según la defensoría pública, además, se incumple con la ley 27.654 (personas en situación de calle y familia sin techo) que en su art. 8 prohíbe expresamente la detención de personas en situación de calle por su sola condición, cuando claramente menciona que “el Estado debe procurar evitar el uso coercitivo de la fuerza pública, para ello debe agotar todas las instancias de articulación de las acciones y medidas asistenciales establecidas en los capítulos III y IV de la presente ley”.
Al respecto, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal expresa que “estas articulaciones normadas parecen no surtir efectos dada los traslados a las comisarías que se producen hacia las personas en situación de calle. Cuando es obligación del Estado realizar acciones positivas para la tramitación gratuita de todos los documentos necesarios para acreditar la identidad personal, y no lo contrario, que es demorar o detener por no tener justamente su identificación”.
“La falta de eficacia se puede ver, además, cuando observamos que del total de demorados, en un porcentaje del 17, 2, lo son en más de una oportunidad (nos referimos en al menos dos oportunidades y quienes fueron detenidos hasta en cinco oportunidades)”, advierte la defensoría, y agrega que “este dato revela no solo la falta de eficacia, que de por sí se refleja en la inutilidad de volver a trasladar a quien ya se ha verificado que no tiene requerimientos judiciales pendientes, sino que además muestra el carácter discriminatorio de la medida”.
En la misma dirección, sostienen que la medida “no va dirigida a la población en general, sino a un sector estereotipado como destinatario de estos traslados. Como dijimos, principalmente, las personas en situación de calle. Pero también, un colectivo de trabajadores informales a quienes se les impide concurrir a su trabajo”.
Por último, la defensoría mencionó que se han tomado entrevistas en las comisarías con personas demoradas y que muchas de ellas aducen estar yendo camino a su trabajo y por carecer de DNI encima son llevados detenidos, perdiendo así los premios, y peculio correspondiente a la jornada laboral o descuento de haberes. Otros en el mismo sentido manifiestan que están haciendo “changas” y las horas de demora en la comisaría les implica que no puedan realizar el trabajo ni obtener su pago.
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