La Comisión de Acusación, acreditó que, en fechas indeterminadas, pero que se ubican entre los días 26 de diciembre de 2019 y 9 de febrero de 2023, el citado magistrado, quien a ese tiempo revestía el cargo de secretario federal del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 2 de San Isidro, ingresó en 19 oportunidades a la caja de seguridad nº 8-44 de la sucursal San Isidro del Banco de la Nación Argentina y sustrajo 144 monedas de oro secuestradas en el marco de una investigación judicial, sobre las cuales él tenía deber de resguardo. Ello, por fuera de las obligaciones demandadas e incluso encontrándose de licencia en alguna oportunidad, sin que tales accesos estuvieran justificados en el expediente en el marco del cual se incautaron-.
Consejo de la Magistratura de la Nación2
La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, por unanimidad, decidió elevar a consideración de su plenario el dictamen que propone la elevación al jurado de enjuiciamiento al juez federal Martín Poderti.
LEER MÁS ► Diputados tratará fondos para universidades y el Hospital Garrahan tras el veto de Javier Milei
También se tuvo en cuenta que por esos hechos se encuentra procesado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n°1 de San Martín (confirmado por la Cámara Federal de San Martín), por resultar “prima facie” autor penalmente responsable del delito de malversación de caudales públicos (arts. 45 y 261 -1er. párrafo- del CP, y art. 306 del CPPN) y en el que se le dictó un embargo por la suma de ciento noventa millones de pesos ($190.000.000). Ese caso, ya se encuentra en etapa de juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 3 de San Martín.
Se rechazaron las múltiples y disimiles explicaciones que el juez Poderti ensayó para desligarse de la imputación dirigida. También se rechazó la defensa formal que efectuó, relacionada con que el hecho que se le atribuye lo habría cometido cuando era secretario y no juez, por lo cual se lo debería haber, a todo evento, sancionado administrativamente como secretario. Allí, la Comisión de Acusación recordó su pacífica jurisprudencia y del jurado de enjuiciamiento, en cuanto a que debía determinarse si los hechos imputados habían sido evaluados por el Senado al momento de asignarle acuerdo para ser juez. Si esos hechos hubiesen sido evaluados, el Consejo ni el jurado podrían avanzar, puesto que ello importaría un avance sobre otro Poder del Estado. En caso contrario, como el presente, sí.
Sobre el punto, se indicó “la intención del Senado fue institucionalizar a un juez según la manda constitucional, pero no aprobar su mérito profesional, ni su conducta en este expediente, dado que ello era desconocido por aquél honorable cuerpo. Es que, simplemente, no era factible de ser conocido por ese Cuerpo la sustracción de 144 de oro confiadas en guarda a Poderti en su rol de secretario federal, pues a esa fecha ni siquiera había sido detectado tal faltante, cuya diligencia a efectos de entregar los valores allí contenidos se efectivizó recién el día 9 de abril de 2024”.
Consejo de la Magistratura de la Nación3
Para la elevación del caso al jurado de enjuiciamiento y su suspensión hasta que finalice ese proceso, se requiere una mayoría especial de 2/3 de los miembros presentes de todo el Cuerpo en reunión Plenaria.
LEER MÁS ► El gobierno de Axel Kicillof analiza realizar una denuncia penal por las tareas de espionaje de la SIDE sobre opositores
Para la elevación del caso al jurado de enjuiciamiento y su suspensión hasta que finalice ese proceso, se requiere una mayoría especial de 2/3 de los miembros presentes de todo el Cuerpo en reunión Plenaria.
Para la propuesta de suspensión, se señaló: “Este Consejo asume la trascendencia y gravedad institucional de la decisión que habrá de tomar, cual es la apertura del procedimiento de remoción, suspensión y acusación ante el jurado de magistrados del doctor Martín Luciano Poderti, señalando que dicho temperamento se adopta en resguardo de la administración de justicia”.
"Obsérvese, sobre el punto, que quien se encuentra dotado de una alta investidura estatal para juzgar actualmente a otros ciudadanos por conductas ilícitas, como puede ser un robo, resultaría ser, paradójicamente, un ladrón. En ese contexto, deviene imprescindible ordenar la inmediata suspensión del juez en la inteligencia de que todas las imputaciones formuladas guardan relación directa con su actuación funcional. Ello, en la inteligencia de que todas las imputaciones formuladas revisten una gravedad tal que pueden derivar en posibles pedidos de recusación en su labor como magistrado, planteos de nulidad, entre otras cuestiones de peso que conspiran contra la correcta administración de justicia o el éxito de este procedimiento disciplinario".
