Por qué condenaron a Guillermo Moreno: los motivos por los que no podrá ser funcionario público
La Corte Suprema confirmó las condenas que inhabilitan al exsecretario de Comercio Interior y desató reacciones de dirigentes y especialistas.
Guillermo Moreno quedó inhabilitado para ocupar cargos públicos tras la decisión de la Corte Suprema.
La Corte Suprema de Justicia confirmó este miércoles las dos condenas que pesan sobre Guillermo Moreno, lo que lo inhabilita para ejercer cargos públicos. Los fallos ratificados corresponden a la causa por la compra de cotillón contra el Grupo Clarín y al expediente por amenazas durante una asamblea de Papel Prensa. Ahora, un tribunal deberá unificar las penas y notificar formalmente al exfuncionario.
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Por qué Guillermo Moreno ya no podrá ser funcionario público
La sentencia por el “cotillón anti-Clarín” incluyó dos años y seis meses de prisión en suspenso y la inhabilitación absoluta y perpetua. La investigación determinó que Moreno utilizó fondos públicos para adquirir gigantografías, stickers, banderas y globos con consignas contra el grupo mediático entre 2011 y 2013. En 2017, el Tribunal Oral Federal 7 lo condenó, y la Cámara de Casación Penal confirmó la pena en 2019.
En el caso Papel Prensa, Moreno exhibió guantes de boxeo y un casco de sparring durante una asamblea de accionistas en 2010, mientras amenazaba con impedir la votación de miembros de la comisión fiscalizadora. Por estos hechos, recibió dos años de prisión en suspenso y seis meses de inhabilitación, sanción que la Corte ahora ratificó al rechazar los recursos presentados por su defensa.
Los materiales con consignas contra el Grupo Clarín fueron adquiridos con fondos públicos entre 2011 y 2013.
Tras la confirmación de las condenas, Juan Grabois expresó su desacuerdo en redes sociales. Calificó la decisión como “un nuevo acto de proscripción política” y denunció que se trató de “la segunda pena de muerte civil contra un peronista que decreta este año el triángulo de escribas”.
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Además, Moreno enfrenta otra condena por manipulación de datos del INDEC entre 2006 y 2007, que le impuso tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación por abuso de autoridad y destrucción de registros públicos. Este expediente aún espera resolución definitiva del Máximo Tribunal.