La decisión del Gobierno de avanzar con una reforma del sistema de inteligencia nacional mediante decreto generó un fuerte rechazo en la oposición, que denunció riesgos institucionales y advirtió sobre una posible legalización del espionaje interno. El eje del conflicto es el DNU 941/2025, que redefine las funciones de la SIDE y amplía sus facultades operativas, incluyendo la posibilidad de intervenir en situaciones de flagrancia y el carácter reservado de todas sus actividades.
La oposición rechazó la reforma de la SIDE por decreto y denunció la creación de una “policía política”
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Desde distintos espacios políticos señalaron que el decreto debilita los controles civiles sobre los organismos de inteligencia y habilita prácticas propias de un Estado policial. Referentes del kirchnerismo, el radicalismo, el socialismo y la Coalición Cívica coincidieron en que la norma avanza sin debate parlamentario sobre un área considerada estratégica y sensible para la democracia.
Especialistas y dirigentes opositores sostienen que la definición ambigua de amenazas a la seguridad nacional podría abrir la puerta a tareas de seguimiento político, afectando a opositores, dirigentes sociales y periodistas. También cuestionaron la reconfiguración de los mecanismos de supervisión, que limitaría la intervención del Congreso.
La discusión ahora se trasladará al plano institucional. La Comisión Bicameral de Inteligencia prevé solicitar informes al Poder Ejecutivo para conocer el alcance real de la reforma y evaluar su legalidad.
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Mientras algunos bloques reclaman el tratamiento inmediato del decreto en ambas cámaras para avanzar con su rechazo, otros sectores mantienen una posición expectante y analizan el impacto de los cambios introducidos. En ese escenario, el debate sobre el rol de la SIDE y los límites del uso de los DNU promete escalar en el inicio del año legislativo.
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